El Gobierno ya mostró las cartas. Dejó reposar dos meses el embate para reformar las jubilaciones de regímenes especiales y volvió a la carga la última semana apurando al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a que fije una agenda urgente con reuniones exprés para tener la media sanción antes de que el presidente Alberto Fernández vaya al recinto a inaugurar el período de sesiones ordinarias, el próximo domingo.

Los magistrados y los empleados judiciales respondieron con críticas. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que lidera Julio Piumato, señaló que "la solidaridad que demanda esta etapa, no puede ser motivo para cercenar derechos". La declaración tiene un trasfondo de interés sectorial. La última versión de la ley que defenderá el Gobierno incluye en el alcance de los nuevos aportes y jubilaciones a los prosecretarios no letrados de la Corte que están afiliados a su gremio.

En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional hizo una seguidilla de comunicaciones en la que plantea su postura crítica, pero deja picando el tiro por elevación a la Corte Suprema de Justicia. Primero, cuando en el comunicado del 17 de febrero señala que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo "se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación" y pide y "la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados". Y tres días después, cuando apela a que se "requiere de un Poder Judicial realmente independiente como garante de sus derechos".

El silencio de la Corte

Los llamados al posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia no tuvieron eco público. El Tribunal que encabeza Carlos Rosenkrantz está atravesado por dos elementos más que rodean el debate: la modificación de la ley no los incumbe y el Gobierno nacional tiene presente que el alto tribunal cuenta con un Fondo Anticíclico creado en 2008 y que, según trascendió, a 2018 estaba compuesto por unos 15.000 millones de pesos. Esos fondos siguieron acumulándose en la cuenta abierta en el Banco de la Nación Argentina.

La acordada de la Corte Suprema que creó el Fondo Anticíclico es de 2008

El proyecto que presentó el Gobierno tiene varios cambios a la ley actual:

* Aumenta en forma gradual la edad jubilatoria de los magistrados hasta llegar a los 65 años en 2025.

* Modifica el haber que en lugar de calcularse como el 82% móvil del último sueldo se toma con el promedio de los últimos 10 años.

* También incrementa el aporte que pasa del 11% al 18%.

* Ninguno de los cinco miembros de la Corte - Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti- están alcanzados por la letra de la iniciativa.

Los miembros de la Corte Suprema están en el inicio y en el final de la cadena de decisiones: en el principio como instancia de consulta y allí entra la variante acerca de si el Fondo Anticíclico podría utilizarse como cámara de compensación para la transición y evitar que el aumento de aportes recaiga en forma completa en el sueldo de los magistrados, tal como está previsto e la modificación de la ley 24.018. Quienes apuntalan esa chance creen que podría tomar un 3% de ese fondo. Es probable que así suceda, de acuerdo al tenor de las conversaciones de los supremos directamente con Alberto Fernández.

En caso de que se planteen recursos de inconstitucionalidad basados en la intangibilidad de remuneraciones como establece el artículo 110 de la Constitución Nacional, los casos deberán ser tratados por el alto tribunal. "Si va a haber reclamos sobre la constitucionalidad de la ley, no parece conveniente que la Corte esté alcanzada, ¿no?", contestan con picardía desde el cuarto piso de Tribunales.

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