El presidente Mauricio Macri concretará hoy el mayor símbolo de la década de noventista: el megaanuncio de un plan económico frente a empresarios, sindicalistas, gobernadores, dirigentes políticos y, probablemente una novedad, jueces federales, quienes en algún momento tendrán que dirimir sobre la constitucionalidad de muchas de las medidas que se tomen.

Desde la apresurada salida de Fernando de la Rúa de la Casa de Gobierno, se abandonaron los megaanuncios económicos que terminaban por generar una alta expectativa pocas veces cubierta. Roberto Lavagna llegó a asumir sin anunciar medidas, sólo la apertura de los bancos. Desde entonces, sólo hubo anuncios puntuales pero nunca del carácter de un programa económico como el que hoy hará público el Presidente.

Seguramente, la intención del Gobierno es transmitir hacia afuera (del país) que se encaran las reformas que se reclaman para encauzar la economía en términos más amigables al mercado, empezando por la rápida eliminación del déficit fiscal.

Es un cambio sustancial respecto de la política llevada adelante en los primeros dos años de gestión, cuando medidas de trascendencia como la creación de una empresa para manejar los negocios de Vialidad o de una fundación como alter ego del Pami se tomaron por decreto o resoluciones, alejadas de la discusión pública. En esta oportunidad, el paquete incluye medidas que obligatoriamente deben pasar por el Congreso, como el blanqueo laboral, la modificación de impuestos o los cambios en la coparticipación federal.

El fin de semana, el Gobierno hizo trascender el contenido del paquete, que incluye reducción de impuestos a empresas y mayor carga sobre el consumo, la eliminación del ajuste automático de jubilaciones y planes sociales (sólo se les reconocerá la inflación, lo que hará perder peso frente a la recaudación que se espera mayor a la infl ación) y la actualización de las tarifas de servicios públicos, esta vez incluyendo al transporte.

El conjunto de las medidas (ver Edición Impresa) implica una reducción del poder de compra de asalariados, jubilados y de los planes sociales y una baja de la carga impositiva sobre las empresas, que podrán destinar a inversión en lugar de tributar al fi sco 10 puntos del Impuesto a las Ganancias. Se suman a la suba de impuestos a las familias incluida en el Presupuestos 2018 de la Ciudad y también en el de provincia.

En combinación -menos consumo y más inversión- pueden ser una ayuda extra para el Banco Central que viene fracasando en su política de control de la inflación.

La interpretación del resultado electoral es esencial para determinar qué grado de apoyo tendrán en el conjunto de la sociedad la combinación de medidas de ajuste que se pondrán en práctica. Hasta el 22 de octubre, el Gobierno mantuvo la idea de que se plebiscitaba el pasado y no el presente. Ahora la sociedad empezará a pedir que se cumplan con las expectativas generadas. Es difícil imaginar cómo lo lograrán en medio de un ajuste tan grande.