Desde que el FMI tomó el control de las decisiones económicas más importantes de Argentina, a mediados del año pasado, el sector financiero se consolidó como el rubro más favorecido por el modelo económico. Mientras que la gran mayoría de los hogares perdieron poder de compra y los emprendimientos productivos y comerciales, en especial los integrados mayoritariamente por pymes, debieron afrontar fuertes reducciones de rentabilidad e incluso pérdidas, suspensiones y despidos, el sector financiero fue incrementando aceleradamente el ritmo de crecimiento de sus ganancias hasta un nivel que, por las pobres condiciones del resto de la economía nacional, es obsceno. Y lo más lamentable es que esa dualidad observada que incrementa la desigualdad y la exclusión no es resultado del éxito derivado de decisiones estratégicas de inversión del sector privado, sino que ha dependido del tráfico de influencias para la aplicación de políticas públicas.

Desde niveles elevados, la rentabilidad de los bancos y financieras acumulada de los últimos doce meses registrados (de junio de 2018 a mayo de 2019) creció un 157%, contra una inflación que alcanzó, en el mismo período, un 57%, según el Indec. Medida en dólares, la mejora fue de 34% y la ganancia totalizó 6.609 millones de dólares. Son valores de crecimiento de la rentabilidad inalcanzables en cualquier economía capitalista para un sector concentrado de la economía que, además, lo consigue en un escenario de recesión. Pero no es casualidad. Es justamente el comportamiento abusivo de las políticas económicas en favor de sectores de poder aliados, como el financiero pero también de las empresas de servicios públicos concesionados, lo que genera una brutal transferencia de riquezas y el hundimiento de las actividades productivas y de los trabajadores.

La rentabilidad de los bancos y financieras en los doce meses previos a mayo fue de 157% contra una inflación de 57%

La orientación de estos resultados no debería provocar sorpresa, aunque su magnitud sí impresiona. El FMI es la asociación más poderosa de representación del sector financiero a nivel mundial. Bajo su injerencia y el mayor préstamo realizado en su historia, ha profundizado el rumbo de un gobierno que, con líderes en materia económica que provienen mayoritariamente también del sector financiero, enriquece a esos grupos de poder sin demasiado interés por su costo, más allá de su necesidad por sostener la gobernabilidad.

Al explorar entre los distintos grupos de bancos, los que más rentabilidad obtuvieron fueron los bancos extranjeros por amplio margen sobre el resto y, en particular, respecto a la banca pública. En el referido período analizado, los bancos extranjeros alcanzaron un incremento de su rentabilidad del 280%. Recordemos que la inflación fue muy alta, pero el crecimiento de esas ganancias fue casi 5 veces superior. Son cifras extraordinarias que difícilmente tengan antecedentes a nivel mundial. Hasta mayo de 2018 la banca extranjera había acumulado ganancias anuales en dólares por 1.345 millones y, en los siguientes 12 meses, a pesar de la devaluación que, en teoría, debería haber comprimido su capacidad de generar rentas en dólares, tuvo ganancias equivalentes a 2.565 millones de dólares, prácticamente el doble con una moneda local que pasó a valer alrededor de la mitad y sin que esas entidades tengan capacidad de exportación de sus servicios financieros. La vedette de las decisiones a su favor fue la fijación de tasas de interés (leliqs de acceso exclusivo para bancos y prácticamente sin riesgos dado que el Banco Central a lo largo de su historia nunca dejó de pagar sus obligaciones) muy por encima de las expectativas de inflación y también de la inflación registrada.

Curiosamente, la banca pública, comandada por funcionarios nacionales con acceso a mejor información para la toma de decisiones o que podrían haber oxigenado con préstamos a la muy golpeada actividad productiva y al consumo, registró ganancias que crecieron 93% en pesos y 17% en dólares. Estos porcentajes serían extraordinariamente altos para cualquier rama de la producción local pero que, en comparación con el resto de los sectores bancarios, fueron mediocres.

Con un poco más de conciencia y claridad sobre este fenómeno que no sólo empobrece a las familias y a las empresas productivas y comerciales, sino que también retrasa y disminuye la capacidad productiva, las declaraciones de Alberto Fernández no habrían generado tanta polémica respecto a la necesidad de regulación de las ganancias de los bancos a través de las leliqs y la necesidad de transferir ingresos a los sectores más vulnerables, como los jubilados.

Desgraciadamente, el gobierno repitió un modelo que, bajo el supuesto de único plan de acción posible, premia desenfrenadamente al negocio de los bancos y, a través de sus múltiples portavoces, advierte que cualquier salida implicaría un caos mucho peor de lo que ya estamos viviendo. Es una falacia, el gobierno debe y puede cambiar los incentivos para que la actividad productiva vuelva a ser rentable. De otra forma, la riqueza decreciente que el país viene generando en los últimos casi cuatro años quedará aún más concentrada y el modelo solo podrá ser transitoriamente sostenido con más endeudamiento.

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