“Siempre piden que bajes el déficit primario, para pagar intereses de deuda, y ustedes hicieron lo contrario. Mantuvieron el déficit primario pero redujeron el déficit financiero. Esa fue una buena jugada”, afirmó Horario Verbitsky en la entrevista que le realizó a Alberto Fernández en el Cohete a la Luna, el pasado 11 de octubre.

Ante una crisis inédita que ha afectado la oferta y demanda agregada en todo el mundo, incluso organismos como el FMI, conocidos por recomendar (e imponer) recetas orientadas a la baja del gasto y contracción fiscal, hoy son los primeros en pedir un esfuerzo extra a los Estados, incentivándolos a generar políticas fiscales expansivas para contener aquellos sectores que hoy penden de un hilo.

La crisis argentina se agravó ferozmente con la pandemia aunque, sin dudas, no se originó allí. Hace diez años que nuestro país no genera un crecimiento económico sostenido y estable, sumado a que, en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, es insoslayable que todos los indicadores trascendentes empeoraron (inflación, pobreza, desempleo, balanza de pagos, etc.). Sin embargo, las diferencias entre ortodoxos y heterodoxos comienzan a la hora de definir de dónde saldrán los recursos para solventar la crisis y generar un sendero de crecimiento que permita que Argentina sea un país viable para la mayoría de su población. En ese sentido, en los últimos meses, comenzó el debate sobre el aporte extraordinario a las grandes fortunas.

La pregunta del millón es para qué lado se inclinará la balanza: si para amparar los intereses económicos de pequeñísimas minorías o para proteger derechos básicos como la salud, el trabajo, la educación y la vivienda, cuyo acceso se dificulta para amplios sectores de la población. Con este debate, comienza, cual efecto dominó, una puja de intereses direccionada de las cúpulas hacia las bases. No obstante, si dudan de la subjetividad de quien escribe estas líneas, los invito a que repasemos los números, ya que nadie puede dudar de la objetividad de los mismos.

Argentina hoy sostiene un déficit fiscal primario de 4,2 puntos del PBI acumulados entre enero y agosto, lo cual representan $1.134 miles de millones. Esa diferencia que se genera entre lo que el Estado recauda en impuestos y lo que gasta, aumentó en $1.182 miles de millones del año pasado a éste, donde se había logrado tener un superávit fiscal primario de 0,2 puntos del PBI, o lo que es equivalente a $48.000 millones.

La necesidad de contención a ciertos sectores vulnerados con subsidios como el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) representaron, en los meses de mayo, junio, julio y agosto, $323.750 millones. Sin ir más lejos, la inversión en ATP representó el sostén de más de 2.000.000 de trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas, como así también de compañías de mayor envergadura, como es el caso de Techint, de cuyos accionistas nadie diría que estén atravesando un mal pasar. Por su parte, en el mismo período de tiempo, el programa Alimentar y las asignaciones en materia de Apoyo al Empleo explicaron conjuntamente $39.945 millones. En cuanto a las medidas de contención sanitaria, se financiaron erogaciones adicionales de la Superintendencia de Salud y del PAMI por alrededor de $34.500 millones para poder hacer frente a una pandemia inesperada, en un país que hasta el 2019 había dejado de tener Ministerio de Salud.

Hoy en día, esa expansión del gasto se está financiando en gran medida con emisión monetaria y con toma de deuda en pesos, aunque esta fuente resulta bastante endeble, producto de haber recibido un país con la cadena de créditos rota.

Llegado a este punto cabría preguntarse: ¿Y entonces, quién paga?

Salarios, jubilaciones y aporte extraordinario de las grandes fortunas

Hay dos posibles grupos que pueden afrontar este gasto. Por un lado, el sector asalariado y el sector pasivo cuyos integrantes en los últimos años vieron reducidos sus ingresos en términos reales en un 30%. Por el otro, el grupo de personas con mayor riqueza del país. El 1% de los contribuyentes del impuesto a los bienes personales (conformado por 880.000 personas) concentran el 50% de dicho patrimonio total.

¿Qué pasa cuando los mismos sectores que perjuraron que bajar la inflación era extremadamente sencillo por ser un fenómeno “exclusivamente monetario”, hoy son los que se escandalizan de los valores del déficit y, a su vez, se oponen al aporte extraordinario de las grandes fortunas?

El problema con estos grupos es que no dicen cuál de todos los sectores a los que hoy asiste el Estado debería postergarse. No queda claro, en el afán de llegar a metas ilógicas con la estructura productiva y económica actual de nuestro país, qué sector hay que relegar.

Hace poco se calculó que al Estado le va a costar aproximadamente $870.000 millones la erogación de los subsidios, gastos e inversiones destinados a las políticas necesarias para afrontar la crisis económica y sanitaria provocada por el Covid-19. Mientras tanto, el proyecto presentado por el diputado nacional Carlos Heller espera recaudar $300.000 millones aproximadamente. Es decir que, con el aporte de menos de 10.000 personas, se podría afrontar más de un tercio de los costos de la crisis que afecta al total de la población.

La pandemia pone de manifiesto, más que nunca, que hay que repensar el país que queremos, donde la estabilidad económica es menester para poder apostar a un crecimiento. Los altos índices de inflación y déficit, el minúsculo mercado de capitales, los reducidos niveles de inversión, la falta de un mercado regional supranacional y la recurrente escasez de divisas, son algunos de los puntos centrales a resolver si queremos tener un país más justo, con mayores oportunidades, menos pobreza y mayores índices de empleo, entre otras cosas.

Pero para poder resolver los ejes estructurales, no deberían quedar dudas de que hace falta capital y lamentablemente todavía continuamos en la disyuntiva de quién va a poner los huevos de oro.
 

*Integrante de Paridad en la Macro

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