Aunque cueste creerlo, el caso Vicentin ocupa más el tiempo de los CEO´s, empresarios y entidades que la negociación de la deuda. En el sector privado se apoyan en la intervención de la sexta exportadora de cereales del país para acelerar el armado empresarial de la post pandemia. Y, como pasa siempre cuando hay armado, también hay trabajo de parto, dolor y heridos.

En el día a día de la crisis, hay preocupación por la suba de los contagios en AMBA, de hecho esta semana ya comenzaron a confirmarse casos positivos en algunas empresas de sectores que se habían habilitado recientemente y que ahora decidieron por sí mismas volver a fase uno. Ante la extensión de la cuarentena en AMBA, crece la incertidumbre por los pagos de salarios y las demoras en la cadena de pagos y también las caras largas por las tardanzas por parte de la banca privada en el otorgamiento de los créditos de asistencia. La banca pública se carga al hombro gran parte de la crisis; por ejemplo el Banco Provincia, que preside Juan Cuattromo, ya otorgó créditos por más de 28.000 millones de pesos con tasas especiales, con los que asistió a más 7.500 pymes en las cuatro líneas RePyme  que existen desde enero, y el financiamiento lanzado durante la emergencia sanitaria.

Mientras la pandemia tiene su propia dinámica, en las entidades empresariales se producen realineamientos sabiendo que la discusión que vendrá para reactivar la economía luego de la crisis tiene una colectora por la que transita otra discusión: ¿qué rol tendrá el sector privado? ¿Tendrá o no injerencia el sector público? Ya hubo cambios en la conducción de IDEA, donde Roberto Murchison asumió la presidencia y también en la Cámara de la Construcción, donde Iván Szchet, busca darle oxígeno a un sector que viene de ser acusado en la justicia de corrupto. También en el campo se anticipa para fines de este año una pelea con fuste: el actual presidente la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, tendrá nuevamente que enfrentar elecciones internas con la mismos contrincantes que lo disputaron en las elecciones anteriores, donde pisan fuerte Nicolás Pino y Martín Goldstein (hombres considerados muy cercanos al ex timonel de la entidad y ex ministro Luis Miguel Echevehere). Desde este sector al actual timonel lo acusan de haber pedido asistencia al Gobierno para pagar sueldos con el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). En la actual cúpula ruralista confían en que repetirán los resultados de las últimas elecciones, donde se impuso holgadamente esta mesa directiva.

Donde sigue habiendo un mar de fondo agudo es en la Unión Industrial, que preside Miguel Acevedo. Desde que esta entidad difundió un comunicado por el caso Vicentin calificado de “tibio/demasiado diplomático” (por reproducir únicamente lo que la elegancia discursiva permite) la cúpula fabril no volvió a reunirse. El convite será el martes próximo. El malestar fue tan grande que 10 uniones industriales del NEA y el NOA sacaron su propio comunicado días después. Manifestamos una gran preocupación por las disposiciones sobre la  anómala intervención con fines de expropiación de la empresa privada Vicentin e implica despojar a los empresarios del derecho de propiedad, sostuvo ese documento al que accedió BAE Negocios.

Curiosa y paradójicamente, los comunicados  más duros como los de AEA, el Foro de Convergencia Empresarial, Copal coincidieron esta vez con espacios políticos con los que en otros momentos solían enfrentarse. Por ejemplo, el grupo de economistas nucleados en el Consejo de Empresarios Nacionales, que preside Pablo Challú y donde milita el ex secretario Guillermo Moreno. Desde allí remarcaron que la llave para salir de esta crisis es el sector privado porque el déficit se financia en un 60% con emisión y sólo el crédito para capital de trabajo hará posible la salida, como escribieron en un documento que le entregaron al Gobierno.

En fin, volviendo a los industriales quienes cuestionan al timonel fabril sostienen que de todos los comunicados privados, el de la UIA fue el menos beligerante y acusan al empresario de Aceitera General Deheza (grupo Urquía) de tener intereses personales en este juego debido a que en algún momento hubo conversaciones de negocios entre los Urquía y los Vicentin para que los cordobeses compraran la cerealera.

Eso no prosperó y en ambas grupos desmienten que haya habido nuevos o recientes intentos en la misma dirección. En el entorno cercano a Acevedo ratifican que el documento “respectó lo que se votó en la reunión de los directivos” y remarcan que Acevedo conduce una central empresaria que deberá seguir dialogando con el Gobierno para potenciar la reactivación de la economía cuando pase la pandemia. Creen además que detrás de estos cuestionamientos habría un pase de facturas por otras cuestiones y verán la mano de algunos directivos del Grupo Techint, socia troncal de la UIA y una de las empresas que habría pedido más pimienta en el comunicado fabril.

Acevedo fue el gestor de la reunión que se realizó el 3 de junio en Olivos con los dueños de la inversión. Estuvieron con el presidente Alberto Fernández, Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufmann (Accenture), Daniel Herrero (Toyota) Luis Perez Companc (Molinos), Marcos Bulgheroni (Panamerican Energy), Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Mariano Bosch (AdecoAgro) y Martín Migoya (Globant). Sólo uno de los invitados faltó: el CEO del grupo Techint, Paolo Rocca. En esa empresa señalaron que justo ese día presidía una reunión de directorio de Tenaris a nivel mundial. En los comienzo del Gobierno de Fernández Techint amenazó con 1.500 despidos que luego quedaron en suspenso por un DNU y pidió un ATP que luego devolvió por cambios en las condiciones cambiarias del BCRA.

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Alejandra Gallo

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