Dos meses atrás, apenas supo que la venta de Edenor iba en serio, Alberto Fernández citó a Marcelo Mindlin a la Casa Rosada. El zar de la energía fue solo.

—¿Por qué vendés? —le preguntó.
Hice una apuesta grande por el Plan Gas y necesito la plata. No tenemos crédito afuera y quiero concentrar el negocio ahí. Y además estoy cansado de ver mi foto en los diarios cada vez que hay un corte de luz.
—Mirá que yo no tengo ningún interés en que vendas, eh. Ni yo ni nadie del gobierno. Si alguien te dijo eso, te mintió.

El Presidente no se inquietó tanto por el impacto negativo que podía generar en el mundo de los negocios una desinversión millonaria por parte del dueño de Pampa, la mayor compañía del sector, como por el nombre del interesado en comprarle Edenor. Supuso que falsos influyentes podían haber convencido a Mindlin de que el exministro del Interior menemista José Luis Manzano podía aprovechar su predicamento sobre el peronismo -especialmente sobre Sergio Massa- para obtener del Ejecutivo aumentos de tarifas más jugosos que él. O una refinanciación provechosa de la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) estatal. También temió por las inversiones que necesita Edenor para mantener su red. A Manzano lo preceden su fama y su gestión de Edemsa, la distribuidora de su Mendoza natal.

El deterioro estructural que arrastra el sistema eléctrico de la época de los congelamientos tarifarios de Julio De Vido y que no revirtió pese al tarifazo inédito de Juanjo Aranguren es también la razón por la cual Fernández descarta de plano estatizar, como propone para Edenor el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación. Si no hay plata para sostener una nueva cuarentena aunque la segunda ola de COVID-19 sea peor que la primera, menos la hay para enterrar cables de baja tensión. Aunque vuelvan a reclamarlo por Twitter los intendentes de Zona Sur, tampoco intervendrá Edesur porque se lo prometió un año atrás al premier italiano Giuseppe Conte. Mientras no haya cortes masivos, la cosa fluye: todos cruzan los dedos para que enero siga templado.

A Manzano y al industrial químico que sumaron a la aventura, Mauricio Filiberti, el también mendocino Daniel Vila les aseguró esta semana que la compra ya cuenta con la bendición de Cristina Fernández de Kirchner. Es un dato clave por el control político que ejerce la vicepresidenta sobre toda el área energética, tanto a través del secretario Darío Martínez como de los jefes de los entes reguladores del gas y la electricidad. La arquitectura de las privatizaciones que idearon en los 90 el propio Manzano y su amigo Roberto Dromi, a la postre asesor legal de De Vido, exige la venia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para el traspaso de cualquier concesionaria de servicios públicos.

Si ese aval no llega, Mindlin ya avisó que esperará sin patalear que aparezca otro candidato. Procura cuidar la relación con el Gobierno y hasta quisiera volver a hablar con Cristina, quien le retiró el saludo después de una carta que él le mandó en 2012 para reclamarle que descongelara las tarifas y que llegó en simultáneo a un diario. Donde el kirchnerismo vio una operación mediática él asegura que hubo una traición de un gerente. Todavía recuerda los años felices de la relación, cuando su propia familia lo cargaba porque la entonces mandataria lo trataba con tanta cordialidad como para destacarle su “bronceadito” en una inauguración.

Filiberti, dueño de Transclor y proveedor monopólico del cloro que usa AySA para potabilizar agua, es el mejor cliente de Edenor. Su factura de luz del mes pasado sumó 27 millones de pesos. Sus amigos en el establishment dicen que su interés por el negocio eléctrico no es nuevo y que ya pulseó sin éxito por un parque eólico con Vestas y por una central de ciclo combinado con el propio Mindlin. También se desvive por desmentir que Mauricio Macri haya pasado varios días en su yate Attila, como publicó días atrás el portal LaPoliticaOnline. Jura y perjura que el magnate belga Bruno Barbier, padre de la hija mayor de Juliana Awada, le dijo que iría a almorzar “con un amigo importante” y le cayó de sorpresa con Macri y familia. “Se fue después del almuerzo y encima estuvo casi todo el tiempo con el celular porque se había muerto (el CEO de Vicentin, Sergio) Nardelli”, repitió esta semana ante quien quisiera oírlo.

Afortunados

Antes que termine enero, según aseguraron a BAE Negocios inmejorables fuentes oficiales, se publicará el decreto reglamentario del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas impulsado en el Congreso por Máximo Kirchner y Carlos Heller. Después de eso habrá que esperar la resolución general de la AFIP para terminar de conocer los plazos y metodología de pago. El vencimiento será entre marzo y abril porque la ley fija un plazo de 60 días para quienes quieran repatriar parte de los patrimonios radicados en el extranjero y tributar una alícuota menor.

