Hacia la década del 90 un número importante de empresas locales fueron adquiridas por compañías y capitales exteriores mediante un procedimiento conocido como “compra apalancada de paquetes accionarios”. La legislación de aquella época, había eliminado los límites a la deducción de intereses, por lo que los inversores extranjeros se endeudaban para comprar las compañías locales, repagando esa deuda con el flujo de los ingresos de la sociedad adquirida y deduciendo del impuesto a las ganancias los intereses pagados para la adquisición.

Bajo ese escenario varias empresas argentinas que en esa época eran sólidas financieramente, con activos considerables, y que generaban renta y pagaban impuesto a las ganancias en el país fueron vendidas a través de un esquema de apalancamiento financiero.

En breve síntesis, el comprador tomaba un préstamo (puente), el cual era utilizado para adquirir las acciones de la empresa pretendida. Posteriormente, la adquirente (fuertemente endeudada) y la adquirida, se fusionaban repagándose el préstamo con flujo de fondos (o activos) de la empresa adquirida, y deduciendo los intereses pagados para la compra.

La adquisición apalancada

Supermarkets Acquisition S.A. fue constituida el 12 de septiembre de 1996 con el objeto de llevar a cabo actividades de inversión. Su principal accionista era una sociedad constituida en las Islas Cayman. El 27 de noviembre de 1996 Supermarkets Acquisition S.A. aprobó préstamos por valor de 84 millones de dólares y 125 millones de dólares para abonar el precio de compra de la totalidad de las acciones de Compañía Americana de Supermercados S.A. e inmediatamente después resolvió emitir obligaciones negociables por un importe de hasta  220. millones de dólares a fin de cancelar los préstamos mencionados.

Posteriormente Supermarkets Acquisition S.A. absorbió a Compañía Americana de Supermercados S.A., cambió su denominación social por la de Supermercados Norte S.A. y adaptó su objeto social a las actividades que venía desarrollando la empresa adquirida.

Impuesto a las Ganancias y el ajuste del fisco

La AFIP había determinado de oficio la obligación tributaria de Supermercados Norte S.A. en el impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos fiscales 1998 y 1999, y ajustó los quebrantos declarados en 2000 y 2001, considerando que la empresa había deducido improcedentemente intereses y gastos originados en la emisión de obligaciones negociables, pues según el criterio del organismo recaudador la operación no se encontraba destinada a obtener, mantener y conservar ganancias gravadas.

Para ello tuvo en cuenta que los fondos obtenidos mediante la colocación de los referidos títulos habían sido aplicados a la refinanciación de la deuda que la empresa había contraído previamente para cancelar el precio de compra de la totalidad del paquete accionario de la compañía.

El TFN había revocado el ajuste efectuado por la AFIP considerando que la deducción era correcta, pues de la escritura que formalizó la fusión por absorción de Compañía Americana de Supermercados S.A. por parte de Supermercados Norte S.A. surgía que el objeto social de esta última incluía las actividades financieras y de inversión, “entre las que están la emisión de obligaciones negociables”.

Asimismo, señaló que la ley 23.576 había creado un régimen tributario especial que prevalece sobre la ley del impuesto a las ganancias, por cuanto el art. 37 de aquella establece que la entidad emisora puede deducir la totalidad de los intereses en cada ejercicio en el tributo mencionado, en la medida en que se trate de obligaciones negociables colocadas mediante oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores.

También, precisó que en el art. 81, inc. a, de la ley de Impuesto a las Ganancias, el legislador matizó “el principio de pertenencia de la deuda con relación a las personas físicas y sucesión(es) indivisas, mientras que en las personas jurídicas parece haber prescindido de ello, existiendo solamente limitaciones en base a proporciones al monto del pasivo y del patrimonio neto”.

Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó, por mayoría, la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.

La sentencia de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 15 de julio último revocando lo decidido en las instancias anteriores y resolviendo cuestiones que venían siendo discutidas desde hace años.

Por un lado, la CSJN sostuvo contrariamente a la conclusión a la que se llega en la sentencia del Tribunal Fiscal que la aplicación del citado “principio de pertenencia” o “principio de afectación patrimonial” en materia de deducción de gastos que surge del inc. a del artículo 81 no queda limitada a las personas físicas y sucesiones indivisas —que tributan según la teoría de la “fuente”. Es decir, sobre aquellos rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación—, sino que también se aplica a los sujetos “empresa” —que tributan según la teoría del “balance”.

Consiguientemente entiende que estos últimos “…no se encuentran autorizados para deducir sus gastos en forma promiscua según lo propone la tesis de la “universalidad del pasivo”.

Como conclusión el máximo tribunal entendió el endeudamiento incurrido por Supermarkets Acquisition S.A. no tuvo por finalidad llevar a cabo operaciones dentro del giro comercial efectivamente desplegado por Supermercados Norte S.A., consistentes en generar ganancias gravadas a través de la explotación de supermercados, ni la de mantener o conservar su fuente, sino la de abonar el precio de compra de las acciones de la adquirida; por lo que los intereses no resultaban deducibles.

Asimismo, respecto de la normativa específica de la Ley 23.576 (de Obligaciones Negociables), entendió que dicha norma admite la deducción de la totalidad de los intereses, actualizaciones, gastos y descuentos de emisión y colocación devengados por la obtención de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que cuenten con la autorización de la Comisión Nacional de Valores para su oferta pública, en la medida en que tales fondos sean aplicados al financiamiento de actividades productivas de la empresa emisora; situación que no se evidenciaba en el caso.

Consideraciones

Como bien lo refiere el Cimero Tribunal, la normativa diseñada en ese momento estaba encaminada a producir y fomentar un crecimiento sostenido del mercado de títulos para sostener el financiamiento no inflacionario de la producción, atrayendo la repatriación de capitales argentinos en el exterior.

La realidad fue otra; sin lugar a duda, una experiencia para tener en cuenta por quienes se encargan de diseñar propuestas para futuras reformas tributarias.

* Luis M. Capellano es Contador Público, Mag. en Derecho Tributario (Universidad Austral), ex Sub Secretario de Ingresos Públicos de la Nación 2010-2015.

** Daniel Domínguez es Abogado, LLM en Tributación Internacional (Universidad de Florida).

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