El escritor David Foster Wallace narra en El Rey Pálido, su gran obra póstuma, el funcionamiento durante los 80 de la Agencia Tributaria federal de Estados Unidos (IRS). En la novela, en donde la ficción parece realidad, se cuentan detalles de la burocracia que inunda la agencia. El escritor describe ese rebuscado proceso mencionando múltiples formularios, trámites y acciones inútilmente repetitivas. Foster Wallace hace decir a su personaje: "Piensen, desde la perspectiva de la agencia, las ventajas que presenta lo aburrido, lo críptico y lo aturdidamente complejo. Comprendieron que esas cualidades contribuían a aislarlos de las protestas públicas y de la oposición política, y que, en realidad, el tedio abstruso es un escudo mucho más eficaz que el secretismo."

Los años han pasado y las agencias tributarias, en parte, han intentado desarmar ese camino. Las modernas teorías de administración tributaria entienden que se debe brindar al contribuyente un servicio ágil, en donde pueda cumplir sus obligaciones fiscales voluntariamente en tiempo, forma y monto adecuados. Incluso, si el ciudadano siente que ese trámite fue simple, por un extraño mecanismo psicológico, hasta puede sentir cierta felicidad al abonar sus impuestos.

A nivel local

Yendo a lo que nos interesa, debemos fijar la vista en nuestro país. Quizás lo primero que hay que recordar es que la configuración de Argentina es federal, las provincias preceden a la nación. Incluso en la Constitución se admite el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata como denominación oficial. Este hecho no es menor ya que cada provincia se ocupa de todo lo no delegado expresamente al Gobierno nacional; es decir, las jurisdicciones pueden administrar la forma de recaudación de sus impuestos como lo entiendan. Formosa, San Juan, Córdoba, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán no cuentan con una agencia autárquica sino que ellas forman parte de sus ministerios de Economía o Hacienda, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP), de la provincia de Buenos Aires (ARBA), de Tierra del Fuego (AREF), de Entre Ríos (ATER), de Santa Cruz (ASIP) y de Santa Fe (API), que tienen organismos independientes.

Quizás por estos motivos las administraciones tributarias locales fueron, en cierta manera, haciendo su propio camino para todo lo no acordado federalmente, como ser el establecimiento de sus regímenes locales de recaudación (retenciones y percepciones), cómo inscribir su padrón de contribuyentes, la manera de presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales, y, obviamente, la forma de pago de sus impuestos (incluso los plazos de prescripción liberatoria han sido objeto de controversia con el Gobierno nacional). En definitiva, y en términos estrictos, las provincias hasta podrían aplicar impuestos similares a los nacionales, pero acordaron en la Ley de Coparticipación, no hacerlo (con la salvedad de los impuestos al comercio exterior, que constitucionalmente corresponden al Tesoro).

Este proceso de tributación no pudo ser coordinado porque simplemente fue sucediendo. Ocurrió. Se fijaron ciertos límites y el resto quedó sujeto a cada jurisdicción. Y vale aclarar que tampoco podría ni podrá ser centralmente determinado, porque las provincias justamente conservan sus potestades tributarias.

En este momento es preciso detenerse y valorar los esfuerzos silenciosos realizados coordinadamente entre muchas administraciones tributarias, la Comarb y el Ministerio de Economía. Con el cambio de gobierno nacional a fines de 2019 se creó específicamente la Secretaría de Política Tributaria, destinada, entre otras cosas, a "articular relaciones con los gobiernos provinciales y de CABA en materia tributaria". Este accionar previa e históricamente se encontraba diseminada entre las vinculaciones realizadas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y acuerdos políticos diversos, pero nunca centrada en procedimientos o sistemas.

En efecto, de diciembre de 2019 a esta parte, dos provincias (La Rioja y Catamarca) eliminaron sus regímenes locales propios de retenciones bancarias, adhiriéndose así unificadamente al Sircreb; cuatro provincias más (Salta, Entre Ríos, Buenos Aires y Tierra del Fuego) se adhirieron al monotributo unificado impulsado años atrás por Rentas de Córdoba, siendo ya nueve los distritos en donde los contribuyentes adheridos al régimen simplificado, alcanzados por el impuesto sobre los Ingresos Brutos, realizan un pago mensual único.

A la vez, con respecto al Registro Único Tributario (RUT), ya son dieciocho provincias las que se adhirieron a este procedimiento de simplificación, que habilita a los contribuyentes de Ingresos Brutos a cumplir sus requisitos formales de inscripción en el gravamen y datos modificatorios a través de un solo canal.

En lo que refiere a las retenciones por ventas con tarjetas de crédito, el Sirtac oficializado por la Comarb a inicios del 2020 (aplicable a las operaciones de comercio electrónico abonadas con medios de pagos digitales) ya está siendo implementado por dieciséis jurisdicciones, habiendo de esta forma eliminado nada menos que treinta y cuatro regímenes de recaudación locales que convivían simultáneamente (ya que el procedimiento de retención o de percepción podía ser diferente para una billetera virtual, una transacción por comercio electrónico o un pago con tarjeta de crédito).

Asimismo, se avanzó en cuestiones mucho más simples pero en donde aún persistían complicaciones, como las cuatro provincias que accedieron a informar su alícuotas al Sistema Federal de Recaudación, evitando de esta forma que el contribuyente deba buscar su alícuota a pagar, siendo únicamente Tucumán la jurisdicción restante a incorporarse.

Palabras finales

Es fundamental el rol y la predisposición de las provincias y de CABA para seguir simplificando los pagos impositivos. Si las aduanas interiores están prohibidas, si no es legal aplicar conceptos como extraña jurisdicción, los procedimientos tributarios locales deben seguir unificándose sin perder la autonomía e identificación propia que los define.

No hay que perder de vista que, en definitiva, los sistemas tributarios dependen en última instancia de una especie de obediencia voluntaria de los contribuyentes. La simplificación, que puede ser trabajosa, resulta a la larga menos costosa que las fiscalizaciones periódicas.

* Luis María Capellano es contador público. Mg. En Derecho Tributario (U. Austral)

* Marcos Finn  es Economista (UBA). Mg. en Sociología (UNSAM)