El 21 de abril de 2021 se publicó la Ley 27.617, que fue impulsada por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Dicha norma, en lo que se refiere a las jubilaciones, elevó la deducción especial para el pago de Ganancias de retirados, jubilados y pensionados a 8 haberes mínimos garantizados.

Este piso, ajustable, implica en la práctica y de acuerdo a estimaciones que aproximadamente un 80% de beneficiarios previsionales quedaron excluidos del pago de este impuesto. 

Considerando la discusión que desde hace años se plantea ante los tribunales respecto de la gravabilidad o no de los haberes jubilatorios, es un importante avance que el poder legislativo haya promovido una norma que favorece inmediatamente a un gran universo de personas, evitándoles la necesidad de tener que recurrir a la justicia para requerir el reconocimiento de sus derechos. Asimismo, es de esperar que el Poder legislativo continúe con este camino a fin de atender la situación de la totalidad de los jubilados conforme los lineamientos marcados por la Corte Suprema de Justicia. 

Los lineamientos de la CSJN al Poder Legislativo

Cabe recordar que en el fallo "García María Isabel" (Fallos: 342:411) la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la mera utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados no era suficiente al no tener en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación de notoria e injusta desventaja.

 Así concluyó que el texto vigente de la ley (en ese momento dispuesta por la ley 27.346) sería insuficiente y contrario al mandato constitucional, motivo por el cual resolvió que no podía retenerse ninguna suma por Impuesto a las Ganancias de los haberes jubilatorios del actor hasta tanto el Congreso Nacional dicte una ley que revea la situación de las jubilaciones ante este impuesto, y se debía reintegrar los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

De esa manera, el Máximo Tribunal puso en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial.

La ley 27.617

Desde marzo de 2019 hasta el momento de impulsarse el proyecto que culminara con la sanción de la Ley 27.617, el Poder Legislativo no había impulsado el análisis de la cuestión planteada respecto de los jubilados. Esta norma procuró brindar un alivio a los jubilados y consiguientemente dispuso respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 una deducción específica equivalente a ocho (8) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, siempre que la misma resulte superior a las deducciones previstas. 

Asimismo, dispuso que lo allí dispuesto no sería de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto previsto en el inciso a) de ese artículo. Tampoco correspondería esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

De acuerdo a estimaciones, aproximadamente el 80% de los jubilados quedarían fuera de la obligación de pago del impuesto, siendo ello un alivio por demás considerable teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país. 

La Justicia y el precedente García

Con posterioridad a la sanción y publicación de la Ley 27.617, se observan resoluciones judiciales que consideran la necesidad de evaluar esta nueva norma a la luz de las disposiciones constitucionales.

En este sentido, en Mayo de 2021 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal en la causa "Tornese, Hilario y Otro c/ EN-AFIP s/Proceso de Conocimiento", entendió en el marco del análisis de la procedencia de una medida cautelar que esta nueva norma "hace que estemos en presencia de un situación fáctica novedosa, que no fuera tenida en miras al momento del dictado del precedente" (García, María Isabel" -Fallos: 342:411). Continúa diciendo: "por ello, en este marco cautelar, a fin de comprobar la verosimilitud en el derecho alegado en los términos estipulados por el Máximo Tribunal en el Fallo "García" (Fallos: 342:411), deben acreditar –prima facie– que la modificación dispuesta por la Ley Nº 27.617, en el caso de los accionantes, resulta irrazonable en razón de la vulnerabilidad que pudieran padecer los contribuyentes de manera que no se vea comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y, el consecuente ejercicio de un derecho fundamental (v. cons. 13 Fallo "García" op. cit.)".

Asimismo, sostuvo la justicia "vale indicar que la conculcación de derechos que esgrime el contribuyente a raíz de encontrase alcanzado por el impuesto atacado, aun con la modificación introducida por la Ley Nº 27.617, fue realizada mediante el dictado de una ley en sentido formal.

Esto es, una norma jurídica de carácter general "emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes" (…) Así las cosas, la demostración de que, prima facie, la modificación legislativa igual hace que, los requirentes ingresen en el marco de la vulnerabilidad de la cual hace mención el Máximo Tribunal, implica el análisis de cuestiones que no pueden ser resueltas con los elementos hasta ahora aportados"

Palabras finales

Alguna doctrina entiende que esta norma introducida bajo la Ley 27.617 no atendería completamente los lineamientos marcados por la CSJN. En este sentido sostienen que para la CSJN una "deducción especial" no sería suficiente para cumplir con los parámetros constitucionales, los criterios de igualdad y razonabilidad al no considerarse la heterogeneidad y vulnerabilidad.

Sin perjuicio de ello, y del análisis que deberá efectuar la Justicia en el caso puntual, no debemos dejar de señalar que en tiempos en donde la población en general y los jubilados en particular requieren de un Estado que atienda sus necesidades, la modificación normativa que asiste y beneficia a una importante población, es bienvenida.

 Es de esperar que el Poder Legislativo continúe con esa tarea iniciada de atender a la situación particular de los jubilados.

* Luis M. Capellano es Contador Publico. Magister en Derecho Tributario (U. Austral). Ex Subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación (2010-2015)

**Daniel Domínguez es Abogado. LLM en tributación Internacional (U.de Florida)

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