En los últimos años, el acceso a la inversión en valores y acciones de empresas de los Estados Unidos se ha facilitado para los residentes argentinos. El hecho de obtener rentas por inversiones en valores de fuente norteamericana requiere del cumplimiento de normas estadounidenses, no solo por parte del inversor sino también de todas aquellas entidades financieras intermediarias que se encuentran en la cadena de custodia hasta llegar al agente que debe retener impuestos por la ganancia generada en los Estados Unidos.

Ya nos hemos referido en otras oportunidades a las obligaciones generales del régimen del Código de Renta Norteamericano, y explicado que el incumplimiento de estas normas conlleva consecuencias no solo para las entidades financieras intermediarias sino también para los propios inversores que pueden verse sujetos a retenciones de impuestos mayores a las que podrían corresponderle.

En la práctica, se advierte muchas veces que estos regímenes son abordados tardíamente por parte de los inversores y las entidades financieras, sea cuando ya se aplicó una retención incorrecta, sea cuando las certificaciones periódicas que deben efectuarse dan como resultado “no cumplimiento”, o directamente cuando ya se recibió una notificación por parte del IRS intimando o sancionando a la entidad financiera.

Regímenes coordinados y complementarios

Los regímenes de FATCA y de QI/NQI funcionan en forma conjunta y se complementan. Tanta es su inter-relación, que se utilizan los mismos formularios (series W-8) a los fines de identificación y clasificación bajo ambos regímenes; se utilizan los mismos formularios a los fines del reporte de información referido a renta y retenciones; y deben conciliarse bajo la misma declaración jurada.

Asimismo, tanta es su complementariedad que primero se aplica el régimen de FATCA y solo en caso de no resultar aplicable una retención por este concepto, puede procederse con el régimen QI/NQI.

A los fines prácticos, y para comprender esa coordinación y complementariedad asumamos un intermediario argentino registrado como entidad participante con dos clientes inversores (Inversor A y B) que son residentes argentinos y que obtuvieron renta de dividendos en los Estados Unidos.

Asumamos que uno de ellos (Inversor A) es considerado incumplidor a los fines de FATCA. Este inversor debería afrontar una retención del 30% por FATCA y el segundo inversor mantendría una retención del 30% pero por régimen QI/NQI. La retención es la misma (i.e.: 30%), pero los conceptos son completamente distintos, así como sus consecuencias.

Misma retención pero conceptos distintos

En el ejemplo utilizado anteriormente debe advertirse que la retención del 30% al Inversor A es aplicada como una sanción por incumplimiento de FATCA y la aplicada al Inversor B (también del 30%) es por impuesto a las ganancias debido en EEUU. Es decir, una es una sanción mientras que la otra es una retención de un impuesto análogo al impuesto a las ganancias argentino que podría ser tomado como crédito por el inversor residente en el país.

Como ya dijimos en otras oportunidades, no toda la renta FDAP se encuentra gravada al 30% en Estados Unidos. Asumamos el mismo ejemplo anterior pero donde los inversores reciben también portfolio interest (exento de retención bajo régimen QI/NQI). El Inversor A sufrirá una retención del 30% y el Inversor B ninguna.

Cabe señalar que en las regulaciones propuestas a finales del 2018 se permitió bajo determinadas circunstancias que el intermediario pueda considerar la retención efectuada por Capitulo 4 como una retención del Capítulo 3, dando la posibilidad así a los inversores de computar ese 30% como pago de impuesto análogo extranjero en su propia declaración jurada de su país de residencia.

Errores desde la identificación inicial del inversor

Los errores que con llevan estas retenciones pueden originarse por incumplimientos tanto del inversor como del intermediario. En la práctica vemos frecuentemente inversores que remiten formularios W-8 sin comprender su importancia ni las consecuencias que conlleva.

El W-8 es una certificación en donde bajo pena de perjurio (que es un delito bajo ley norteamericana) se declara una determinada condición bajo FATCA y régimen QI/NQI. Algunas estadísticas Europeas estiman que la cantidad W-8 que son preparados incorrectamente y que consiguientemente resultarían inválidos, asciende al 70%. Resulta muy difícil estimar un porcentaje en la Argentina, pero nos atrevemos a sostener en base a lo que vemos en la práctica que posiblemente estamos por arriba del mismo.

Por supuesto, la contracara es el intermediario que recibe el W-8 y no cumple con el deber de validación del mismo. Estas regulaciones han marcado un estándar (i.e.: “reason to know”) determinando que si el intermediario tiene “razones suficientes para conocer” que la documentación entregada por el inversor no es fidedigna o que es incorrecta de acuerdo a lo que un hombre prudente de negocios hubiese advertido, debe rechazar el W-8. Si lo acepta el problema ya no es sólo del inversor sino también de la entidad intermediaria.

Una mayor retención en la fuente puede provenir también de incumplimientos del mismo intermediario, sea por no cumplir con FATCA o sus obligaciones como QI o NQI, o por no transmitir sus declaraciones de retenciones (i.e.: withholdingstatements) a las entidades que se encuentran arriba en la cadena de custodia; por mencionar algunos.

Reflexiones finales

Atender tardíamente a estos regímenes conlleva además complicaciones comerciales asociadas. Por un lado, puede afectar la relación del intermediario con el inversor, a quien deberá explicársele que tuvo una retención en la fuente mayor a la originalmente prevista. Puede conllevar también un impacto negativo en la reputación del intermediario frente a los custodios internacionales.

Estados Unidos ha demostrado que cuenta con las herramientas para exigir el cumplimiento de las obligaciones acordadas bajo estos regímenes y ha aplicado incluso sanciones de terminación de acuerdos y de baja de registro a entidades financieras argentinas. Considerar que el riesgo asumido por no cumplir estas normas es bajo, no se condice con la realidad y las condiciones actuales del mercado.

 

* Abogados