No parecen días alentadores a juzgar por algunos rankings mundiales. Por el nivel de contagios, la Argentina ingresó al podio de los 10 países con más infectados. Y por el lado de la economía, el Fondo Monetario Internacional acaba de darle el octavo puesto entre las naciones con más alta inflación en todo el globo. Con una proyección de 39,5% para este año (algo menor a la que prevén algunas consultoras privadas que la ubican en torno al 42%), el FMI ubicó al país en el grupo de los más inflacionarios del mundo junto a Venezuela, Zimbawe, Sudán, Surinam, Yemen, Irán y Sudán del Sur.

El resultado de este último informe cayó días antes de la presentación del Presupuesto 2021, el primero de propia elaboración del presidente Alberto Fernández, donde se estima habrá una pauta de inflación elevada, y a poco de conocerse la medición del INDEC para agosto, el próximo 16 de este mes que reflejaría un salto a considerar por el ritmo que habría hasta fines de este tenebroso año.

Reactivación y viento de cola

En realidad,  los últimos movimientos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros países centrales europeos parecieran quitarle a la inflación el rol de "la mala de la economía". Claro, eso pasa luego de la pandemia que azotará los indicadores mundiales a los peores antecedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Un poco de inflación para reactivar la economía parece no estar tan mal visto por estos tiempos y, de paso, podría darle viento de cola al precio de las materias primas que la Argentina vende al  mundo.

Pero claro, todo esto ocurre en latitudes que ingresaron a la debacle económica que gatilló la pandemia con muchísimo más margen para subir los precios que la Argentina, que ya venía en la poltrona de los de más alto índice de inflación mundial.

No es un tema simple ni menor. De acuerdo a lo que circula sobre el Presupuesto 2021, en el Palacio de Hacienda evaluarían un ajuste fiscal en torno al 4% del PBI pero difícilmente ese “ajuste” se ejecute por la vía de los gastos; la situación social y de empleo no permitirá una poda en esa dirección. Se estima que, en promedio, la mayoría de los asalariados ganan por mes $ 45.000 mientras que la línea de pobreza familiar se ubica en $ 42.000

. Entre otras cuestiones, eso permite pensar que el ajuste en todo caso se instrumentaría por la vía del aumento en los ingresos pero,  justamente, en un año en que la caída del PBI sería del 12% y que se recortaría sólo un poco, ya que se prevería una suba del 6% para el año próximo que recortaría el d errumbe de este año pero no llega para compensar la recesión previa al Covid-19. Es decir con un nivel de actividad aún bajo, hay muy pocos instrumentos para garantizar más ingresos: más impuestos o aumentos en las tasas y subas en las tarifas de los servicios públicos.

Tarifas, servicios y reajustes

Las empresas del sector esperan una convocatoria para los próximos días teniendo en cuenta que este tema estará en el Presupuesto y que en diciembre debe definirse el nuevo esquema tarifario. La temperatura social por este tema es hoy de mucho más voltaje que los aumentos que vendrán. Quedó demostrado en el malestar por las últimas boletas que recibieron los clientes de Edenor, principalmente localizados en el norte de CABA y del AMBA supuestamente barrios "holgados".

Los reclamos a la distribuidora por los aumentos en la facturación dejaron al descubierto una de las consecuencias de la cuarentena: al estar en casa todo el día el consumo residencial aumentó un 20% en pleno invierno (que además tuvo muchos días consecutivos de bajas térmicas), una suba enorme. Ahora bien, en las arcas de la compañía esa suba se compensó con la estrepitosa baja en el consumo de los clientes comerciales e industriales, las fábricas operan en un 50% y los grandes shoppings o centros comerciales siguen cerrados.

Sin embargo, en los bolsillos de los hogares significó que en muchos casos se saltara de categoría por el aumento en el consumo eléctrico y, por lo tanto, tal como establece la normativa que fijó el Estado se paga más por KW y por los cargos fijos y ese sistema, también delineado por el Estado, gatilla el cambio de categoría de modo automático.

Esa prueba de mal humor social en torno a la suba en los servicios podría ser la antesala de lo que vendría en el primer trimestre 2021, con la supuesta vigencia de los nuevos valores.

Las peleas en bambalinas suben al escenario

Las tensiones dentro del Gobierno para destrabar este tipo de cuestiones que ya requerían atención antes de la pandemia pero que la cuarentena agudizó en su desarmado se empiezan a hacer visibles. Hubo cambios claves en Energía y mucha presión para que le sigan otros. Del mismo modo, otras tensiones dentro del sector privado que, hasta ahora, permanecían en bambalinas comienzan a salir a la luz y tienen que ver con las directrices por dónde pasará la economía en los próximos dos años.

Por ejemplo, lo que sucede en CAME, donde hace unos días la dirigencia se cansó de lo que algunos consideran una operación destinada a afectar la reputación de la entidad con denuncias supuestamente falsas referidas a una inconsistencia en los manejos de los fondos con el único objeto de forzar una intervención en la entidad que representa a las pymes.

Ante esa maniobra, la casi totalidad de sus representantes movió fichas y promovió la asamblea de renovación de autoridades para el próximo 2 de octubre y rechazando por infundadas esas denuncias, que se atribuyen a quienes comandan la intervención de OSDEPYM, la obra social sobre la que sugieren también poner un ojo.

También dentro de la tradicional Sociedad Rural Argentina hay tensiones en torno al rumbo de los próximos años cuando se acerca la definición de un nuevo mandato para el actual presidente, Daniel Pelegrina, y en la Cámara de Comercio, que aún preside Jorge Di Fiori, se decidió postergar hasta fin de año la elección de las nuevas autoridades que ya deberían haber asumido en tiempos sin pandemia.

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Alejandra Gallo

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