Las recientes tomas de terrenos nos invitan a reflexionar sobre la urgencia de buscar las soluciones disponibles. Han sobreabundado las noticias contraponiendo intereses de las partes intervinientes y el aprovechamiento de organizaciones mafiosas con lo verdaderamente importante: las necesidades de las personas que merecen ayuda y que no tienen dónde vivir.

Ante esta realidad, fastidian los debates políticos de actualidad en busca de las causas, de los culpables, pero no de las soluciones. Se dirá que el problema es la falta de políticas públicas y no se indagará más allá de eso. El Estado sacará billetes de su bolsillo de payaso, atenuará el problema en el corto plazo repartiendo fondos y esos debates quedarán en el anecdotario, o hasta que vuelvan a ocurrir sucesos similares.

El sistema asegurador en su función solidaria y económica (inversión institucional e intermediación financiera) juega un rol clave. Nuestros aportes como asegurados sirven para resarcir los infortunios de otros y, mientras tanto, se canalizan en inversiones que respaldan su funcionamiento. Entre las distintas coberturas de seguro, el de "vida", incluido "retiro y ahorro", es el principal generador de inversiones sostenibles por cuanto son productos de largo plazo.

Inversión, obra pública y viviendas

Las aseguradoras son los principales inversores institucionales del mundo, que invierten en infraestructura, obra pública y en desarrollos inmobiliarios para la vivienda. Esto último se logra complementando, además, toda la industria financiera, el desarrollo de fondos de inversión inmobiliarios, el mercado de capitales, el acceso al crédito hipotecario y la securitización de estos productos (en aseguradoras).

En España, por ejemplo, luego de veinte años de sostenido y fuerte desarrollo, las reservas de las aseguradoras de vida representaron el 16% del PBI, destinando el 50% de las inversiones a financiar obra pública y el 50% a la economía real, incluyendo proyectos de viviendas. La experiencia internacional también demuestra que sin estímulos fiscales vía deducciones impositivas, por un lado, para el contratante del seguro y para incentivar inversiones a largo plazo, por otro, nada de esto es posible.

La gestión del gobierno anterior promovió, mediante el Decreto 59/2019, los seguros de vida estableciendo un nuevo monto máximo deducible para el Impuesto a las Ganancias para quienes contrataren seguros vinculados con el ahorro. Debe señalarse que estas deducciones no se actualizaban desde 1992 y que, junto a las resoluciones pertinentes de la AFIP y de la Superintendencia de Seguros de la Nación buscaron incentivar el ahorro a largo plazo y las inversiones en viviendas.

También se logró aprobar en el Congreso la ley 27.440, de Desarrollo Productivo, que junto al Decreto 382/2019 buscaron dar impulso al mercado de capitales, a la apertura del capital y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, brindando además el recurso de la transparencia fiscal.

Hoy vemos que todos esos esfuerzos han quedado desactualizados nuevamente o deteriorados por la coyuntura. Para colmo, la ley de Presupuesto crea nuevos impuestos al sector.

Por estas y otras deficiencias de muchos años no hemos podido desarrollar los productos de vida a pesar de la importancia que debiera asignársele y, menos aún, encontramos soluciones para el déficit habitacional.

De lograrlo, además de una solución para la construcción de viviendas, su desarrollo implicaría promover la cultura del ahorro (complementando el sistema jubilatorio), ayudando a desarrollar el mercado de capitales, la economía real y, consecuentemente, generando nuevos puestos de trabajo. Otros pudieron hacerlo, no nos demos por vencidos.

Pablo Sallaberry es ex Gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Seguros) y Guillermo Plate, ex Vice Superintendente de Seguros de la Nación). Ambos son consultores, especialistas en seguros.