Anteayer, a su regreso de Washington, Martin Guzmán almorzó con Roberto Feletti. El ministro de Economía y el nuevo secretario de Comercio conversaron durante más de dos horas sobre el congelamiento por 90 días de 1.430 productos de la canasta básica que había ordenado la tarde anterior el recién llegado, tras una semana de negociaciones infructuosas para anunciarlo junto a supermercadistas y fabricantes de alimentos. Ni Guzmán ni Feletti son entusiastas defensores del instrumento, pero ambos confían en que la tregua puede bloquear al menos uno de los tres motores que hoy empujan la inflación casi hasta el récord en 28 años que dejó el tándem Dujovne-Sandleris-Lacunza en 2019.

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El diagnóstico es compartido en el equipo económico, aun en medio de las internas paralizantes que lo cruzan desde el bofetón de las PASO. Opinan parecido tanto los dos comensales del miércoles como Matías Kulfas y su archienemiga Débora Giorgi, a quien el ministro de Desarrollo Productivo debió tolerar que Feletti trajera consigo, mezcla de venganza del tercer kirchnerismo con confirmación de los rumores de que Daniel Scioli lo reemplazará después de noviembre.

Todos y todas creen que la inflación volvió al superar en septiembre el 50% interanual (marcó 52,5%, apenas por debajo del 53,8% con el que se despidió Mauricio Macri) por tres razones:

1) La violenta disparada global post-pandemia de los fletes y de insumos difundidos como aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón, que empujó incluso la inflación mayorista de Alemania hasta el 14,2%, su récord desde 1974.

2) La emisión de pesos para financiar el gasto, que según el diagnóstico oficial alimenta la brecha cambiaria y con ella las expectativas de devaluación.

3) La recomposición de márgenes de ganancia por parte de grandes fabricantes y comercializadores de alimentos, que aprovechan el repunte del consumo y su poder de mercado para recuperar lo perdido durante la recesión.

La tregua por 90 días, consideran, no reemplaza a una estrategia integral contra la inflación pero puede emparchar el tercer agujero de la manguera por el que no dejan de perder poder adquisitivo los salarios. El problema es que precisamente ahí se dirime la puja distributiva cuando la economía crece y nadie va a renunciar sin pelear a los márgenes recuperados. Menos ante una gestión que todos perciben grogui y con una oposición que promete otro giro de 180 grados si vuelve al poder en 2023. Es lo que explica las airadas negativas de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (COPAL) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) ante algo que todos los gobiernos piden -y que incluso pidió el anterior- cuando suena la alarma de las góndolas.

Terroristas y conspiradores

El platense José Sbattella, patriarca de los economistas heterodoxos en la universidad donde estudiaron Guzmán y los Kirchner, reclama modales más rudos. Ayer, por radio, el antiguo militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) dijo que “desabastecer es un acto de terrorismo” y que “la lucha de los gobiernos populares contra el autoritarismo empresario” requiere que se apliquen las leyes de modo más taxativo. Su voz remite a épocas más audaces del kirchnerismo, en la primera década del siglo, aunque tampoco entonces se imponía con nitidez ante otras más conservadoras. En el cuartel general del grupo Clarín, por ejemplo, todavía recuerdan que Sbattella había vetado como jefe del ente antimonopolios la fusión Cablevisión-Multicanal, apoyado en investigaciones de la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó. Un veto que finalmente consiguieron revertir, el último día de la presidencia de Néstor Kirchner, gracias a los buenos oficios de Guillermo Moreno.

La situación hoy es muy diferente. La derrota de las PASO fue tan sorpresiva y violenta que redefinió roles y equilibrios dentro del Frente De Todos. El trasvasamiento del poder recién empezó a insinuarse con el aterrizaje en la Casa Rosada de Juan Manzur, que se le coló a Sergio Massa en la carrera hacia el sillón de Rivadavia con un claim de marca parecido al suyo, y con la resignación de Axel Kicillof de tres sillas en su gabinete para que los intendentes no lleguen a 2023 “conspirando con la oposición”, como cuchichean en La Plata.

