La mayor visibilización de las problemáticas estructurales que afrontan las mujeres y otras identidades en distintos ámbitos ha favorecido que desde las políticas públicas se tomen cartas en el asunto para su modificación. El ejemplo más reciente lo podemos ver plasmado en el proyecto del Presupuesto 2022, en donde, de acuerdo con un informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, se estima que la asignación para políticas con perspectiva de género será equivalente a un 3,4% del PBI proyectado, lo que significa una suba real de 19,3% anual.

A continuación analizaremos la situación que atraviesa la población femenina para comprender la importancia de que desde el Estado se diseñen e impulsen medidas orientadas a reducir la brecha de género, así como también las políticas más significativas que promueve el proyecto de presupuesto.

Mujeres: pieza clave en el desarrollo económico

Cuando analizamos el nivel educativo que alcanzan las mujeres con respecto a los varones encontramos que no tiene correlación con lo que sucede en el mercado laboral. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del 2020, las mujeres alcanzan niveles más altos de educación formal: mientras que los varones con educación superior o con terciario completo o incompleto representan un 30%, las mujeres equivalen al 36%. Sin embargo, la misma fuente indica que, considerando los varones, su tasa de empleo es del 57,7, mientras que en el caso de las mujeres es del 39,4.

A su vez, esta brecha se profundiza notablemente cuando se trata de las edades centrales, que van de los 30 a los 64 años. En otras palabras, aunque ellas se educan más, encuentran mayores dificultades para acceder a un trabajo formal. De tal manera, existen mujeres formadas que no consiguen acceder a posiciones laborales para las cuales resultarían idóneas y sus capacidades terminan siendo subaprovechadas en el entramado productivo.

Ahora bien, cuando lo logran, ¿dónde se insertan las mujeres en el mundo laboral? Las ramas de actividad con mayor participación femenina son hogares empleadores de personal doméstico, salud y servicios sociales y enseñanza. Las dos últimas han demostrado, más que nunca, ser fundamentales en la gestión de la pandemia. El sostén proporcionado por las mujeres en estos sectores fue crucial, aún con las dificultades que atraviesan en sus propios hogares por el tiempo y la dedicación que destinan a las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.

Retomando a las mujeres que trabajan como personal doméstico, observamos un conflicto que, en líneas generales, termina afectando más a las mujeres que a los varones: la informalidad. El nivel de informalidad femenino en este sector es aproximadamente del 70% y sus salarios se ubican dentro de los deciles de menores ingresos. Acerca de esto, cabe destacar lo siguiente: en primer lugar, que repercute en el poder adquisitivo y en las posibilidades de acceder al sistema previsional de las mujeres que son jefas de hogares y tienen niño/as a cargo. Segundo, que también proporcionan un gran sostén para otras mujeres que acuden a estos servicios en un intento por ingresar y mantenerse en el mundo laboral. Una suerte de tejido de cuidados autogestionado entre las propias mujeres.

Presupuesto con perspectiva de género

Atendiendo a los factores anteriores, y al hecho de que la pandemia actuó en mayor detrimento de la desocupación femenina, el proyecto de Presupuesto 2022 menciona que "ubica a las mujeres y a las diversidades ya no solo como destinatarias en las medidas de protección ante la crisis sino también en la estrategia de recuperación y desarrollo, fortaleciendo la infraestructura en los cuidados y diagramando estrategias de inclusión en sectores estratégicos de la economía".

En este sentido, el citado informe de la Universidad Nacional de Avellaneda destaca los esfuerzos que serán realizados en materia de género desde los dos carteras con mayor crédito asignado para tal fin: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con una participación del 76,7%, y el Ministerio Desarrollo Social, con un 19,9%.

Bajo la órbita del primero se ubica Anses, que explica el mayor presupuesto para políticas con perspectiva de género, principalmente a través del incremento real del 6,2% de la partida "prestaciones previsionales por moratoria previsional". El crecimiento de la misma se debe, en gran parte, a la incorporación de 185.000 mujeres a la cobertura previsional a través de la implementación del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado, las cuales se habían visto perjudicadas al no extenderse el año de corte de la moratoria previsional.

Con respecto al presupuesto destinado para políticas con perspectiva de género asignado al Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra que el 59% se corresponde a la Tarjeta Alimentar, que garantiza que los menores de edad accedan a la canasta básica y se considera una política con perspectiva de género ya que, en su mayoría, las titulares son mujeres. La variación en términos reales con respecto a 2021 que presenta el presupuesto para la Tarjeta Alimentar es del 108,6%, lo cual denota que el Estado reconoce la necesidad de complementar el ingreso femenino para mejorar el sostén de estos hogares en situación de vulnerabilidad.

En tercer lugar, se ubica el Ministerio de Educación, cuyo presupuesto asignado a políticas con perspectiva de género fue del 1,7%. No obstante, aquí se destaca el fortalecimiento de la estructura de cuidados que el proyecto pretende promover a partir de la fuerte suba del 131,1% real para el programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes.

Es notorio el cambio que se observa en la política a la hora de abordar la temática de género y sus implicancias. Y todo indica que llegó para quedarse.

*Economista e integrante de Paridad en la Macro 

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