El colosal intento de engañar con un supuesto nuevo default de Argentina ocurrido el viernes pasado quedó  al desnudo por completo con una jornada financiera muy positiva por la disminución del Riesgo País de 8,9%, el alza generalizada de las acciones de empresas nacionales en la plaza de Nueva York (las mayores subas fueron de Ternium (6,5%) e YPF (4,5%)) y la baja de las cotizaciones bursátiles del dólar (-2,9%). 

Sucede que el país no había ingresado en cesación de pagos ese día, sino que lo había hecho el 28 de agosto de 2019 cuando el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Hernán Lacunza, había anunciado que la Argentina había decidido postergar pagos de deuda pública. La medida no había sido acordada con los acreedores. Eufemísticamente, lo habían llamado "reperfilamiento", a pesar de que para cualquier entendido en finanzas era un default. Con la complicidad de medios de comunicación influyentes intentaron ocultarlo.

De hecho, dos de las agencias calificadoras internacionales de deuda soberana, Standard & Poor's y Fitch, ratificaron a pocos días de la conferencia de Lacunza que el país había ingresado en default. La primera había rebajado la nota crediticia de B- a default selectivo (SD) y Fitch puso a la deuda argentina en "default restringido". El vicepresidente de Moody´s, tercera calificadora que opera en ese exclusivo mercado, Gabriel Torres, también tenía la misma opinión en septiembre de 2019: "Reperfilamiento es default porque no se van a pagar los vencimientos en tiempo y forma".

En realidad, lo que ocurrió el viernes pasado como novedad fue que el default se extendió a bonos con legislación de Nueva York que hasta la fecha, como muestra de buena fe, se habían estado cancelando. El hecho que previamente a su vencimiento haya estado renegociándose su pago hizo menos conflictivo ese incumplimiento. También es muy positivo el proceso encarado porque con una buena probabilidad de éxito permitiría alcanzar un ahorro de entre 30.000 y 35.000 millones de dólares, en términos de valor presente de la deuda pública actual. Ese resultado representaría un oxígeno imprescindible para poder recuperar la economía y que el país pueda también hacer frente a sus obligaciones financieras. 

Justamente, los activos nacionales se vienen recuperando muy fuerte en las últimas jornadas porque el país está dando señales de que está en un proceso de salida de su condición de default. Es exactamente lo contrario de lo que en los últimos días intentaron hacer creer los grupos de lobby desinteresados del bienestar de las grandes mayorías y que, por interés político, buscan desestabilizar intentos soberanos de recuperación de la actividad productiva. Sus portavoces, gracias al respaldo mediático que poseen, pueden operar impunemente. Son los mismos que auspiciaron el proceso de endeudamiento en moneda extranjera para financiar compromisos públicos en pesos, en concordancia con un plan económico que impuso relaciones de precios que hicieron inviable el desarrollo productivo, al punto de que la actividad industrial se contrajo un 14% durante ese gobierno con 171.000 empleos formales menos, equivalente al 16% de la dotación de puestos de trabajo registrada a diciembre de 2019. 

El cóctel de deuda externa, como combustible del negocio financiero, y la devaluación habían lanzado la relación deuda/PBI a niveles insostenibles y, como la Alianza en la Convertibilidad, Cambiemos llegó a un default virtual pocos meses después de haber ganando las elecciones de 2017, con un modelo muy parecido al fracasado de los años noventa. El país no generaba las divisas que necesitaba para los vencimientos de la deuda ni tenía acceso a los mercados para refinanciarla. Artificialmente, había sido conseguido postergar transitoriamente el default por el narcótico del préstamo del FMI, el mayor de su historia, entregado en un plazo tan corto que más que un préstamo, fue un aporte de campaña al partido entonces gobernante.

La paradoja más lamentable de toda esta historia fue haber tenido una administración nacional que, con la excusa de acceder a menores tasas de interés, le pagó cash a los fondos buitres y, a solo tres años y ocho meses, tuvo que declarar un default de deuda emitida por la propia administración y en pesos porque ya había agotado todas las fuentes de financiamiento, habiendo hecho más dependiente al país también productivamente. En el medio, la realidad fue que ese pago tuvo como objetivo poder engordar la deuda externa en 115.617 millones de dólares. Supuestamente, el mayor endeudamiento de la historia nacional por parte de un solo gobierno había sido para financiar erogaciones del sector público mayoritariamente en pesos. Por supuesto, esos compromisos podrían haberse tomado directamente en moneda nacional para evitar el gravísimo impacto de una devaluación sobre las finanzas públicas, sobre todo porque el modelo agravaba aceleradamente el desequilibrio de la cuenta corriente y así potenciaba la probabilidad de devaluación. 

Hoy los mismos que promovieron ese pago sin condicionamientos para la escoria de las finanzas globales desacreditan el proceso de saneamiento de los pasivos del sector público e intentaron alarmar con un supuesto nuevo default que ya había sido declarado encriptadamente por el gobierno anterior. Este viernes se cumplirán nueve meses.

Otra vez un gobierno peronista deberá reparar un descalabro financiero neoliberal. Ya es el tercero. Que sea el último.

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Mariano Kestelboim

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