Luis María Capellano* y  Daniel Domínguez **

El 28 de agosto ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley denominado “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”. Este proyecto introduce un tributo que debería ser pagado por única vez por personas humanas y sucesiones residentes en el país con bienes al 31 de diciembre de 2019 superior a los 200 millones de pesos (aproximadamente tres millones trescientos mil dólares) valuados conforme las disposiciones del impuesto sobre bienes personales.

Asimismo, alcanza a las personas humanas y sucesiones residentes del exterior por la totalidad de los bienes en el país (cuando el total de los mismos superen los doscientos millones de pesos). Las personas humanas domiciliadas en el país, las empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país o las sucesiones allí radicadas que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al aporte extraordinario que pertenezcan a las personas humanas y sucesiones residentesdel exterior cuya valuación supere el importe mencionado, deberán actuar como responsables sustitutos del tributo.

Las alícuotas propuestas son progresivas iniciando desde el 2% al 3.5% por los bienes del país y desde 3% al 5.25% por los bienes del exterior (salvo repatriación del 30% en los siguientes 60 días desde la publicación de la Ley). Dicho aporte pretende alcanzar por única vez a alrededor de 12 mil contribuyentes; se estima que se recaudaría aproximadamente trescientos mil millones de pesos que tendrían como destino específico la compra y/o elaboración de equipamiento médico, subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el programa integral de becas Progresar, los habitantes de los barrios populares y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

La fecha de corte

El Proyecto de Ley fija como fecha a considerar a los fines del cálculo de los activos el 31/12/19. Se sostiene en los fundamentos del proyecto que esa fecha anterior a la eventual sanción de la ley pretende contrarrestar la acción de contribuyentes que modifiquen su situación patrimonial mientras se encuentra en discusión la norma (i.e.: “enervar el efecto noticia”). Este punto podría generar eventuales discusiones judiciales si, por ejemplo, desde esa fecha hasta la de eventual sanción de la ley se modificó o agotó la capacidad económica exteriorizada por la tenencia de ese patrimonio.

Los “nacionales” no residentes como criterio de vinculación

Una novedad que introduce es que entre los sujetos obligados se incluyen a los “nacionales”que sean residentes en jurisdicciones consideradas de “baja o nula tributación” (aquellos que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior al 60 % de la alícuota contemplada en la Argentina) o en países “no cooperantes” (aquellos que no mantienen convenio de Intercambio de Información con la Argentina)..

Un país no cooperante es por ejemplo Paraguay; consiguientemente, aquellos nacionales argentinos que sean residentes en dicha jurisdicción estarían comprendidos en este tributo extraordinario (en tanto mantengan bienes superiores a los doscientos millones). Cabe aquí recordar que en este último tiempo la AFIP puso la lupa en argentinos que mudaron su residencia fiscal a países limítrofes (Uruguay y Paraguay) por lo que puede verse esta propuesta como un paso más introducido por el gobierno para pretender contrarrestar algunas de estas situaciones.

Pero consideremos además el caso de un nacional argentino de alto patrimonio que reside y pasa su retiro desde hace varios años en un país de baja o nula tributación. ¿Debería abonar este tributo extraordinario si desde hace años no tiene vinculación con la Argentina?

Inclusión de aportes a trusts /entidades intermedias en la Base Imponible

El proyecto establece que la base imponible se determinará considerando el total de los bienes de los que sean titulares, incluyendo los aportes a trust, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo.

Tengamos en cuenta que por ejemplo los bienes aportados a un trust (por lo general de manera irrevocable y sobre los cuales no se mantiene un control) ya no forman parte del patrimonio de quien los aportó. Consiguientemente esta disposición generará probablemente discusiones en donde el argumento sería que esos bienes ya no forman parte de su patrimonio; ¿cuál sería su capacidad contributiva respecto de bienes con los que ya no cuenta? 

No se establece a qué fecha debería haberse efectuado el aporte a los fines de considerarlo en la base imponible del tributo. Parecería referirse a los aportes efectuados con anterioridad al 31/12/19, pero hasta qué fecha se debería retroceder: un año?, dos?, o simplemente no importaría la fecha en la que se efectuó el aporte y siempre debería considerarse a los fines de determinación de la base imponible?

Cabe aquí recordar que la AFIP contaría con la información de los sujetos aportantes (settlors) a estas estructuras fiduciarias en virtud de la información recibida bajo el Estandar Común de Reporte de la OCDE (además de contar con información proveniente de las obligaciones de información bajo Resolución General 3312/12).

No está de mas aquí recordar que otras jurisdicciones (como por ejemplo Estados Unidos) mantienen disposiciones en donde a los fines fiscales puede desconocerse el desapoderamiento que efectúen contribuyentes mediante transferencia a trusts (aún irrevocables y discrecionales). Parecería que el proyecto tiene en mente disposiciones como las de esos países.

Los responsables sustitutos

Hacia finales del 2019, se habría discutido entre algunos parlamentarios una propuesta que pretendía la designación como responsables sustitutos del impuesto sobre bienes personales a ciertos sujetos vinculados a trusts y fideicomisos del exterior. La redacción final sancionada como Ley 27.541no lo contempló en su texto pese a que estableció que: “se entenderá por activos financieros situados en el exterior, (…) derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior”.

Teniendo en cuenta ese antecedente; considerando también que esta propuesta de Ley establece que los “aportes” efectuados a trusts se deben incluir en el calculo de la base imponible; y viendo que se introduce la designación como responsables sustitutos a quienes mantienen la “posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al aporte” cabe preguntarse si se pretendería que sujetos vinculados al trust del exterior tengan obligación de pago de este tributo extraordinario. En principio parecería que ello no sería posible considerando que la propuesta habla de responsables sustitutos de “los sujetos del inciso b)”, pero bastaría con que el Congreso elimine esa frase para que la conclusión pueda ser diferente.

Bienes Personales

Mas allá de la necesidad de obtener ingresos para hacer frente a la crisis generada en virtud de la pandemia COVID, no debería perderse de vista que la Argentina ya mantiene un impuesto que grava la tenencia de bienes personales.

Supongamos que un residente Argentino al 31/12/19 mantenía bienes en el país por 10 millones de pesos y en el exterior una cuenta de inversión por 3 millones trescientos mil dólares (aproximadamente 190 millones de pesos valuados al 31/12/19). A los fines del impuesto a los bienes personales debió haber tributado aproximadamente cuatro millones trescientos mil pesos.

Esta propuesta requeriría de ese contribuyente un tributo adicional (extraordinario y por única vez) de aproximadamente cinco millones setecientos mil pesos. Consiguientemente, en total (i.e.: bienes personales y aporte extraordinario) por su tenencia al 31/12/19 el contribuyente del ejemplo debería abonar mas de diez millones de pesos.

Ese patrimonio de 200 millones de pesos debería haber generado por lo menos una renta de 5% para poder hacer frente sólo a estos dos tributos (además del impuesto a las ganancias que pueda corresponderle). Mas aún, si algunos de esos bienes no produjeron renta, estos dos tributos podrían consumir directamente el capital pudiendo generar cuestionamientos por parte de los contribuyentes.

El escenario futuro

Ciertamente nadie discute la necesidad de contar con fondos para afrontar la pandemia y probablemente obtenga su sanción en el Congreso. Sin perjuicio de ello, la norma propuesta no brinda claridad respecto de varias situaciones y en algunos casos podría generar cuestionamientos constitucionales.

*Contador Público. Ex Subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación.

**Abogado. Socio de TIEM Argentina Consultores Tributarios.

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