A los Fernández les explotaron en las manos dos bombas en simultáneo. Por un lado, el desafío de la Corte Suprema a su intento de devolver a sus respectivos tribunales a los jueces que reubicó a dedo Mauricio Macri para disciplinar a propios y extraños cuando lo apoyaba el bloque más macizo del establishment que haya respaldado a un gobierno desde la última dictadura. Por otro, el veto de ese mismo establishment a sus medidas económicas de apenas dos semanas atrás, cuando el Banco Central apretó el control de cambios y restringió el acceso a dólares por parte de personas y empresas para evitar una devaluación en el mercado oficial.

Si bien ambas fueron reacciones de poderosos dentro y fuera del Estado frente a decisiones que los afectaban y eso es inevitable para cualquiera que pretenda transformar algo, ciertas escoriaciones podrían haberse esquivado perfectamente. Especialmente en medio de la peor crisis social y económica desde 2001, sobre la que acaban de dar testimonio los datos de actividad, empleo y pobreza. Pero para ello el gabinete debería evitar un vicio típico de los panelistas de televisión: comentar la realidad aun antes de haber terminado de analizarla. Un vicio que crece al calor de las internas y a medida que la pandemia crispa los nervios de la sociedad.

Las nuevas medidas anunciadas anoche son producto de negociaciones secretas que empezaron la semana pasada, apenas se advirtió que el cepo no alcanzaría para frenar la sangría de reservas del Central. Intervinieron las tres patas del Frente de Todos. El hombre clave fue Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el club que reúne a la media docena de compañías por las que pasa casi un tercio de las exportaciones argentinas. Un club selecto que embolsará entre 200 y 300 millones de dólares solamente por la parte de la cosecha de granos que acopiaba y que ahora podrá liquidar con menos retenciones.

Idígoras sorprendió a toda la dirigencia ruralista dos meses atrás, cuando visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del Senado, territorio radiactivo para los referentes sectoriales que todavía no superaron el trauma de la 125. Aquella vez fue como parte del flamante Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un sello que crearon más de 40 cámaras de empresarios del agro -con la Sociedad Rural explícitamente afuera- para dialogar con el Gobierno sin tropezar con esas viejas heridas. Le llevó un proyecto para que el país pase de exportar 65.000 a 100.000 millones de dólares y genere 700.000 nuevos empleos. Cuando salió, contó satisfecho que la vicepresidenta ya lo había leído y se había mostrado "muy interesada".

Pragmático y con experiencia como funcionario por más de una década y media - Roberto Lavagna lo designó representante agrícola en la Unión Europea en 2004-, Idígoras volvió la semana pasada al Congreso y se reunió con Sergio Massa, a quien también le había pedido audiencia. Cuando el jefe de Diputados le preguntó qué necesitaba el sector para liquidar su tenencias de granos insistió con el proyecto que ya le había llevado a Cristina, que incluye una rebaja progresiva de retenciones y un esquema de "estabilidad fiscal" por 5 años, inspirado en el blindaje tributario que obtuvo de Carlos Menem el lobby megaminero en 1994.

Consciente de la debilidad oficial en ese toma y daca, Massa lo consultó con el Presidente y lo derivó después de su venia con Matías Kulfas, quien quedó a cargo de coordinar el nuevo paquete. El pacto fue de palabra: el oficialismo impulsará el proyecto del CAA, al que se descuenta que la oposición también apoyará. "Pero si no aparece la pelusa no hay ley, eh", le aclaró Massa, metafórico, antes de despedirlo. Como mínimo, para cumplir, los exportadores deberían liquidar unos 3.000 millones de dólares en granos.

30 Pelusas

La unción del ministro de Desarrollo Productivo como articulador del paquete anunciado ayer fue la forma en que Alberto Fernández amonestó la interna desbocada entre Miguel Pesce y Martín Guzmán. En el fragor de esa batalla que incluyó durísimas acusaciones cruzadas y hasta una rabieta cuando le pidieron desde Casa Rosada que salga a defender en público los anuncios de dos semanas atrás, el ministro de Economía llegó incluso a proponer como reemplazante de Pesce a Sergio Chodos, el actual director por Argentina en el Fondo Monetario y negociador en las sombras de la deuda con los acreedores privados.

Queda por dilucidar si fue solo un rapto de ingenuidad de un académico recién llegado que ignora la regla tácita de la política que prescribe que "quien saca no pone". O si fue un avance de una de las patas del Frente sobre otra. Difícil saberlo: el acuerdo con los acreedores y la pelea con Pesce le valieron a Guzmán nuevos amigos y defensores en la arena pública, como Emmanuel Álvarez Agis, pero también detractores que ni siquiera identifica.

Lo que también falta ver es si se cumple el pacto oficial con "los traficantes de granos", como los bautizó en 1979 un periodista del Washington Post graduado en Harvard, Dan Morgan, que investigó las prácticas de Cargill, Bunge, André, Continental y Louis Dreyfus. Esas compañías, que manejan el comercio exterior argentino junto con Aceitera General Deheza (AGD) y ahora también Glencore, la suiza que fagocitó parcialmente a Vicentin, son las empleadoras de Idígoras. Morgan escribió que ese mercado "es comparable al del petróleo y al de armas, por su volumen y su influencia sobre las relaciones internacionales y sobre el bienestar de la humanidad". Su libro también recuerda que durante la Segunda Guerra Mundial, "los únicos barcos que ninguna armada hundía eran los de Cargill".

Gabriel Delgado, uno de los técnicos que trabajó en el fallido plan para rescatar a Vicentin del vaciamiento que llevaron adelante sus accionistas antes de entrar en cesación de pagos, calculó a pedido de Massa que todavía quedan por vender de la última cosecha de soja unas 17 millones de toneladas. Pero también advirtió puertas adentro que este pacto podía complicar tangencialmente la crisis desatada por el default de Vicentin. ¿Cómo? A través de los acopiadores locales y cooperativas que compraron soja a productores con precio "a fijar" y después la mandaron a los depósitos de la firma de Reconquista. ¿Y si ahora el productor le pide a ese acopiador que fije precio y le pague, tentado por lo que subió con la rebaja de retenciones? ¿Irá a pedirle al Gobierno que reactive la intervención, ahora que se sabe que ni siquiera había balance de 2019 como denuncia Claudio Lozano?

Quizá Omar Perotti tenga un plan superador para esos estafados. Mientras tanto, Fernández procura calmar al resto del empresariado. La reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) con Pesce no ayudó. Como fue justo mientras se definía el paquete de anuncios, el jefe del Central se mostró protocolar y poco permeable a responderles preguntas. Algo que un gerente puede tolerar, pero que irrita a dueños como Paolo Rocca, Eduardo Elsztain o Marcos Galperín.

Cenicientas

Con el per saltum de la Corte a favor de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli también hubo panelismo. A la ministra de Justicia, la albertista Marcela Losardo, le facturan lo mismo que a Sergio Berni en La Plata por el motín policial: no haber visto venir la piña. Su vice, el cristinista Juan Martín Mena, intentó tapar ese pifie con otro peor. "En el gobierno anterior se le metió la mano a los argentinos con el tarifazo y se estafó a los jubilados. Estos temas están ante la Corte Suprema y no han tenido resolución, pero cuando se habla de temas de la corporación judicial, ahí sí se habilita este mecanismo", protestó por TN el mismo martes.

Risueño, mientras terminaba de escuchar a Mena, un ministro de la Corte mandó un mensaje a Economía a través de uno de sus operadores: "Mirá que sobre tarifas se equivoca porque ya fallamos ¡pero si fallamos también sobre jubilados les detonamos a ustedes el canje de la deuda y el Presupuesto!". Desde cerca de Guzmán le respondieron que no lo interpretara como un pedido del Ejecutivo sino como un simple hipérbole discursivo del viceministro.

Massa da por hecho que la Corte fallará a favor de los jueces que pidieron el per saltum para mantenerse en los juzgados donde los llevó el macrismo. Es el único de los tres popes de la coalición gobernante que no tiene funcionarios de peso en Justicia. Tampoco cambia tanto en términos de interlocución: Losardo nunca más volvió a hablar con nadie en la Corte después de la foto que se sacó con todos sus ministros apenas asumió. Solo los llamó un día antes para invitarlos a la presentación de la reforma judicial en la Rosada a la que solo acudió Elena Highton de Nolasco.

La sorpresa del per saltum fue justamente Highton, que votó con la mayoría a pesar de que no había firmado las dos acordadas previas sobre temas conexos. En los pasillos de palacio le adjudican su voto a un enojo de última hora: que la ministra de Igualdad y Géneros le reprochara públicamente no haber aceptado para sus funcionarios la formación que prescribe la Ley Micaela. El mismísimo Presidente hizo propio ese mismo reproche en un acto el viernes antes del fallo.

El que irrumpió en la gresca entre oficialismo y oposición no es otro que el quinto en la línea sucesoria presidencial, Carlos Rosenkrantz. Diez días antes de la decisión, el titular de la Corte se cruzó en un zoom muy tenso con su antecesor, Ricardo Lorenzetti, por una nota en infobae, un portal sobre el cual le atribuye influencia, firmada por Fabio Ferrer. "Me hiciste quedar como un boludo", le dijo. La nota se titulaba "el Poder Judicial está acéfalo en su momento de mayor debilidad". Antes le habían molestado notas en La Nación de Adrián Ventura, sobre quien también le adjudica influencia a su rival rafaelino.

Más allá de ese cruce, al final ambos dieron juntos el golpe que reubicó a la Corte en el mapa del poder. Quienes trajinan el Palacio dicen que no fue su presidente sino la Corte toda, que cuando cayó Lorenzetti en 2018 se convirtió de vuelta en un cuerpo colegiado. El rafaelino, ese día, "se convirtió en la cenicienta después de las doce, porque no solo no tiene el carruaje sino que se quedó con la calabaza", dicen las fuentes. Su aura de presidenciable estalló. Y el interlocutor del establishment es Rosenkrantz.

La Corte, ahora que irrumpió, le recordó a Olivos que tiene muchas más cartas para jugar en el tironeado paño de la República. Una causa sobre el fondo sojero donde seis provincias litigan contra la Nación, el caso de la coparticipación de la Ciudad y hasta el de un supermercado chino de Arroyito contra la obligación de cerrar los domingos que podría afectar a todo el supermercadismo.

Una vez más, aunque ahora hamacándose al borde del abismo institucional en plena crisis socioeconómica y sanitaria, el poder real dejó esta semana en claro que no reside en un solo lugar. Y que no todo se dirime en elecciones democráticas.

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Alejandro Bercovich

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