Si la derrota es todavía peor el 14 de noviembre, como sugieren las mismas encuestas que erraron en septiembre, todos saben que son fusibles. Lo que habrá en juego en ese caso es mucho más un cambio de nombres en el gabinete. Pero si el oficialismo logra recortar la diferencia, parte del equipo económico confía en su propia continuidad. A Guzmán, por ejemplo, todos lo imaginan en su puesto hasta la firma del acuerdo con el Fondo Monetario para renegociar la deuda que dejó como herencia Macri. Lo que está en debate es si también va a pilotear la negociación permanente que sobrevendrá con Washington después, en caso de que se firme.

El peronismo prefigura una especie de guerra de guerrillas, con choques cada tres meses con los hombres de negro que envíe Georgieva para supervisar el cumplimiento de las metas del programa que se pacten antes de marzo, fecha del primer vencimiento impagable. Alberto Fernández sabe que le van a exigir un ajuste fiscal adicional al ya ejecutado este año sobre partidas presupuestarias sensibles como las de jubilaciones, salarios públicos o prestaciones del PAMI. También que le van a plantear una flexibilización laboral, un tarifazo para achicar la cuenta de subsidios y un control más estricto de la emisión de pesos. Es lo que incluyó el staff del Fondo en todos los acuerdos firmados bajo la gestión de Kristalina Georgieva, apenas distinguibles de los de Christine Lagarde.

En la Rosada, no obstante, aseguran que no tienen por qué seguir esa hoja de ruta. “Ellos nos van a amenazar con que no desembolsan y nosotros les diremos que entonces no les pagamos. Ahí está nuestra ventaja frente a la situación de Macri, que necesitaba los fondos frescos para sostener la fuga de divisas, o frente a la de (Fernando) De la Rúa, que los pedía para poder ejecutar el presupuesto. Nosotros los necesitamos solo para pagarles a ellos mismos”, distinguió ante BAE Negocios uno de sus estrategas.

Bajo el puente


La amenaza de patear el tablero, indispensable en cualquier negociación donde se procure correr los límites que marca la contraparte, luce poco creíble luego de las promesas de acuerdo “sí o sí” que se oyeron de boca de Manzur en Wall Street y en el almuerzo de la semana pasada con un puñado de empresarios top. Y sin embargo, es algo que puede ocurrir incluso sin que lo decida el Presidente.
 

¿Quién garantiza que el oficialismo vaya a reunir los votos para aprobar el acuerdo en el Congreso, como se comprometió a hacerlo Fernández apenas asumió? ¿Y si algunos de los propios le retacean los votos y tiene que apoyarse en los de la oposición de derecha para avalar el pacto? ¿Qué clase de cogobierno surgiría de un contubernio así?

No es La Cámpora la que amaga con ejercer ese veto al ajuste del FMI en el Congreso sino las organizaciones sociales, que contienen en los barrios el polvorín de la pobreza extrema. A Juan Grabois, por ejemplo, le responderán tres diputados después del 10 de diciembre. También el Frente de Izquierda promete engrosar su bancada. Aún marginales, son votos que pueden inclinar la balanza en un contexto de atomización. Y aunque no sean decisivos dentro del recinto, lo son afuera. Con el temido diciembre cada vez más cerca.

Se palpó en el Puente Pueyrredón durante toda la semana. Lo aterroriza a Juan Zabaleta, que se vio forzado a recibir ayer a los grupos piqueteros más duros después de que amenazaran con acampar y dormir en la puerta de Desarrollo Social, sobre la 9 de Julio. No es para menos. Como se vio hace 20 años, no hay volumen político que alcance cuando estalla el recipiente que lo contiene.
 

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Alejandro Bercovich

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