Nos encontramos frente a un escenario bastante particular como resultado del Covid 19. Por un lado, las economías regionales se encuentran, como la Argentina en un momento de crisis. Por otro lado, en el 2020 las nuevas tecnologías han tenido un crecimiento exponencial. A partir de lo mencionado precedentemente cabe preguntarnos si podríamos establecer una relación entre las crisis económicas y las nuevas tecnologías como una posible solución para la reactivación económica de los distintos países.

Como bien sabemos las multinacionales son los agentes económicos con mayor poder de movimiento dentro del mercado, y dentro de las economías, las nuevas tecnologías pueden verse en distintas actividades como pueden ser:

  •  Banca Digital
  •  Medios de pagos digitales
  •  Exchanges de Crypto
  •  Sotfware

La pregunta que debemos realizarnos es si los gobiernos podrán incentivar y fomentar el crecimiento y apoyo de las fintech, start ups, siendo estas los vehículos de las nuevas tecnologías, a través de distintas normas o leyes que incentiven dichas actividades con beneficios o incentivos fiscales.

Por un lado podremos entender que habrá estados que buscaran una posición de mayor proteccionismo en la cual cerraran sus puertas a otros países, y buscaran fomentar el crecimiento e incentivar la economía local, como asimismo habrá otros países que buscaran captar inversión extranjera mediante leyes de incentivos fiscales, como países que buscaran incentivar la economía interna como la externa.

En el presente articulo hablaremos de la situación en la Argentina y en Uruguay, intentando explicar cuales son los regímenes aplicables en materia de incentivos a las nuevas tecnologías.

El caso de Argentina

En el caso argentino contamos con el llamado Régimen de la Economía del Conocimiento, la cual fue sancionada en el 2019, como la continuadora del régimen la le ley de promoción de software, buscando incentivar la economía local, como la economía externa a través de una serie de incentivos o beneficios fiscales para distintas actividades del rubro de tecnología, la misma fue sancionada mediante la ley 27.506, luego en 2019 fue suspendida durante casi un año y recientemente mediante la ley 27.570 y el decreto 1034/2020 la misma fue reactivada.

Asimismo analizaremos algunos puntos fundamentales sobre el decreto 1034/2020 el cual regula el régimen en cuestión.

Comenzaremos con algunas de las diferencias más importantes introducidas en el régimen, la ley 27.570 realizo una clasificación entre pymes, medianas y grandes empresas, en relación a los porcentajes para obtener los beneficios, como en relación a los requisitos para poder acceder al régimen.

Un claro ejemplo puede verse en el beneficio sobre la reducción en el impuesto a las ganancias, en el cual las pymes tienen un 60% de reducción, las medianas empresas un 40% y las grandes empresas un 20%.

Uno de los planteos mas comunes con respecto a esta clasificación en el beneficio es preguntarse, si es correcto que un contribuyente como una SA que produce mayor nivel de intercambio en la economía a nivel macro, reciba menores incentivos que una pyme. Por otro lado esta la otra postura la cual plantea que es conducente que un contribuyente con menos capacidad contributiva reciba un mayor incentivo para poder tener competitividad en el mercado.

Los cambios que incluye el nuevo régimen

Otro de los grandes cambios efectuados en el texto de la norma, hacen referencia a que los contribuyentes deberán de dar cumplimiento a las obligaciones previsionales, impositivas, gremiales y laborales, obligaciones no previstas en la antigua norma.

Asimismo la nueva normativa también hace un fuerte hincapié en cuestiones de género, sujetos vulnerados, al incluir en los sujetos pasibles del incentivo adicional a travestis, personas con discapacidad y personas en situación del vulnerabilidad.

Por ultimo el texto de la nueva norma amplia en su artículo 2 inc. E, las actividades comprendidas, agregando actividades como contadores, abogados, entre otros profesionales.

Ahora bien cabe preguntarnos si los cambios mencionados son justificación suficiente para que la ley haya estado suspendida durante casi un año, no pudiendo beneficiar a la economía a través de la generación de empleos, captar inversión extranjera, entre otras actividades.

