En la década del ’90, desembarcó en el país la experiencia chilena de las AFP, privatizando la seguridad social mediante la proclama de asegurar el futuro previsional de los individuos. Para ello, se celebraron contratos, afiliando a empleados de empresas, y en otros casos compulsivamente, con la promesa futura de que el dinero acumulado en la cuenta de capitalización individual y una renta dolarizada en bonos estatales y acciones asegurarían un futuro promisorio personal a la hora de retiro laboral, accidente, enfermedad invalidante o pensión en caso de fallecimiento.

Los vaivenes locales, no muy ponderables actuarialmente, demostraron que el argumento de proclama al que se apeló, inclinando la balanza hacia la capitalización, argumentaba lo siguiente: “Si optabas por permanecer en el sistema de reparto obteniendo una jubilación, integrada por una  prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia”, en caso de retirarse en el Estado, se iba a cobrar menos dinero que la denominada jubilación ordinaria del sistema anteriormente aludido.

En 2001, teniendo en cuenta lo mencionado, todo había cambiado. Los contratos previsionales pasaron a pesos y la renta se pesificó, en muchos casos unilateralmente. Ahora bien, el oportuno accionar de la Justicia mediante profesionales protagonistas de los cambios sociales, plasmados en incontables casos jurisprudenciales tales como “Coronel, Olga Beatriz c/Orígenes Seguros de Retiro S.A. y otro s/amparos y sumarísimos Sec. 2”, “Carabelli, Silvina Noemí c/ P.E.N. y otros s/amparos y sumarísimos” y otros tantos antecedentes, culminaron en pronunciamientos judiciales, en los que se ordenó el pago celebrado en dólares estadounidenses o el mínimo por ley garantizado en prestaciones previsionales a cargo del sistema de reparto asistido.

El Estado, en su rol protector, vuelve a socorrer de algún modo a los más vulnerables, quienes se encuentran incluso percibiendo muchísimo menos que la llamada “jubilación mínima”. A modo de racconto, debemos recordar que el Estado disuelve las AFJP, poco controladas por la SAFJP, absorbiendo los fondos de los afiliados, olvidando los aportes voluntarios, así como también los beneficiarios de renta vitalicia atrapados mediante un contrato de adhesión con una compañía de seguros, siendo objeto de un olvido legal imperdonable.

Jubilaciones, pensiones y Anses


La falsa premisa de que el sistema previsional argentino es deficitario siempre constituyó un argumento elocuente a erigirse para toda reforma previsional con un criterio economicista, ajustando de este modo los costos del sistema, pero no saneándolo.

Especialistas consultados al respecto se podrían proponer  escindir al Estado de toda responsabilidad cobertural y administrarse en forma autárquica al sistema, como bien funcionó durante mucho tiempo el IPS de la provincia de Buenos Aires, recuperando el dinero de los activos aportantes puestos a préstamos a otros estados o empresas particulares o en inversiones .

Otro punto no menos importante lo constituye el fomento al ahorro individual voluntario en cuentas previsionales. Un sistema mixto proporcionando una mejora clara en la faz individual de acuerdo con la capacidad de ahorro de cada persona teniendo en cuenta prestaciones adicionales al sistema de reparto. De este modo, se constituirían en agentes financieros individuales para la concreción de inversiones productivas en el país, manteniéndose siempre el Estado en su rol de contralor y corresponsable solidario con el patrimonio de los propios miembros a crearse.

La experiencia chilena de las AFP, creadas como unidades de negocio financiero nuevas, posibilitó que el Estado delegara en la actividad privada una función social esencial, como lo son la educación y la salud, entre otros pilares fundamentales.

En definitiva, parecería transformarse todo en una ecuación económica financiera que en período de prosperidad no se discute, pero en otros de adversidad, como el presente, se pone de manifiesto. El Estado, si la renta no aparece y el estallido social se avecina, tiene que socorrer a los efectos de no perder la confianza ciudadana.

Por ello se deja planteada la posibilidad, tal vez, de crear un sistema previsional mixto estatal y de ahorro individual, que cumpliría como garantía ciudadana tanto en momentos de prosperidad como de zozobra, los cuales llegan y no avisan, afectando a la comunidad en su conjunto.  La sinergia es posible, solo es importante convocar diversos actores sociales especialistas en la materia conforme con las necesidades de la realidad de nuestro país.

Existen diferentes escenarios corporales y sociales que nos enfrentan a grandes cambios de paradigmas. No es menor el dato, que ya en materia internacional se habla de una nueva frontera de legalidad. 
La división de poderes debe estar garantizada en todo Estado de derecho. Es la respuesta razonable que constituye nuestro proyecto ciudadano basado en el respeto de la persona humana. El Estado tiene que proporcionar la adecuada cobertura de las contingencias de la seguridad social, en el marco de su jurisdicción.

Es importante  que los ciudadanos conozcan sus derechos y que se remuevan obstáculos económicos y de todo tipo, para así lograr la igualdad ante la ley transformándose no solo en algo discursivo sino también en igualdad real de todo habitante, conforme con nuestra carta magna.

Igualdad real y material no es lo mismo, sino que se trata de una suerte de nivelación a fin de garantizar tutelas efectivas en pos del bien común. Como lo expresaran nuestros más reconocidos especialistas en la materia, se deben dar tutelas procedimentales diferenciadas, preferentes, reforzadas, para no lesionar los derechos de las personas y receptar el espíritu tuitivo en materia de seguridad social. 

Existe una responsabilidad por parte del Estado, que se haya compelido mediante diferentes herramientas internacionales a proteger y garantizar el pleno goce de las garantías individuales a través de instrumentos de rango constitucional y otros supralegales.

En definitiva, debe darse un debate enriquecedor entre todos los actores sociales con reglas claras, otorgándonos previsibilidad y retornando a los pilares rectores de la seguridad social, tales como solidaridad, universalidad, integralidad, no regresividad y progresividad, entre otros.
Así lograremos una mirada holística a largo plazo, proyectándose hacia el futuro con confianza, garantizando de este modo un mejor porvenir a las generaciones futuras.

* Titular de la Comisión Derecho de la Seguridad Social y Protección a las Personas Mayores del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora