Las cuentas fiscales del primer trimestre de 2019 expresan una aceleración impresionante del ajuste. Las últimas medidas adoptadas para cumplir la meta de superávit primario, ordenado por el FMI, como condición para el otorgamiento del mayor préstamo de su historia, tuvieron el lógico efecto esperado y bloquean cualquier posibilidad de recuperación de la economía durante este año. Pero lo más grave es que operan en sentido inverso al declarado por el gobierno en términos de impacto inflacionario y comprometen gravemente el futuro.

El ajuste implicó, por ejemplo, que la inversión del sector púbico nacional en educación bajara de $2.316 millones en marzo de 2018 a tan solo $ 699 millones en el mes pasado. Eso, sin contar la desvalorización de esos recursos por efecto de la inflación.

En términos reales, el Gobierno destinó en el último mes a educación menos de una quita parte de los recursos que volcaba hace apenas un año. Así, el rubro pasó a ser la partida del presupuesto de gastos de capital más disminuida y cayó su participación en el gasto total primario del 1,1% a apenas el 0,25%. La diferencia, en el actual modelo, se orienta básicamente a pagar deuda externa, asumida para gastos corrientes y, sobre todo, para facilitar la fuga de capitales.

Las medidas aplicadas para mejorar el resultado fiscal deterioran brutalmente la competitividad real (no cambiaria) de la economía nacional. Las principales, desde el costado de los gastos, son los recortes de subsidios energéticos y la contracción general de gastos generales primarios orientados a los sectores con menor capacidad de lobby corporativo, asalariados y jubilados. Y, desde el lado de los ingresos, el aumento de ingresos a través de las mayores cargas impositivas sobre los combustibles y, en especial, de las exportaciones que, además de las retenciones, también han sufrido la quita de reintegros.

Si el Gobierno realmente busca revertir el proceso inflacionario, no debería perjudicar a los sectores exportadores

Si realmente el gobierno buscara revertir el proceso inflacionario y promover un crecimiento sustentable, no debería perjudicar a los exportadores que no cuentan con ventajas comparativas por la explotación de recursos naturales. La dinamización de estas últimas debería ser el foco central de las políticas económicas para darle sustentabilidad al crecimiento económico y estabilizar la economía. Por el contrario, las políticas actuales degradan la capacidad productiva y, por lo tanto, incrementan la dependencia externa de importaciones. Haber facilitado la fuga de capitales, con endeudamiento a través del sector público, sumado a las políticas que empeoran el frente externo, agravan el desequilibrio de balanza de pagos que Argentina sufre de forma crónica. Esa es la principal razón que explica que la inflación, a nivel interanual, haya subido 32 puntos desde que Cambiemos asumió (según el IPC Congreso, en noviembre de 2015, la inflación era de 25% y, en base al INDEC y considerando que en abril estará en torno del 4%, está llegando al 57%). El vínculo es sencillo: en la medida que el desequilibrio externo se incrementa y existe la perspectiva de que no va a poder resolverse, la presión de demanda sobre el dólar aumenta y eso repercute directamente sobre la gran mayoría de los precios. Con la mayor dolarización de los combustibles y las tarifas, el fenómeno cada vez es más agresivo. Esa inestabilidad, a la vez, repercute en las pobres decisiones de inversión productivas y en la caída del poder adquisitivo interno, principal motor de la demanda local.

En el medio del desconcierto por la insistencia oficial y de los economistas del establishment que repiten que el gran problema local es fiscal, las políticas que agudizan el problema externo pueden pasar desapercibidas. Así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas pudo presentar un resumen del saldo de las cuentas del sector público nacional donde el escabroso dato de desfinanciamiento de la educación no fue tenido en cuenta por los grandes medios de comunicación. En general, se destacó que la nación alcanzó un superávit fiscal primario (sin computar el pago de intereses), en el primer trimestre de 2019, de $10.347 millones, dejando en un segundo plano el dato más importante: que el déficit total de la administración pública nacional trepó a $114.782 millones y, como porcentaje del PBI, quedó prácticamente igual que en el mismo trimestre de 2018. Lamentablemente, ni siquiera el superávit fiscal primario es sustentable. En un todo (y mucho más) se debió al enorme incremento del peso de las retenciones. En el primer trimestre de 2018 habían generado recursos por $8.764 millones y, en igual período de este año, treparon a $50.500.

O sea, el gobierno complica al sector que debería dinamizar la generación de dólares genuinos para pagar las deudas que está tomando y, mientras tanto, también comprime la inversión en educación y la demanda interna. Todo al revés de lo que deberían hacer para impulsar la economía, como hacen los países desarrollados o en proceso de serlo cuando atraviesan una crisis. En definitiva, son políticas cortoplacistas, a favor del negocio financiero, que dificultan en gran medida las posibilidades futuras de desarrollo.