Días pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en la causa “Molinos Río de la Plata”, en la cual se analizaba la utilización  abusiva de los Convenios Internacionales y su encuadramiento bajo el sistema jurídico argentino.

El pronunciamiento de la Corte Suprema ratificó la posición del fisco en cuanto a que los tratados no pueden ser utilizados de manera abusiva, posición que venía siendo materia de análisis y conclusiones internacionalmente  desde 1977.

Como era de esperar, el fallo abrió el debate doctrinario, una parte será conteste con el voto de la minoría (Rosenkrantz), respecto que la doble no imposición no surge como objetivo del Convenio para evitar la doble imposición y que la conducta actual del Estado Argentino vulnera el principio de la buena fe, por lo que se sienta un precedente que atenta la seguridad jurídica y otra parte se manifestara de acuerdo con el voto de la mayoría (Lorenzetti) que confirma  la validez del ajuste del fisco nacional, en virtud de que el mismo hace prevalecer los lineamientos internacionales considerando una serie de elementos que demostraron la intención de lograr un beneficio abusivo bajo el convenio.

Molinos Chile se constituye un año después de que la legislación chilena provocara un impacto en la dinámica del CDI; Molinos Chile remesaba inmediatamente las rentas giradas por las sociedades uruguayas y peruanas no permaneciendo en el patrimonio de la holding; inexistencia de convenio de Argentina con Perú y Uruguay; si bien la holding involucraba a sociedades domiciliadas en diferentes países él principal ingreso provenía de una de las sociedades uruguayas y no hubo ingresos sustanciales provenientes de Chile. La lectura de la buena fe no daba cabida a interpretaciones elusivas que condujeran a desnaturalizar la matriz de convenio que es evitar la doble imposición (guardando concordancia con las medidas bajo BEPS, y en  particular la Acción 6) y el de la realidad económica de nuestra ley 11683.

El titulo de la nota y la reflexión final hacen referencia a dos recientes declaraciones del Director del Centro de Políticas y Administración Fiscal de la OCDE Pascal Saint Amans, que bien pueden relacionarse con la probanza  que llevo a concluir la sentencia de la causa Molinos.

Como bien lo expresa Pascal Saint Amans, Director del Centro de Política y Administración Tributarias de la OCDE, y encargado de coordinar varios proyectos presentados por la comunidad internacional -incluida la Argentina- al G20 para contrarrestar la evasión y elusión fiscal,  “la tolerancia a la evasión fiscal, incluso legal y la competencia fiscal que solía ser débil, desaparecerá por completo y aún más desaprobado será el hecho de que parte de las ganancias de una empresa, que además se beneficiaron con un rescate estatal, estén ubicadas en jurisdicciones donde los impuestos son bajos. Esto, será mal visto”.

Agrega "el avance fiscal que establecerá una tasa impositiva mínima global con revisión de aranceles fiscales”, en un marco de justicia fiscal donde más de 130 países y jurisdicciones que representa el 90% del PBI mundial, firmaron el acuerdo en junio pasado para reformar las normas fiscales internacionales garantizando que las empresas multinacionales paguen una parte justa de los impuestos donde quiera que operen.

En consecuencia, no parece adecuado a los tiempos actuales –donde los recursos resultan de vital importancia para llevar adelante políticas generales para el bienestar general- que grandes corporaciones multinacionales se valgan de estructuras jurídicas inadecuadas perpetradas con el único fin de obtener ventajas impositivas en circunstancias que no fueron las contempladas por el legislador.

Finalmente, no resultaría atinado considerar que no tuvo la intención de luchar contra la erosión de la base imponible y la relocalización de la renta (BEPS por sus siglas en idioma inglés) cuando una de las cláusulas del tratado prevé que “las autoridades competentes celebrarán consultas entre sí e intercambiarán la información necesaria para resolver, de mutuo acuerdo, cualquier dificultad o duda que se pueda originar en la aplicación del presente Convenio y para establecer los controles administrativos necesarios para evitar el fraude y la evasión”.

Interpretar de buena fe un tratado, teniendo en cuenta su letra y objeto, tal como exige la Convención de Viena, de la cual nuestro país es parte, requiere, entonces, que no se desconozca el propósito de los Estados en velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas sin dar lugar a situaciones abusivas (situación esta última que, con carácter general, fuera confirmada por ambos países en el año 20151.

Pronunciamientos jurisprudenciales en esta línea aseguran el restablecimiento de las reglas de juego, haciendo hincapié en los principios constitucionales de equidad e igualdad, donde se mide con la misma vara a las grandes corporaciones multinacionales y al pequeño contribuyente que se esfuerza con su trabajo y hace el sacrificio de pagar debidamente sus impuestos.

Palabras finales

Sin lugar a dudas, los Tesoros de los Estados han sufrido un efecto devastador como consecuencia de la profundización de las crisis fiscales producto de la pandemia del Covid-19. En ese escenario es que cada Estado tratará de recuperarse lo más rápido posible.

Este nuevo paradigma en las políticas tributarias internacionales deberá tenerse muy en cuenta por quienes asesoran sobre planificación fiscal internacional. Se vislumbra una pugna entre la influencia del poder del lobby y la tolerancia y justicia fiscal respecto de la evasión y elusión.

Ya no solamente estarán en juego ajustes económicos, sino que también se verán involucradas cuestiones de prestigio en relevantes compañías internacionales con mucha historia, donde la mala fe y el no pago del impuesto justo, como bien lo señala Pascal serán mal vistos.

Luis M. Capellano es Magister en Derecho Tributario (U. Austral)

Carlos Protto es Magister en Administración Tributaria (U. libre de Bruselas)