Los refranes han formado parte de nuestra cultura popular desde que se tiene memoria y se puede definir así a ese conjunto de experiencias desarrolladas por un grupo de personas en un marco geográfico que, con el suficiente tiempo y una evolución organizativa para la toma de decisiones dan paso a un Estado Nación y construyen, en y para él, su acervo cultural.

De entre miles de esos dichos, y de la infinita representación oral de situaciones que ameritan su recuerdo, me retumban en los oídos la frase favorita de mi abuela materna: “ No hay peor sordo que el que no quiere oír”. La pandemia nos depositó en una cabecera de playa más dificultosa que las de Omaha o Utah.

A fuerza de muchas bajas, cada gobierno, en cada país, fue constituyendo sus espacios de desembarco y recorriendo su frente de lucha contra el coronavirus.

Ninguna autoridad del mundo sabe si sus decisiones serán las que los reivindiquen en el tiempo del balance. Y me atrevo a anticipar que, los balances no podrán ser comparados, pues la secuelas de las políticas de la emergencia, persistirán por varios años. Para bien o para mal.

Como en la aproximación del título de esta nota, pero en un siglo en el que sería políticamente incorrecto o, lisa y llanamente, inaceptable que el protagónico lo tuviera “la esposa del médico”, todos buscamos a quien nos guíe en la pandemia.

Ajustando la metáfora inicial a nuestras costumbres, nos tapamos los ojos y nos empecinamos en no oír las recomendaciones sanitarias, ni las (durísimas) predicciones económicas. Todo potenciado por el sabor incomparable de nuestros métodos argentos.

Deuda, jurisdicción y la hora de la salida

Para lograr un combo inigualable y asegurar nuestras delicias autóctonas, la renegociación de la deuda se ha centrado en la máxima que exigen los bonistas. La cuestión no pasa por uno o dos dólares más por plancha de 100. Quieren lograr, otra vez, la jurisdicción norteamericana. Una derrota que se repite desde que Menem la impuso por tratados y leyes de internalización y que, como toda letra chica, no gana los titulares pomposos y clichés “ patrióticos “ que se usaron en el canje de Lavagna o con YPF , pero que como ya sabemos nos somete a la justicia neoyorquina.

Mientras parece que la hora de la salida se acerca , la política retoma el centro de la escena, admitiendo que la cuarentena cerrada no da para más.

La inseguridad sube ante la profundidad de la crisis y las excarcelaciones por COVID fueron demasiado permisivas con los detenidos reincidentes por hechos violentos. La seguridad estará peleando la agenda con la economía en los próximos meses.

Y ahí, en el final del túnel, aparece una iniciativa con la que ya trabajamos en esta columna y que va formando una importante musculatura institucional. Gobierno y oposición coinciden en la necesidad, lógica básica, de no tratar con las leyes de la normalidad la situación que enfrentaran las MiPyMEs durante la reapertura del mercado.

El “normal” esquema de concursos y quiebras condenará al cierre a una de la mayores fuentes de empleo del país. Los costos e intervenciones judiciales deberán esperar. Se impone un bypass para llevar al 2021 el horizonte de las obligaciones publicas y privadas de las personas físicas y las pequeñas y medianas empresas.

Proyectos del gobierno, de Cristian Ritondo (Pro), Graciela Caamaño (CF) y Carlos Selva (FdeT), coinciden en trazos generales sobre la necesidad de “cuidar” las empresas nacionales y modificar la ley de quiebras y concursos para darle tiempo al mercado a reponerse, no destruir los últimos eslabones de la dañada cadena de pagos y no generar más desempleo. Una coincidencia, como la del plasma, que nos da esperanza en la dirigencia.

Cuando se pase la sordera, y nos volvamos a escuchar, quizás no haga falta un ensayo sobre la audición, ni un tsunami de votos en blanco que ponga en riesgo la democracia que supimos conseguir.

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Alberto Biglieri

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