Mientras que la caída del empleo en el peor momento de la crisis Covid-19 fue del 19% en el mercado nacional registrado, en los jóvenes informales llegó al 48%.

Amortiguar ese fenómeno en pandemia “demanda de Estados presentes y activos”, revelan algunos especialistas.

En efecto, años antes del estallido sanitario mundial, ya se hablaba de una “Generación Perdida” por la falta de trabajo en toda la región (ver video). En la Argentina, Coronavirus mediante, la desocupación en jóvenes de 18 a 30 años creció 6%, pasando del 20% en el primer trimestre 2020 a un 26% durante abril, mayo y junio, el período más crítico de la crisis.

Mientras que dentro de la población adulta (entre 31 y 65 años) la tasa fue menor con un pico de 10% en el segundo trimestre. De los 3.900.000 de puestos de trabajo perdidos en el país, 1.300.000 corresponden a jóvenes de entre 18 y 30 años.

Léase, un tercio de los empleos perdidos afectó a personas jóvenes que totalizaron 560.000.

Las estimaciones de organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) dan cuenta que la población joven que ni trabaja, ni estudia en América Latina es del 21%.

Y en su último informe el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) remarcó que la desocupación juvenil tiene mayores tasas que los adultos y que incluso las mujeres sufren desventajas frente a los varones.

De esta manera analizó ese centro, un consorcio de cooperación conformado por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la Universidad Nacional de Hurlingham, cuyo director es Matias Barroetaveña evaluó la evolución de la crisis, las medidas oficiales y su impacto.

Analgésicos

En la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, el Gobierno Nacional decidió políticas de contención de empleo y ayuda social como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recordó el CEM.

El IFE fue una de las políticas más importantes por su alcance y abarcó así en sus beneficiarios al 28% de jóvenes entre 18 y 24 años.

Con su desarticulación, el Gobierno lanzó programas como el “Potenciar Inclusión Joven” del Ministerio de Desarrollo Social y las becas Manuel Belgrano del Ministerio de Educación.

“Ambos se plantean con una lógica asistencialista, de contención o promoción educativa/formativa y no como políticas activas de empleo”, remarcaron los investigadores.

Ante la Asamblea Legislativa días atrás el Presidente Alberto Fernández anunció un programa para jóvenes entre 18 y 24 años sobre prácticas laborales e inserciones formales en micro, pequeñas y medianas empresas, pasos oficiales en un camino inevitable para sanar económica  y socialmente al país.

Labor con barreras

Se considera que las transiciones entre educación y trabajo presentan dificultades y barreras que los jóvenes se ven obligados a enfrentar al querer ingresar al mercado laboral. Incluídas las elevadas tasas de desempleo e informalidad juvenil, con expresión concreta en bajos salarios, índices elevados de pobreza, inestabilidad laboral y desprotección social.

Pese a todo el sistema educativo y el mercado de trabajo se constituyen como los dos ámbitos principales para la inclusión social de los jóvenes. “Desde allí corresponde ponderar las herramientas que ha puesto a disposición el Estado para hacer frente a tal deterioro”, evaluó el CEM. En políticas educativas, la extensión de la obligatoriedad hasta el fin del nivel secundario (ley de Educación Nacional 26.206), la promulgación de la ley de Educación Técnico Profesional (Ley 26.058), Asignación Universal por Hijo (AUH) y las becas Progresar son recursos claves en los últimos años, consideró Barroetaveña a este diario.

“Las becas Progresar desde 2014, han sido un pilar determinante para robustecer las trayectorias educativas de los jóvenes y garantizar su derecho a la educación. Orientadas tanto a la educación secundaria como al nivel superior, ha permitido a jóvenes de entre 18 y 24 años de sectores más vulnerables, vía transferencia monetaria, proseguir con su formación educativa y profesional ampliando las posibilidades de inserción en el mercado laboral”, explicaron desde el CEM.

Si de "grieta" se trata los datos no dejan lugar a subjetividades: En 2015 se registraron 724.439 jóvenes, 816.006 en 2016, 776.668 en 2017 y en 2019 sólo 423.926.

Fue una caída del 48% en la cobertura del programa respecto a 2016 y del 42% sobre 2015. La misma se explica desde la pérdida de valor real del incentivo monetario de las becas sobre un contexto de inflación sostenida y ajuste fiscal.

Más por más

En cuanto a las políticas de empleo el programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” (JMyMT), por cobertura y alcance es una de las propuestas más integrales para esta franja hetárea.

El mismo ofrece ofrece formación profesional, prácticas laborales y financiar emprendimientos para jóvenes de 18 a 24 años desocupados y que no hayan finalizado el secundario.

Entre 2008 y 2020, 2.200.000 de jóvenes pasaron por el JMyMT, sin embargo hay una sostenida caída anual de beneficiarios a partir del pico alcanzado en 2011 que tuvo 317.000 jóvenes alcanzando un piso de 96.000 en 2016, para luego rebotar a 225.000 en 2018 y bajar a 202.000 en 2019, coincidiendo con el aumento del desempleo juvenil en la Argentina.

A la hora de “motores potentes” en el JmyMT se destacan las “Acciones de Entrenamiento para el Trabajo” (EPT), un financiamiento a las empresas para entrenar a jóvenes en diferentes puestos con la posibilidad de que, a posteriori, puedan ser incorporados a la planta sin relación laboral entre ambas partes sino “un acuerdo de entrenamiento”.

En tanto el “Programa de Inserción Laboral” (PIL) brinda incentivos económicos a las empresas para que contraten formalmente a los participantes del JMyMT, entre otras poblaciones priorizadas. Las empresas reciben ayuda económica del Ministerio de Trabajo para cubrir salarios y asumen completar la diferencia en sueldos de acuerdo al Convenio Colectivo correspondiente a su rama de actividad.

Fuera del sistema

La significativa incidencia de la informalidad dentro de los trabajadores jóvenes es una de las principales razones que explican el fuerte deterioro de sus condiciones laborales. Ellos fueron el segmento más golpeado por la crisis sanitaria todavía en final abierto.

Mientras que la tasa de informalidad laboral de los asalariados adultos (31-65 años) se ubicaba en el 29%, la informalidad juvenil (18-30 años) alcanzaba el 51%, y en el segmento 18-24 años un 64% de informalidad.

En el pico de la pandemia edición 2020 el total de empleos informales perdidos era de 2.200.000, la mitad estaban ocupados por jóvenes (950.000). “Estos datos ponen en cuestionamiento la narrativa ligada a que una mayor flexibilización laboral redundaría en una preservación de los puestos de trabajo ya que los únicos empleos que pudieron sostenerse bajo Covid-19 son trabajo asalariado registrado, con normativa laboral y regidos por los convenios colectivos de trabajo”.

La medicina oficial para esta situación estuvo en el Programa ATP y otras medidas.

Proporción directa

La elevada proporción de jóvenes empleados en las ramas de actividad económica más golpeadas por la pandemia explica tal sangría. No solo por efecto del aislamiento social, sino por sus elevados niveles de informalidad. Comercio, con el 25% de los jóvenes ocupados en esa rama, hotelería y gastronomía (11%), construcción (9% mayormente varones) y servicio doméstico (8%, mayoría de mujeres) lo grafican.

Durante la pandemia estas actividades mermaron su dinámica y la disminución de empleados jóvenes comparando el primer y segundo trimestre 2020 ofrece proporción directa, a saber: Servicio doméstico 60%, hotelería y gastronomía 57%, construcción 55% y Comercio un 43%.

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