El gobierno nacional ha impulsado ante el Congreso de la Nación un proyecto que contempla un blanqueo de capitales dirigido a aplicarse en el sector de la construcción.

Las ideas de fomento, diferimientos impositivos y la vuelta de instrumentos de inversión circunscriptos a obras nuevas, han sido defendidas y apoyadas en este espacio y merecen un ágil tratamiento legislativo en medio de la crisis que nos atenaza. La crisis global nos da una chance más y  permite obviar las críticas de los organismos internacionales a nuestra recurrente utilización de los blanqueos, en tanto que generan sospechas de la procedencia y destino final de fondos, eventualmente venidos de, o dirigidos a actividades terroristas o narcocriminales.

También hemos saludado en este espacio y con algarabía las iniciativas de la Inspección General de Justicia (IGJ) referidas a la implementación de la perspectiva de género en los órganos de las sociedades comerciales

Pero en medio de la pandemia, aparece como una sobreactuación innecesaria que la IGJ dicte una Resolución 33 reivindicando controvertidas competencias que se encuentran ejercidas por la Ciudad Autónoma desde el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en forma pacífica y continua a través del Registro de Fideicomisos (Decreto 300/15 CABA).

 

A partir de octubre del 2015, la Ciudad implementó con la Resolución 566 el sistema "TAD" (es la interfaz electrónica de trámites a distancia) y con fecha 14 de octubre de 2015 suscribió un convenio de cooperación con el Colegio de Escribanos de esta Ciudad para el procedimiento de registración de los Contratos de Fideicomiso. Van cinco años de funcionamiento aceptado pacíficamente de una herramienta tecnológica, utilizado por todas las partes y que sirvió también durante la cuarentena para receptar las pocas registraciones de este período.

Mientras la cuestión llega a la justicia, la IGJ parece perder de vista la visión macro del Gobierno Nacional y una de sus respuestas a la crisis económica. La inviabilidad técnica de esa decisión, queda al descubierto inmediatamente después del dictado de su Resolución 33/2020, cuando anuncia en su sitio oficial "momentáneamente no está habilitado dicho registro".

Registro de Propiedad inmueble

Los bienes inmuebles de la Ciudad, asentados en el Registro de Propiedad Inmueble (RPI) no aparecen en ningún caso como de actual sometimiento a las autoridades residuales que forjó la Nación en tiempos de la Municipalidad de Buenos Aires. Es más, podrá en el futuro el legislador nacional regular y atribuir el ejercicio de alguna regulación societaria a la IGJ, o a quien la reemplace, observando superiores intereses federales cuyos objetos estratégicos (defensa, comercio exterior, energía interconectada regional, etc-) o participaciones accionarias de sociedades comerciales (FGS/ANSES), considere necesario en el marco del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.

Pero es un estertor preconstitucional seguir dictando y pretendiendo exigir, en el ámbito de la Ciudad Autónoma a partir de 1994, la competencia sobre los inmuebles en territorio autónomo o la continuidad del RPI de la Capital Federal en el esquema de la Administración Nacional.  

Hemos construido a lo largo de los años un respeto y garantía a nuestras organizaciones de derecho público no estatales, superior al que le dispensamos las instituciones gubernamentales. La confianza que depositamos en el notariado nos brinda la tranquilidad que exige la protección de los ahorros, frutos del trabajo y de nuestras familias. Decisiones de presente y futuro que tomamos para nosotros y para nuestra descendencia en tutela del patrimonio que nos legaron y seguimos forjando.  

El Registro de los Contratos de Fideicomisos del Colegio de Escribanos - CABA funciona perfectamente. Dediquemos la iniciativa y el esfuerzo administrativo a lo que no funciona.

 

 

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Alberto Biglieri

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