*Director General de Syngenta para Latinoamérica Sur

Hace tiempo que, como un líder de cierta influencia en la cadena del agro, me cuestiono si estoy haciendo lo suficiente para articular políticas público-privadas que implementen mecanismos efectivos para eliminar el hambre y la desnutrición infantil en nuestro país.

Junto a Brasil, en América Latina somos la reserva alimentaria del mundo; pero a diferencia de aquél, el excedente exportable de nuestra producción agrícola-ganadera es proporcionalmente mucho mayor, ya que la población de Argentina es casi cinco veces menor.

Esa fuerte orientación a la exportación de nuestra producción en el campo es una bendición para la macroeconomía en varios sentidos: fuente de divisas, generación de empleo, contribución impositiva; pero también nos expone al dilema de la dolarización de los precios que globalmente se pagan por los principales insumos que se usan para la producción de los alimentos más básicos de la canasta familiar: pan, aceite, harina, leche y carne. En los períodos de fuerte devaluación del peso, tan frecuentes en Argentina, los precios se van a las nubes y para muchos argentinos, quedan fuera de su alcance.

Un dilema es una situación difícil que no tiene una única mirada o posible solución. Suelen generar controversia y el riesgo de agrietar ganadores y perdedores. De ahí la dificultad para generar consensos en su abordaje. Pero lo que se juega del otro lado es demasiado importante, sensible, crítico. Nos intimida, nos incomoda y nos frustra. El hambre y la desnutrición de nuestros chicos y jóvenes es una hipoteca impagable para el futuro desarrollo y una realidad suficientemente vergonzosa para todos los dirigentes políticos, empresarios, sociales y religiosos como para dedicarle suficiente tiempo de reflexión, atención y resolución. Cuando se habla de estos temas, el riesgo de caer en soluciones facilistas de extrema intervención estatal que generen más perjuicios que beneficios es alto. Si fuera fácil, no sería un dilema. Resucitar la Junta Nacional de Granos no es una buena opción. No ha demostrado eficacia para promover el crecimiento de la producción.  Dejarlo librado a iniciativas de beneficencia o programas de solidaridad tampoco parece lo más aconsejable y profesional, tratándose del calibre y la sensibilidad del tema en cuestión.

Hagamos un doble clic a los números para desmitificar el impacto negativo que permita viabilizar el lado positivo y social de la ecuación. Argentina, con un diez por ciento de indigencia (siendo éste el indicador que más fácilmente se puede correlacionar con el hambre) tiene cuatro millones de personas con graves dificultades para alimentarse adecuadamente. Un tercio de esa población son niñas, niños y adolescentes, a quienes tenemos que asegurarles alimentación adecuada entre toda la cadena agro-alimenticia de manera coordinada por un Estado y una ONG creíble que monitoreen el cumplimiento de los acuerdos y la implementación efectiva. 

Argentina produce harina, aceite, leche y carne para ciento cincuenta millones de personas y tiene un potencial para ir por 400 millones. Destinar el uno por ciento de esa producción a esa población prioritaria y vulnerable (1,5 millones de personas) no debería representar un costo prohibitivo para ningún actor de la cadena. 

El siguiente dilema inmediato es cómo articulamos un sistema confiable, transparente y eficiente para segregar los insumos y materias primas, canalizar la producción de alimentos básicos y distribuirlos a quienes merecen recibirlos sin clientelismo de ningún tipo.

Un buen comienzo para analizar sería evaluar la creación de cooperativas en los barrios donde más evidente sea la prevalencia de esta población vulnerable para lograr cierto tipo de proceso de industrialización básico que incluya la capacitación, el empleo de familiares de esos chicos y la organización operativa de las comunidades; siempre monitoreados por un Estado presente y activo. La idea es crear células que en un comienzo y de manera rudimentaria logren ser autosustentables en la seguridad alimentaria de su población, pero que incluso en una segunda etapa de evolución puedan sofisticarse y pensar en comercializar esos excedentes como terceras marcas en autoservicios barriales. En algunos casos podrá pensarse en un proceso totalmente integrado desde la huerta/granja hasta la formulación de pastas, leche e incluso harinas y aceites. En otros casos podrán haber cooperativas que por su locación se especialicen en la producción de materias primas y otras que se enfoquen en el proceso básico, que sea la semilla de una multiplicación virtuosa de PyMEs en el Gran Buenos Aires, que al ser gestionadas por sus propias comunidades le agreguen a la solución del tema del hambre, la dignidad del trabajo y la cultura del esfuerzo.

Requerirá cierto nivel de inversión inicial y recursos que capaciten y ayuden a gestionar el arranque. ¿Pero quién no se sumaría a una iniciativa así? ¿Podremos armar una gran red entre empresarios, organizaciones sociales y voluntarios con este desafío de crear comunidades autosustentables, especialmente en el conurbano bonaerense, y así empezar a pensar en una provincia más inclusiva?