La Cámara de Diputados acaba de convertir en ley el proyecto de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, con el fin de incentivar las actividades productivas basadas en el uso intensivo de la tecnología, a través de beneficios impositivos y apuntando principalmente a las PyMES.

Recordemos que originalmente la Ley 27.506, aprobada a mediados de 2019, tenía fecha de entrada en vigencia el primer día del 2020. Sin embargo, mediante la Resolución 30/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, se decidió suspender su aplicación, argumentando que era necesario contar con más tiempo para analizar y procesar las solicitudes de adhesión que habían sido presentadas. Supuestamente su implementación se retomaría cuando fuera dictada la normativa complementaria correspondiente.

En mayo de 2019 las comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dieron dictamen favorable a un nuevo proyecto de ley, con el fin de incentivar las actividades productivas pertenecientes a este vasto y exponencialmente creciente sector de la economía.

Sin embargo, el Senado posteriormente introdujo modificaciones al proyecto original y  finalmente esta semana la Cámara Baja aceptó las incorporaciones introducidas al texto como versión definitiva.

Así, luego de avances y retrocesos en el Congreso Nacional en las definiciones tan esperadas para avanzar en su implementación, nos encontramos finalmente frente al nuevo texto legal todavía no promulgado. Conforme lo explicitaba el Senador Alfonso Aluenzo al presentar recientemente en Comisión la nueva redacción del proyecto, su texto refleja la incidencia del factor COVID-19 y su impacto extraordinario en la economía, al tiempo que remarcaba la naturaleza “promocional” del régimen tendiente, según dijo, a darle una mano a quienes más la necesitan.

En esa línea, en materia fiscal se advierte que el beneficio del recorte en el Impuesto a las Ganancias -aplicable tanto a las ganancias de fuente argentina como a las de fuente extranjera- ya no está fijado en el 60% para la generalidad de los beneficiarios como estaba originalmente previsto, sino que ese porcentaje será de aplicación sólo para las micro y pequeñas empresas. Las empresas no reconocidas como tales sólo tendrán un beneficio del 40% o del 20% de recorte dependiendo de su magnitud. Además, sólo las compañías de desarrollo de software podrán gozar de ese recorte de forma retroactiva a enero de 2020.

El régimen de estabilidad fiscal también ha cambiado sustancialmente su alcance con relación a lo dispuesto en la ley 27.506, habiéndose ahora establecido su aplicación “por el término de su vigencia, siempre que cumplan con las verificaciones de las exigencias que dicho régimen prevé” .

El bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales ya no será transferible ni utilizable para cancelar Impuesto a las Ganancias, estableciéndose también un cupo fiscal sometido a los criterios y condiciones que se fijen en la reglamentación. Su duración queda fijada en 24 meses desde su emisión con la posibilidad de prorrogarse por 12 meses más de existir causa justificada para ello según lo disponga la reglamentación.

Dicho bono tampoco podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor darán lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional.

En lo estrictamente laboral, la nueva ley sobre economía del conocimiento no contiene disposiciones específicas, con excepción de una referencia menor vinculada a capacitación.

Por ello, a cada uno de los empleadores se les aplicará el régimen legal o los convenios colectivos de trabajo que pudieren resultarles de aplicación en función de la actividad que desarrollen.

Precisamente por lo relativamente novedoso del tema, es posible que existan controversias respecto del convenio colectivo aplicable a una determinada actividad o con vinculación a la entidad gremial representativa de la misma.

Es de esperar también que empleadores y entidades gremiales, a partir del especial conocimiento de las características y necesidades de cada entidad, acuerden convenios colectivos de empresa, como el que Mercado Libre y el Sindicato de Carga y Descarga firmaron en 2019, que entre otras cuestiones permite pactar la duración y la regularidad de las jornadas y habilita la creación de un banco de horas.

Dado que un porcentaje muy significativo de las tareas pueden ser desarrolladas de modo remoto y a que un número importante de empresas extranjeras podrían querer contratar de modo directo a talentos nacionales, sin registrar tales vinculaciones en el país, afectando no sólo los derechos laborales sino también los recursos del estado, se impone a las autoridades facilitar o al menos no dificultar tales contrataciones con exigencias innecesarias e injustificadas.

Debería tenerse especialmente en consideración que las actividades de la economía del conocimiento tienen la suficiente entidad para ser motor de la economía y crear empleo de calidad y que nuestro país compite de modo directo con otros actores internacionales, por lo que cualquier exigencia desmedida terminará teniendo impacto negativo no sólo en cuestiones económicas sino fundamentalmente en la generación y mantenimiento de fuentes de trabajo.

Lo precedente nos conecta con la reciente aprobación de la ley sobre teletrabajo.

Dicha norma, que ciertamente va a resultar de aplicación a los empleados de la economía del conocimiento, viene disparando muchísimos debates y controversias cuyo análisis en profundidad excede lo tratado en estas líneas, pero cuya crítica principal consiste en que rigidiza una modalidad de trabajo que ha venido funcionando correctamente a la vez que afecta las prerrogativas de organización y dirección otorgadas por ley a los empleadores.

Es deseable que la reglamentación de la ley sobre teletrabajo establezca límites al ejercicio de los derechos que consagra, de modo de facilitar la puesta en práctica de tan positiva forma de trabajo y no terminar transformándose en un obstáculo a su utilización.

Amparados en el texto constitucional -más precisamente en la cláusula del progreso contenida en su art. 75 inc. 18- y en la vigencia y responsabilidad que pesa sobre nuestras instituciones -y mucho más en situación de emergencia como la propia CSJN destacó en abril pasado en la causa “Cristina Fernández de Kirchner” en la que pedía que se avalaran las sesiones virtuales del Congreso, son esas instituciones quienes deben agilizar y facilitar los procesos que contribuyan a promover a la industria de la economía del conocimiento a través de fuertes mecanismos de estímulo a la inversión productiva, de exención y disminución de la ingente carga tributaria que pesa sobre sectores productivos y prestadores de servicios.

Es de esperar que la reglamentación e implementación necesaria para llevar adelante el régimen -ciertamente impactado en su actual redacción por la gran crisis económica que estamos transitando- sean lo suficientemente adecuadas para no impedir que el mandato constitucional y legal enunciados sean finalmente cumplidos conforme lo esperado.

socios de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen