Especial para BAE Negocios

 

El gobierno nacional convocó a los gobernadores provinciales a fin de suscribir un nuevo Consenso Fiscal, con 17 artículos en donde se establecen compromisos en miras a la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes.

El mismo establece que dentro de los treinta (30) días de su suscripción, los Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones firmantes y del Estado Nacional, elevarán a sus poderes legislativos proyectos de ley para aprobar el acuerdo, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos poderes ejecutivos para dictar normas a tal fin. Asimismo, dispone que el acuerdo producirá efectos respecto de las jurisdicciones que lo aprueben por sus legislaturas y a partir de esa fecha, quedando abierto a la adhesión por parte de los gobernadores de las provincias que no lo suscribieron en esa fecha.

 

El compromiso bajo el Consenso Fiscal

 

Uno de los puntos del Consenso Fiscal que mas repercusiones viene teniendo se refiere al denominado impuesto a la transmisión gratuita de bienes (impuesto a la herencia). El Consenso establece que las Provincias, dentro del transcurso del año 2022, procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo, y aplicarán alícuotas marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo.

El Impuesto alcanzará el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo:

  • las herencias
  • los legados
  • las donaciones
  • los anticipos de herencia
  • cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito

 

Al respecto, cabe dejar en claro que el compromiso asumido por las provincias es para debatir este impuesto en el ámbito legislativo de cada jurisdicción. Son las legislaturas provinciales el ámbito en donde deberá discutirse eventualmente la introducción de este nuevo impuesto. En otras palabras, no quiere decir que por el solo hecho de haber firmado el Consenso una ley vaya a ser sancionada en cada jurisdicción firmante. Tampoco quiere decir que aquella jurisdicción que no haya suscripto el Consenso no pueda remitir a su propia legislatura un proyecto de ley introduciendo precisamente este tipo de impuestos, ya que es una potestad propia de cada jurisdicción provincial independientemente de la firma o no del Consenso Fiscal.

 

Las voces a favor y en contra

 

Puede advertirse que reconocidos doctrinarios tales como Giuliani Fonrouge, Jarach, Casas no habían visto con malos ojos este tipo de impuesto que gravan a las transmisiones gratuitas. En diversas obras plasmadas hace varios años veían a este tipo de impuestos más justos en ocasión de un acrecentamiento patrimonial, ya que no responde a ninguna actividad personal del contribuyente, se trata de una renta no ganada, adquirida sin esfuerzo y también por su carácter casual y por responder a un caso evidente de aumento de la capacidad tributaria.

Por otro lado, varias voces se levantaron en contra de esta iniciativa, sosteniendo, en base al antecedente de Provincia de Buenos Aires (i.e.: jurisdicción que ya tiene este impuesto vigente desde hace 10 años) que resulta confiscatorio, inconstitucional además de resultar de difícil gestión y recaudación. Además, sostienen que la presión tributaria que actualmente atraviesan los contribuyentes, la crisis económica y falta de confianza en la dirección del país hace que el momento y circunstancia para el debate no sean los ideales ni menos aún que permitan atraer capitales a nuestro país.

Un debate serio al respecto de este impuesto debe contemplar las voces, experiencias de jurisdicciones en donde actualmente está vigente y asimismo de aquellas en donde el mismo ha sido recientemente derogado.

 

Palabras finales

 

Estamos frente a un nuevo Consenso Fiscal que pretende llevar armonía en el diseño de una política fiscal federal pero que ha sido firmado sin el consenso de todas las jurisdicciones.

El gobierno nacional ha reiterado estos últimos días que la intención es introducir el debate del impuesto a la herencia en las distintas jurisdicciones. Son las legislaturas provinciales quienes deberán analizar la conveniencia e introducir la normativa que contemple el hecho imponible y supere los errores advertidos en las experiencias de otras jurisdicciones.

Sin embargo, un simple debate en manos de distintas legislaturas puede no resultar suficiente. Mas aún, una falta de armonía entre las jurisdicciones puede conllevar solo mayores dificultades, superposiciones y reclamos judiciales. Por tal razón, la coordinación conjunta de las acciones es algo que el diseño de una política fiscal armónica y federal realmente lo requiere.

 

*Contador Público