La derrota del oficialismo en las PASO, la feroz crisis interna que explotó al día siguiente y el envalentonamiento opositor de los últimos días dibujó un nuevo signo de interrogación en el porvenir que imaginan en Estados Unidos para Argentina. La administración Biden, que tiene en sus manos refinanciar o no la deuda que mantiene al país en un limbo económico insostenible más allá de fin de año, incorporó a sus escenarios posibles el regreso del macrismo al poder en 2023 o incluso antes. Lo que no tienen claro todavía en el Departamento de Estado es si esa eventual aceleración del típico péndulo criollo devolvería al país al rumbo que pretendieron fijarle algunos de esos mismos burócratas en la era Trump o si, en cambio, lo empujaría a una deriva explosiva como la del resto de América latina.

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Es una pregunta válida a la luz de los fogonazos que alumbran por momentos el país que imaginan en Juntos. La campaña de Martín Tetaz, por caso, y su reivindicación de la “emisión cero” que se autoimpusieron Nicolás Dujovne y Guido Sandleris durante el último año de Mauricio Macri, luce impracticable fuera del laboratorio ahora que aquel sudden stop se convirtió en una crisis social solo comparable al crac de 2001/2002. ¿Podría sostenerse Horacio Rodríguez Larreta en el sillón de Rivadavia si no tuviera a la mano recursos para atender urgencias como la que ayer reprimió en el desalojo de Retiro? ¿Acaso aceptaría el aspirante opositor con más chances de dirigir la orquesta ejecutar esa partitura a la que el propio Macri anticipó que solo le subiría el tempo? ¿Qué viabilidad política tendría ese bis sin la red de contención que tejió en su momento Carolina Stanley y con el peronismo enfrente, a la intemperie del poder?

La crisis del gas que estalló en todo el hemisferio norte también revivió al fantasma de Juan José Aranguren, tan irritante para el electorado como útil para aquel Frente de Todos que funcionaba tanto mejor por la negativa. Si las tarifas energéticas se rigieran por el esquema que diseñó el exCEO de Shell cuando fue ministro, la disparada del gas mayorista del 250% en Europa y del 100% en Estados Unidos ya habrían tenido un eco fuerte en las facturas de estas pampas.

El neuquino Darío Martínez aprovechó para inflar el pecho por el plan Gas.Ar, que permitió al Estado congelar en U$S 3,50 el millón de BTU por los próximos tres años, bien por debajo de los U$S 30 que hoy paga el mundo rico. Es una apuesta que le salió bien, con un precio sostén que lucía caro el año pasado y que ahora parece una ganga. Pero tampoco es un blindaje frente al descalabro que generó en el mundo la combinación del fuerte rebote de la demanda post-pandemia con las magras inversiones en hidrocarburos por el calentamiento global y una serie de eventos inesperados. De hecho, las petroleras argentinas ya empezaron a cuotificar sus entregas de combustible a las estaciones de servicio. Si alguna quiere comprar más gasoil que el mes pasado no le venden.

El experimento

Lo que desde Washington luce menos viable políticamente, sin embargo, es la flexibilización que proponen los opositores para el mercado laboral. No tanto por la resistencia que puedan ejercer dirigentes sindicales, que en muchos casos ya prestaron su apoyo a reformas “modernizadoras” de contenido similar a la que acaba de presentar Martín Lousteau para eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un fondo de desempleo del estilo del de la UOCRA. Sobre todo porque el salario real ya viene de un ajuste inédito, por lo que esas dirigencias podrían verse sobrepasadas.

Lousteau promueve generalizar el sistema de la “libreta de desempleo”, como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la “mochila austríaca” que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el “comer y descomer” que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.

Curiosamente, la pandemia permitió evaluar el funcionamiento de la libreta como si se hubiera hecho un experimento con variables controladas. Fue justo en el sector gasífero, donde hay empresas tercerizadas que tienen empleados bajo ambos regímenes. Los resultados son demoledores. En Cosugas SA, solo durante la pandemia fueron cesanteados 200 operarios bajo convenio de la UOCRA y ninguno de los amparados por el convenio del STIGAS. En Exgadet SA fue 55 a cero. La indemnización disuadió a los patrones del despido de algunos y la libreta empujó a otros a la calle. Y las empresas no quebraron por sostener a los primeros.

