Apenas el Gobierno publicó el miércoles de la última semana su primera regulación vinculada a la administración comercial externa, la difusión masiva de opiniones en contra de la resolución se multiplicó.

Los cambios administrativos implementados por el Ministerio de Desarrollo Productivo fueron, básicamente, el acortamiento del plazo de validez de las Licencias No Automáticas de Importación (de 180 días a 90 días) desde su aprobación y el aumento de la cantidad de posiciones arancelarias afectadas. Pasaron de 2.011 a 2.290 sobre un total de 9.330 posiciones que posee la estructura del Nomenclatura del Mercosur (a nivel del sistema de administración local, es más complejo su contabilización pero, dado que el sistema de clasificación es más abierto y hay posiciones excluidas, la incidencia del régimen es inferior). En definitiva, el universo libre de regulación por licencias no automáticas fue comprimido en alrededor de un 3%. Y, en relación a la reducción del plazo de validez de los certificados, la resolución oficial aclaró que podrá ser prorrogado, a solicitud del interesado, con al menos 15 días de antelación a su vencimiento y con razones fundadas.

No parecen cambios tan significativos como para haber generado tanta repercusión. Es evidente que es un área muy sensible y que lo que más debió haber preocupado a los operadores comerciales y opositores a cualquier regulación pública que no implique mayor endeudamiento público o subas de tasas de interés tuvo que haber sido el punto de inflexión que implicó la medida. Después de cuatro años de reformas direccionadas hacia una mayor apertura comercial, políticas específicas que pueden llegar a implicar una simplicidad menor para importar y más participación pública en el direccionamiento de la actividad económica generaron esa reacción.

Lo lamentable de esas expresiones es lo que soslayan sistemáticamente y su pobre respaldo empírico. Parece que el análisis de las herramientas de regulación que los países desarrollados aplicaron para alcanzar la más avanzada capacidad tecnológica y un mejor nivel de vida general de su población no tiene relevancia. También omiten los estudios de todo tipo de medidas de protección que esos países desarrollados siguen empleando en forma estratégica en los sectores donde son menos competitivos. Se trata de rubros que tienen costos considerablemente más elevados que los de los países más atrasados o que por motivos ambientales, geopolíticos o de organización territorial prefieren no competir libremente. Los casos más destacados son los vinculados a la explotación de recursos naturales y al mercado laboral. Pero también intervienen con gran intensidad con enormes inversiones públicas en el desarrollo de sus sistemas científico-tecnológicos que posteriormente son usufructuados por el sector privado. Por caso, Internet nació de un proyecto militar de Estados Unidos, al igual que el GPS.

A su vez, a pesar de que es central observar cómo funcionan los sistemas mundiales de administración comercial y arbitrio de conflictos a favor de los intereses de los países de mayor grado de desarrollo tecnológico, los analistas locales pro mercado jamás realizan observaciones al respecto.

Para simplificar y caricaturizar el modelo de competencia en el que estamos insertos y que promueve el liberalismo local, podríamos compararlo con los viejos juegos de cartas de Tope y Quartet. Estos juegos nos enseñaban de aviones, autos, barcos y todo tipo de vehículos y, más adelante, también fueron copados por los superhéroes. Eran furor en los años setenta y ochenta, justo antes de que las más avanzadas tecnologías desarrolladas por los complejos aeroespacial y armamentístico del sector público norteamericano se lanzaran al mercado. Cada carta describía las características técnicas de la figura que ilustraba (en el caso, por ejemplo, de los superhéroes de Marvel figuraban velocidad, peso, altura, fuerza y peleas ganadas largo). El juego propuesto por nuestros economistas serios es, como aquel de las cartas, abrir la competencia plenamente. Así, focalizándonos en las categorías donde somos más fuertes, podríamos disputar los mercados y ganar bastantes combates. Desafortunadamente, más allá de que todavía nos quedan rubros en los que podemos competir agresivamente con los países desarrollados (agro y mercados laborales, centralmente), a diferencia del clásico juego, en la realidad de los mercados, hay reglas que restringen la libre competencia y hay árbitros que las hacen valer. Así, si nuestra fortaleza se concentrara, por ejemplo, en velocidad y peso, esos rubros no podrían aplicarse asiduamente en el juego. Habría prohibiciones en su uso, como en los mercados reales sucede con los cupos a las exportaciones o las ayudas especiales por parte de los gobiernos de los países centrales a sus productores agrícolas con subsidios multimillonarios. Para peor, en las categorías donde sí rige una competencia mucho menos restrictiva estamos en condiciones muy desfavorables y las diferencias con los más poderosos crecen aceleradamente.

En estas condiciones operan los opinadores con mayor influencia en nuestro país. Hay un margen mínimo, avalado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), para regular en los mercados donde somos menos competitivos y se quejan. En cambio, donde el rival es más débil y actúa con mucho más potencia con regulaciones arancelarias y paraarancelarias, respaldado por las reglas establecidas por la OMC, organismo donde los países centrales han tenido gran influencia y control, nuestros lobistas locales, callan. Mientras perdemos nuestras cartas, ellos celebran y protestan cuando queremos defendernos. Y su melodía, pegadiza como pocas, permanece inalterada, más allá de la evidencia. El andamiaje de la economía nacional depende de múltiples factores, pero siempre que el timón ha girado hacia esquemas de ingenua apertura, el desastre económico nos acompaña. Nos quedan pocas cartas y pretenden que mansamente las terminemos de entregar.

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Mariano Kestelboim

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