Al vocero del Fondo Monetario, Gerry Rice, no le hicieron falta ni cinco minutos para exponer los dos problemas que surgieron en la discusión de la letra chica de la refinanciación de la deuda argentina. Veterano de mil batallas en el Banco Mundial y único sobreviviente de la task force que acompañó a Christine Lagarde en la vuelta del organismo al país, el escocés aclaró cuatro veces que el entendimiento alcanzado hasta ahora no llegó todavía “a nivel del staff” y que la discusión entre las potencias accionistas -que demanda semanas de plazo- ni siquiera comenzó. También destacó que el pre-acuerdo apunta a “reducir de forma duradera los subsidios a la energía”, un mandato que abrió una nueva grieta en el corazón del Frente de Todos y que los consultores más cotizados del sector definen como sencillamente imposible de cumplir, salvo con un tarifazo tan cuantioso y abarcativo como el que dispuso Juan José Aranguren.

El recorte de los subsidios es tan crucial para el Fondo que el domingo inmediatamente posterior al anuncio del pre-acuerdo, casi dos semanas atrás, su flamante número dos ya había salido a subrayarlo en Twitter. “Acordamos que va a ser importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”, escribió entonces. El ministro Martín Guzmán apenas lo había mencionado al anunciar el entendimiento. Después, mientras la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bancada del Frente de Todos desataba una crisis política de alcances todavía inciertos, fue el mismo Guzmán quien aseguró que el ajuste para reducir el déficit como exige Washington se aplicaría en esa partida. La meta, precisó, es reducirlo de casi el 3% al 1,7% del PBI.

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En los reportajes a los que se prestaron desde entonces tanto Guzmán como Sergio Chodos, donde repitieron como un mantra que la refinanciación de la deuda heredada de Mauricio Macri bajo las reglas actuales del Fondo era el único camino posible para esta gestión, ese recorte en los subsidios fue presentado además como un acto de justicia, porque las compensaciones benefician en mayor medida a los sectores más acomodados. Es una idea que comparte el economista Nicolás Arceo, titular de la consultora Economía&Energía y mano derecha de Axel Kicillof para el sector cuando el gobernador era ministro.  

Arceo dijo el mes pasado por radio que los subsidios a la energía son “como un Robin Hood pero al revés”. Agregó que “gastando lo mismo se puede gastar mejor y se les puede transferir más a los que menos tienen” y apoyó la segmentación tarifaria por la que viene abogando Guzmán desde hace más de un año y medio. Así se puso en la vereda de enfrente de “los pibes de FLACSO”, como se refieren en el equipo económico al equipo de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica al que intentó despedir sin éxito Guzmán en abril pasado. 

El problema es que, aunque la segmentación sea justa en términos distributivos y no haya explicaciones satisfactorias para los dos años que llevan demorándola los funcionarios del área energética, su aplicación no alcanza para cumplir con la ambiciosa meta a la que se comprometió Alberto Fernández ante el Fondo. El propio Arceo coincide con lo que dicen en privado desde el secretario de Energía, Darío Martínez, hasta los principales CEOs del sector: como mucho, la quita total de subsidios a los 487 mil usuarios que identificó el Gobierno en el área metropolitana, la más subvencionada, le ahorraría al fisco unos $25.000 millones de pesos en 2022. Apenas un 2% de los casi U$S 11 mil millones gastados el año pasado. Menos del 0,1% del PBI.

Segmentados

La crisis interna es de tal magnitud que voceros del kirchnerismo difundieron el viernes pasado el esquema de segmentación que propuso Basualdo y se ocuparon de destacar que lo había girado en diciembre a Economía, que no avanzó desde entonces en su aplicación. Fuentes del Palacio de Hacienda revelaron por su parte a BAE Negocios que no comparten los criterios con los cuales se dibujó el mapa de quienes ya no serán subsidiados y verán aumentar sus facturas al triple. “No estamos seguros todavía si se va a usar siquiera ese esquema”, dijeron.

Puertas adentro, la discusión fue más cruda. Basualdo le comunicó a su par de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, que dejaba en sus manos la decisión de cómo segmentar los aumentos. Y por supuesto, también de anunciarlos. Algo parecido al cruce por el boleto de colectivo que protagonizaron ayer Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. La paternidad del ajuste en disputa.

López Osornio, que estudió Economía en La Plata como Guzmán y que asumió en agosto pasado como hombre del ministro, viene de militar y de haber sido candidato por la lista de Florencio Randazzo en 2017. Un dato que también recordaron esta semana los kirchneristas al frente del sector energético. Es una pertenencia que en aquel momento compartía con el propio Presidente, jefe de aquella campaña.