Hay algo más interesante todavía: a tareas similares, los empleados bajo el sistema de la UOCRA ganan la mitad que sus compañeros bajo el convenio tradicional. Es algo lógico desde la teoría si el empleador puede deshacerse sin costo de cualquier empleado que le reclame un aumento, pero que se corrobora en la práctica en estas dos contratistas donde conviven ambos regímenes. El oficial de apoyo bajo convenio del STIGAS en esas firmas percibirá este mes $104.685 de bolsillo, mientras que el oficial especializado de UOCRA, que hace un trabajo parecido pero en las obras civiles del gas, ganará $51.841.

De la autocrítica al harakiri

El Fondo Monetario no parece especialmente interesado en apurar flexibilizaciones laborales, al menos en los acuerdos stand-by que firmó Kristalina Georgieva desde marzo de 2020. En todos ellos, sin embargo (Egipto, Ucrania, Senegal, Armenia y Honduras), hubo condiciones muy estrictas de ajuste presupuestario y acumulación de reservas. Egipto, por ejemplo, fue forzado a mantener superávit fiscal durante toda la pandemia, mientras el planeta íntegro entraba en déficits históricos para alimentar a sus poblaciones en cuarentena y reforzar sus sistemas de salud. Nada que ver con la generosidad ecologista que adjudicó esta semana a la búlgara el Nobel Joe Stiglitz, padrino académico y político del sobreviviente Martín Guzmán.

La timidez fiscal de los primeros anuncios (todavía no suman ni la décima parte del ya famoso punto del PBI que mencionó Cristina Kirchner en su explosiva carta post-PASO) sugiere que las negociaciones secretas de Guzmán con Julie Kozack siguen apuntando a un pacto después del 14 de noviembre, a 10 años, con seis de gracia y la cláusula “pari passu” para estirarlo si se aprueban nuevas líneas que lo permitan. Por lo pronto, justo un mes antes de las elecciones va a haber una foto del equipo económico en pleno en la sede del Fondo en la calle 19. Miguel Pesce también reservó pasaje. ¿Sobrevivirá Georgieva al fuego a mansalva que se desató en su contra desde que una auditoría la acusó de haber manipulado un ranking cuando trabajaba en el Banco Mundial? ¿Será una conspiración de los halcones de Washington con los buitres de Wall Street, como claman Stiglitz y Guzmán, o simplemente un límite que le quiere imponer el Tío Sam a la injerencia del Papa Francisco sobre un ente clave como el Fondo?

El contenido del acuerdo, obviamente, no será el mismo si el Frente de Todos consigue remontar la derrota de las PASO. Para lograrlo, tanto los heridos de la purga kirchnerista como sus propios ejecutores procuran que cese la autocrítica. “Ya parece un harakiri”, dijo uno de ellos a BAE Negocios. En realidad también dependerá de que se active el aparato. En un municipio del Conurbano que solía pagar 1.600 viajes en remís cada día de elección solo se pagaron veinte. Y no porque hubiera un mandato de austeridad como los del Fondo.

También falta ver si prospera el Fondo de Resiliencia que se debate en el G-20. Una especie de reciclado de los DEG que repartió Georgieva para la recuperación post-pandemia y que les tocaron a países ricos que no los necesitan, dado que se distribuyeron en función del capital de cada uno en el propio Fondo y no de la población. Argentina y México insisten para que a ese fondo le puedan pedir prestado no solo los países más pobres sino también naciones de ingreso medio.

Guzmán y Georgieva se juegan sus pellejos en esa ciénaga. Es el riesgo que suelen enfrentar los emisarios cuando las contrapartes se desconfían y lo que hay en juego es mucho. En algún momento, siempre, un ruido en la línea dispara la pregunta más incómoda entre los que mandan. ¿Y éste al final para quién juega?


 

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Alejandro Bercovich

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