¿Y la autoridad de aplicación?

El decreto 1034/2020 sancionado la última semana y que supuestamente debería regular el régimen de la actividad, no menciona en ningún apartado cual es la autoridad de aplicación de la ley, lo que genera gran confusión, toda vez que un decreto debería aclarar cuestiones tan importantes como la aquí planteada.

Nos encontramos con un decreto que básicamente fue copiado y pegado del anterior, si bien el decreto original (suspendido el año pasado) poseía 12 anexos donde se explicaba claramente cada procedimiento el decreto actual solo posee un anexo.

Al encontrarnos en un momento de crisis económica, se intenta acelerar el proceso de sanción de leyes con la finalidad de poder buscar que las mismas reactiven o incentiven la economía, una ley, decreto o resolución con falencias técnicas o jurídicas no posee una real efectividad en la economía, es por eso que es preferible que se espere un poco mas de tiempo y que las normas que sean sancionadas puedan poseer una real virtualidad jurídica y efectividad económica.

El caso uruguayo

Uruguay fue uno de los pioneros en incentivos fiscales en materia de tecnología para la industria del software y tecnología, luego del 2017 tuvo que adecuar su normativa interna ajustándola a la acción 5 del plan BEPS.

Ya que anteriormente se encontraban exoneradas o exentas las rentas provenientes de las exportaciones de servicios en el exterior, no respetando la acción 5 (del plan BEPS), de no discriminación, y de no distinción entre no residentes y residentes.

Actualmente para que las rentas provenientes de dichos servicios se encuentren exentas se deberá comprobar que por lo menos el 50% del gasto total relacionado con la actividad se ha llevado acabo en territorio uruguayo, aplicando el principio de territorialidad.

Por otro lado si se comprueba el primer requisito, se aplicara un coeficiente el cual determinara si la renta queda gravada o exenta, si el coeficiente arroja un resultado relacionado con el 0.5 o mas toda la renta queda exenta, en caso contrario la renta queda gravada.

Las exoneraciones se aplicaran a las rentas provenientes de las prestaciones de servicios de productos de soportes lógicos, como de otros productos y servicios.

Dicho coeficiente se calculara por empresa y periodo, sin tener en cuenta la cantidad de actividades que pueda prestar la empresa, si la empresa tiene 4 actividades 2 en el exterior, y 2 en el país se sumaran las 4 para el calculo del coeficiente, no se hará una individualización de las mismas.

Conclusión

Luego de haber analizado el caso uruguayo, el caso argentino y un análisis de la normativa interna de cada país, podemos entender que ambos países van en una dirección similar, intentando incentivar el crecimiento del rubro de la tecnología y asimismo buscando reactivar las economías que se encuentran dañadas como resultado del COVID 19.

Ahora bien cada caso es distinto:  en el caso Argentino como pudimos analizar cabe preguntarse si contamos con normativa eficiente o por el contrario simplemente con un decreto el cual no cumple con los requisitos para poder tener una real eficacia en la economía argentina.

Un claro ejemplo de la incertidumbre que se genera en el presente mediante el reciente decreto 1034/2020, es por ejemplo: que sucede con aquellos contribuyentes que se inscribieron en el registro de la LEC existente regulado por el anterior decreto, saliendo de los beneficios de la ley de promoción de software (LPS) y que se encontraron en una zona gris durante toda la suspensión del régimen de la LEC, el actual decreto nada aclara o dice sobre dicha situación, creando una laguna legal en dicho aspecto.

Será un interrogante si las nuevas tecnologías podrán ser utilizadas como herramientas para la reactivación de las economías regionales, todo dependerá de la postura del Eestado como de las empresas.

Si las empresas buscaran acceder a los beneficios y si los Estados les permitirán crecer a dichas empresas a través de incentivos fiscales.

*Abogado (UBA) y Contador Público (UBA).