Más allá de las internas, lo que difícilmente se logre es bajar el gasto en subsidios. Arceo evitó pronunciarse esta semana porque decidió recluirse a sacar cuentas. Pero ya había advertido cinco razones por las cuales cree que, lejos de reducirse como le prometió Guzmán al Fondo, esa partida aumentará: crisis hídrica, suba del dólar, mayor consumo energético, suba de los precios internacionales y menor importación de gas de Bolivia. Quien sí habló fue el economista que ocupó el puesto de Basualdo en los dos últimos años de la presidencia de Cristina Kirchner, Paulo Farina. Aunque también coincide con la segmentación y tuvo a su cargo el principio del desmantelamiento de la montaña de subsidios que había dejado que se acumulara Julio De Vido en 2013, Farina fue lapidario. “Lo más probable es que vuelvan a subir, y mucho, en 2022”, dijo a Radio Con Vos.

Cabeceando granadas

Cerca de Basualdo aseguran que la quita total de subsidios no puede afectar más que a ese 10% de los usuarios que identificó Energía en sus mapas. “Es reducida en esta primera etapa porque es una política nueva, disruptiva. Se evaluó la necesidad de que sea exitosa y por eso los polígonos se definieron conservadoramente”, remarcan. Si hubieran bajado marginalmente el valor del metro cuadrado de las viviendas a partir del cual ya no se subsidiará, agregan, la mitad de la Ciudad habría caído en la quita. Y si se guiaban por el consumo, el riesgo era incluir a hogares pobres electro-dependientes, que tienen artefactos menos eficientes y domicilios peor aislados térmicamente.

Las rencillas ocultan la verdadera alarma tanto para el fisco como para el abastecimiento de luz y gas en tiempo y forma en sus respectivos picos de consumo: el brutal encarecimiento y la escasez de energía a nivel global. A los subsidios no los infló tanto la demora en la segmentación ni el congelamiento como que el costo de generación del sistema haya subido ¡en dólares! un 42% entre 2019 y 2022. En ese mismo lapso, el volumen de subsidios específico para la generación de electricidad aumentará un 52%. Con la segmentación no bajan ni un peso. Lo único que podría reducirlos como pide el Fondo, según cálculos de consultoras con clientes en el sector, es un aumento tarifario del 180% en términos reales (180 puntos arriba de la inflación) para la mitad de los usuarios, con la otra mitad cubierta por la tarifa social.

Guzmán asegura que ahorrará dinero gracias al Plan Gas, que fijó un precio de U$S 3,40 el millón de BTU para las petroleras que invirtieran en Vaca Muerta, justo antes de la disparada del precio global al récord actual. También por dejar de pagarle a Tecpetrol (Techint) el precio subvencionado de U$S 7,50 el millón de BTU que le garantizaba la resolución 46 de Aranguren.

Desde Energía lo desmienten. “Es mentira que Techint paga el ajuste. Esa plata ya no estaba presupuestada”, retrucan. “Lo otro tampoco ahorra nada, porque el 60% del gas del Plan Gas se compra para generar electricidad y eso en 2020 valía U$S 2”, prosiguen. Lo que proponen en su lugar es sostener los subsidios este año, mientras se mantenga la crisis, y construir el gasoducto desde Vaca Muerta, para sustituir todo el gas importado (de Bolivia y en barcos) a partir del año próximo.

 Ese gasoducto, si bien ya tiene financiamiento asegurado gracias al impuesto a las Grandes Fortunas y es impulsado por todas las compañías del sector, está frenado hace ocho meses por “quisquillosidades” de la Casa Rosada, según repiten en Energía. Ahí cuentan que Martínez lo conversó no menos de una docena de veces con Vilma Ibarra. Como el Presidente no firmó el decreto necesario, IEASA ni siquiera llamó a la licitación para definir quién lo construirá. Sea quien sea, son caños: Techint hará otra vez negocio.       

Ayer por la tarde, el secretario de Energía anunció mediante una gacetilla la “inminente firma de un DNU” por parte del Presidente. Toda una innovación en materia comunicacional o un ultimátum liso y llano de un sector del gobierno al otro. Por la noche, en la Rosada, el decreto ya estaba listo para la firma. 

Con el mundo a las puertas de una tercera guerra mundial por un gasoducto, a los empresarios les cuesta entender que se haya demorado así la construcción de una tubería en el país dueño de la segunda mayor reserva no convencional de gas. Argentina siempre sorprende.

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Alejandro Bercovich

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