La fecha es importante porque coincide con el tramo final que imaginan para la negociación con el Fondo Monetario los encargados de pilotearla. Sergio Chodos mantuvo esta semana las primeras reuniones del año, todavía por videoconferencia desde Buenos Aires, y no descarta que el programa incluya fondos frescos adicionales a los 44.000 millones de deuda que tomó Macri y que hay que refinanciar. Martín Guzmán le puso un tope: ese capital impago y los intereses acumulados hasta ahora.

Lo problemático no es eso sino las condiciones que empieza a exigir el Fondo. Una de ellas es que el déficit de 2021 no sea financiado en un 60% con emisión monetaria, como establece el Presupuesto, sino en menos del 40%, y que el resto sea deuda en pesos. Guzmán también quiere que el Banco Central reduzca su pauta de emisión y repite hacia adentro que hay un “estrecho desfiladero” fuera del cual todos los pesos se van al dólar paralelo y empujan primero la brecha, después la cotización oficial y finalmente los precios. “Lo peor que puede pasarnos en el año electoral es una devaluación”, insiste.

En eso coinciden todos los economistas del oficialismo. Pero ahí se agota el consenso. Tanto en el Banco Central como entre los consultores en los que más confía Cristina arrecian las dudas sobre las locomotoras que imagina Guzmán para la “reconstrucción” de 2021. ¿Cómo revivirá el consumo si el salario real formal medido por el Ministerio de Trabajo (RIPTE) volvió a caer en noviembre y se ubicó en el segundo nivel más bajo de los últimos 11 años después del de diciembre de 2019? ¿Le ganarán los sueldos a la inflación récord del 4% que cantó ayer el INDEC para diciembre? ¿Cuánto empuja que recuperen en promedio 4 puntos porcentuales durante 2021, como prevé el Presupuesto, después de haber sacrificado 25% en tres años? ¿Acaso puede aspirarse a que gasten más quienes consiguen trabajo después del retroceso que detectó el SIPA para octubre? ¿No siguen siendo casi 500 mil empleados menos en relación de dependencia que los que había en octubre de 2017?

Detrás de Kristalina 

Los signos de interrogación no terminan ahí. Aunque esté descartada cualquier forma de nueva cuarentena por la falta de fondos ¿cuánto más habrá que sumar a los $13.000 millones que asignó Guzmán a la partida de vacunas contra el COVID-19? ¿No hace falta apuntalar de nuevo la actividad tras el rebrote, así como se reabrieron muchas salas de terapia intensiva? ¿Por qué el estrecho desfiladero no puede ensancharse un poco hacia el lado de la heterodoxia, si todavía la emisión monetaria de 2020 no compensó en términos reales la aspiradora inédita que puso en marcha Guido Sandleris con su política de “emisión cero” en plena corrida cambiaria con disparada inflacionaria?

Si la inflación no es un fenómeno monetario sino multicausal y en esa teoría coinciden el Central y Economía ¿no puede el Estado reorientar la demanda efectiva de tal modo que suba la demanda de pesos en vez de los precios? ¿No gasta inmediatamente todo lo que recibe del Estado una familia bajo la línea de pobreza? ¿Es indefectible que en la segunda o tercera ronda los pesos que cobra el beneficiario de un IFE vayan al dólar financiero o incluso al blue, como argumentan desde Economía? ¿No se les podría ofrecer a los supermercadistas o al oligopolio de la alimentación un bono en pesos atractivo para evitar que se dolaricen y que “el crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos”, como dijo la vicepresidenta en la ciudad natal del ministro?

Guzmán reivindica su cautela y mantiene firme el timón, empoderado aún más por el recambio de segundas líneas que le habilitó el Presidente. Sostiene puertas adentro que la locomotora va a ser la inversión pública y que el Fondo no va a imponer ningún ajuste del gasto. Le juega a favor el boom de los cereales y granos, que prometen acarrear más dólares al país y más recaudación al fisco. Por eso evitó reponer las retenciones que pagaba el maíz en 2015 (20% frente al 12% actual) y avaló la estrategia de Luis Basterra de cerrar las exportaciones para sentarse a negociar. Por ahora, pese a la sobreactuación de la dirigencia ruralista, hay más zanahoria que garrote.

Lo que sigue abierto, además de la renegociación de la deuda con el Fondo, es la discusión del oficialismo con el establishment por el tamaño que cada uno imagina para el Estado. La primera de esas partidas simultáneas se dirime en clave geopolítica y conviene más seguir la mano que mueve las piezas (la de la próxima jefa del Tesoro, Janet Yellen) que las piruetas que hagan la reina Kristalina o el alfil Cubeddu. La segunda es más compleja y cada vez más aguerrida, como se vio con Paolo Rocca en el escenario de ProPymes en diciembre y con los maiceros en las rutas esta semana. Y con tablas no alcanza, porque un empate es estancamiento y deriva anodina para el resto del mandato.


 

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Alejandro Bercovich

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