Fue el mismísimo presidente Alberto Fernández quien puso el dedo en la llaga cuando, en la inauguración de las sesiones ordinarias, el domingo pasado, anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley Hidrocarburos y Minería. El mismo Gobierno desempolvó un tema que se había empezado a diluir.

Las miradas ahora se depositan sobre Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, y Sergio Lanziani, el secretario de Energía. Lo inquietante es que hasta este instante, hay una sola realidad: lo único que ya está escrito (y desde hace al menos tres meses) no se usará.

Lo que se redactó corrió por cuenta del equipo del economista Guillermo Nielsen, quien hoy preside YPF y quien originalmente sonó fuerte para coordinar Energía. Lo que se escribió fue por pedido del hoy Presidente, por entonces candidato electo.

Pero la política y el vértigo de la coyuntura nacional lo cambian todo. "La política energética no se maneja en YPF, podemos ayudar o sugerir si lo piden, pero no se maneja desde acá", se le escucha repetir distendido y diplomático al actual timonel de la principal petrolera argentina. (No es sólo encolumnamiento político, queda claro). De paso: YPF está a punto de difundir mañana un balance insatisfactorio y, a pesar de eso, el Gobierno le debe una fuerte carta a su conductor: que haya "gatillado" el tercer freno a la suba en los combustibles.

El armado de la futura ley es un tablero eléctrico de alto voltaje y podría terminar siendo una silla eléctrica para algún funcionario. Requiere negociación política con los gobernadores (lo más fácil) pero, sobre todo, letra chica técnica en cuestiones que rozan otros sectores. Por ejemplo, biodiesel y otros combustibles alternativos que surgen del campo donde se acumulan enojos por las últimas medidas sobre retenciones.

Esa modificación no roza solamente el capítulo sojero y unos casi 2000 millones de dólares más que podrían recaudarse; también complica los compromisos en materia energética y sobre esto Kulfas ya venía hablando con algunas alimenticias nucleadas en Copal.

Todo este andamiaje además se produce en medio de durísimas negociaciones por el aumento de tarifas que, en algún momento, llegará. Las eléctricas ya se subieron a este tren como Edenor que difundió sus propios números.

Según esta distribuidora dos millones de usuarios residenciales pagaron, en promedio en enero, $ 646 por mes y otro millón, $349 mensuales. No son las cuentas que hacen en Balcarce 50 donde prefieren enfatizar en lo que el Presidente detalló en el Congreso: las tarifas de luz subieron 3.000% en cuatro años.

Además, el nuevo proyecto para hidrocarburos llegará al Parlamento en un año muy seco para uno de los motores de la economía: Vaca Muerta. Con solo un 20% de su producción explotada esa inmensa reserva de gas mundial es una mina de oro que está en un impase coyuntural. La etapa del petróleo barato a la hora de extraerlo terminó y el mercado mundial en general está extremadamente negativo, no únicamente por cuestiones relacionadas con el sector en sí sino por el aún incierto impacto que el coronavirus tendrá en todo el volumen de negocios mundial 2020.

La clave de Vaca Muerta es que justamente los desembolsos abultados vendrán por la tentación del petróleo más que por el lado del gas, sin contar que para llegar a un 50% de explotación persisten límites técnicos en muchas destilerías. Por todo esto es que cualquier coma mal colocada en el futuro texto que debatirá el Congreso seguiría ahuyentando potenciales inversiones y podría visibilizar diferencias dentro del Gobierno que hoy se mantienen en segundo plano.

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Alejandra Gallo

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