Alberto Fernández apuró a los gobernadores a restringir la circulación nocturna en todo el país con un argumento irrebatible: la economía no aguanta un solo mes más de cuarentena.

Lo advirtió Martín Guzmán, coinciden los opositores y lo aceptan resignados los infectólogos que asesoran a los distintos niveles de gestión. Aunque algunos propusieron cierres intermitentes como hubo en Europa y en Asia, y aun cuando el gobierno porteño no descarta un bloqueo total de dos semanas en febrero para llegar al inicio de clases con menos casos, el toque de queda cerró la grieta.

La idea de dañar lo menos posible el repuntecito que se insinúa en los datos de industria y construcción de noviembre -aunque todavía no en el empleo registrado de octubre- es compartida por el oficialismo y la oposición que gobierna distritos como Corrientes, Jujuy, Mendoza o la Ciudad. Es el reflejo de una economía muy tironeada, sin un centímetro de margen para más emisión monetaria y con la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario todavía pendiente.

Se debatió anteayer en la reunión del equipo económico mientras empezaban las escaramuzas en el Capitolio. Aunque la vergonzante transición entre Donald Trump y Joe Biden se prolongue y eso estire a su vez por unos días el desinterés de Washington por todo lo que ocurra fuera de sus límites, la mayoría propia en el Senado que terminó de conquistar el demócrata en Georgia va a acelerar la designación de dos puestos clave para la negociación entre los Fernández y Kristalina Georgieva: el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales y el "assistant" para el Hemisferio Occidental, como llaman allá a América.

Sergio Chodos transmite tranquilidad. Sugiere que la refinanciación está encaminada y que resta definir el plazo y las condiciones. La propuesta de que sea a 20 años con pagos que no superen los U$S 3.000 millones anuales todavía no se plasmó por escrito pero crece como punto de consenso entre Olivos y el Instituto Patria. Si lo aceptara el Fondo, sería algo inédito. Igual que el crédito que recibió Mauricio Macri, por orden directa de Trump y contra la opinión de los directores europeos y del staff. Pero claro, falta la venia del nuevo accionista mayoritario.

Guzmán aprovechó la modorra de enero para reorganizar sus segundas líneas. Ayer envió al Banco Central a Diego Bastourre, un compañero de estudios platense que ocupaba la Secretaría de Finanzas y que ya no sabía cómo hacer para seguir emitiendo deuda para sacar pesos de circulación. Su aspiradora será empuñada por Mariano Sardi, hasta ahora subsecretario y sin ninguna experiencia política. Lo secundará otro técnico, Ramiro Tosi, a quien Bastourre apodó "el master of the pesos" precisamente por su pericia a la hora de fijar tasas atractivas para los inversores. Tosi se formó en el Merval y Sardi trabajó en el Central durante el macrismo, por lo cual Guzmán debió salirles a ambos como garante ideológico ante Cristina Fernández de Kirchner.

La vice avaló esos cambios. También el desplazamiento del directorio del Central del lavagnista Carlos Hourbeigt, quien dejó constancia de su disconformidad en su carta de renuncia. Pero hubo otro que sí hizo algo de ruido en el kirchnerismo y también entre los economistas del Grupo Callao: la eyección del viceministro Haroldo Montagu, que irá a la Siberia criolla del Consejo Económico y Social, y su reemplazo por el también platense Fernando Morra, que ocupaba la Subsecretaría de Programación Macroeconómica pero cuyo marco teórico no le impidió trabajar antes bajo las órdenes de Hernán Lacunza y María Eugenia Vidal.

Dólares eléctricos

La escasez de divisas devolvió al gobierno al menú que enfrentó en su momento a Guzmán con el jefe del Central, Miguel Pesce. Esta vez con aval del jefe del Palacio de Hacienda, Pesce bloqueó totalmente el acceso a dólares oficiales por parte de los importadores de bienes suntuarios como embarcaciones deportivas, aeronaves, autos de alta gama, cigarros y bebidas. También les exigirá a los importadores de otras 80 familias de productos (como microondas, lavavajillas, heladeras, freezers, motos y cosechadoras) que consigan financiamiento por tres meses. Recién 90 días después de que les manden el bien podrán comprar dólares oficiales para pagarlos.

La decisión ya se maceraba antes de Navidad y el encargado de confeccionar la lista fue Matías Kulfas. "No nos sobra nada. Nos gustaría que fuera distinto pero todas las semanas estamos juntando dólares. Diciembre fue algo mejor pero seguimos al límite", confesó a BAE Negocios otro integrante del gabinete económico.

Todos esos productos, suntuarios o no, aumentarán de precio en lo inmediato. Es algo a lo que la clase media alta debería acostumbrarse, porque lo mismo le espera con los servicios. Como ya se contó en esta columna, la idea de Darío Martínez es descargar sobre esa franja de la población los únicos aumentos de luz y gas que superarán la inflación en 2021.

Ese esquema de administración de las tarifas es lo que, según fuentes corporativas y oficiales, terminó de decidir a Marcelo Mindlin a malvender Edenor como lo hizo. La mano derecha del zar de la energía, Ricardo Torres, se lo dijo clarito a Kulfas antes de que Energía pasara de Producción a Economía: "Si ustedes van por un esquema de congelar tarifas, lo único que te pido es que me lo digan ya. Yo les doy la llave".

Como nadie le dijo nada pero el Presidente aplazó hasta marzo la revisión tarifaria, Torres y Mindlin le dieron la llave a José Luis Manzano y compañía. Pero una vez consumado el hecho aparecieron preguntas como las que empezó a hacer Claudio Lozano, director del Banco Nación y frustrado impulsor de la estatización de Vicentín. ¿Y si el Estado puede aprovechar las deudas que tanto el comprador como el vendedor mantienen con CAMMESA (la administradora pública del mercado mayorista) y quedarse con la compañía sin poner un peso? ¿Y si la ANSES puede usufructuar su posición como accionista minoritario para pasar a ser controlante? ¿No había ofrecido la llave, al fin y al cabo, el propio vendedor?

Hay más. El contrato de concesión original de Edenor de 1992, igual que el de Edesur, marca los términos para que el propietarios de las distribuidoras pongan a disposición sus acciones en una licitación pública internacional. Eso fue ratificado por el decreto 1959/2006, publicado el 8 de enero de 2007 en el Boletín Oficial, que en su cláusula vigésima estipula que el período de gestión del concesionario finalizará a los 5 años de la última revisión tarifaria integral (RTI). Es una suerte de cláusula de salida: si alguien ofrece más de lo que el concesionario dice que vale la empresa, se la podría quedar. Incluso el Estado.

Vacunomics

Son negociaciones muy delicadas, quizá demasiado para llevarlas adelante en medio de una emergencia planetaria. El peligro, además, es que los lobbies se cuelan por cualquier rendija y no solo en el maletín de Manzano. Le pasó a la mismísima Cristina: mientras se debatía la ley de etiquetado frontal de los alimentos para evitar el consumo excesivo de azúcar, los senadores tucumanos consiguieron meter por la ventana una prórroga por cuatro años del polémico régimen de promoción de los biocombustibles. Le dieron media sanción en cuestión de minutos. La familia Blaquier les agradeció calurosamente su aporte a la centenaria industria azucarera. Funcionarios que funcionan.

En el equipo económico aceptaron conceder el aumento de los biocombustibles (que empujó a su vez la primera suba de naftas del año) pero no quieren prorrogar ese régimen de promoción sectorial. Una vez más, y del mismo lado que Blaquier, el aceitero Roberto Urquía pechea con los ministros del candidato que auspició generosamente en las últimas elecciones. Antes de sentarse a negociar con los ruralistas para que levanten el lock-out anunciado para el lunes, Luis Basterra le acercó los cálculos al Presidente. Sin subsidio estatal, la soja que se hace biodiesel es soja que no se exporta. Y el gasoil que "ahorra" ese corte con biodiesel es más barato que el aceite de soja que podría exportarse.

Que la economía deje de ser una sábana corta tironeada por todos y todas a la vez depende de un solo factor: el éxito del plan de vacunación. Lo repite puertas adentro el corresponsal vaticano Eduardo Valdés: "Hoy, en el mundo, el que tiene la vacuna tiene el poder". Es así de lineal: con más de la mitad de la población inmunizada (con la fórmula que sea) antes del invierno, la economía no puede ir en otra dirección que hacia arriba. Y si la reactivación empieza a sentirse en la calle hacia agosto, octubre no solo le regalará al espacio una victoria sino también un presagio reeleccionista, aun cuando decida cambiar de líder.

Macri también lo intuye desde hace tiempo y por eso presionó a Horacio Rodríguez Larreta en septiembre para que atacase políticamente a los Fernández cuando un efecto adverso obligó a extender los estudios de fase 3 de la vacuna de AstraZeneca, la única que se produce en Argentina. El jefe de gobierno porteño se negó, aún iracundo por el quite de coparticipación de ese mismo mes. Los únicos opositores dispuestos a meter las vacunas en la grieta -por ahora- son los que no gobiernan.

Sin ese pinchazo masivo, con la economía real famélica y las arcas exhaustas, el desplome argentino no tiene piso. Y en ese claroscuro, diría Gramsci, puede nacer cualquier monstruo. O resucitar monstruos recientes.

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