Tal vez haya que rezar para que Dios nos ayude, como propuso Juan Manzur a pocos días de asumir. O como les encargó el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz a sus colaboradores aquel fatídico jueves de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, orden que acataron sin chistar en la mismísima Casa Rosada. De no mediar un milagro, todo parece dado para que la Argentina offshore siga creciendo hasta bloquear cualquier intento de devolverle al sistema tributario su progresividad perdida. Algo indispensable para que el Estado pueda financiar las crecientes demandas que enfrenta sin desplumar a los contribuyentes que sí pagan y sin abusar del endeudamiento ni de la emisión monetaria.

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La nueva difusión de documentos secretos de guaridas fiscales por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) puso de manifiesto que, lejos de haberse amilanado por las tres grandes revelaciones previas (Panama Papers, Bahamas Leaks y Paradise Papers), los multimillonarios argentinos simplemente cambiaron de plaza para sus negocios opacos. Que un país tan alejado del podio de las mayores economías del mundo figure tercero en cantidad de beneficiarios finales de esas firmas no declaradas (2.521), solo superado por Rusia (4.437) y el Reino Unido (3.506), da cuenta de la vigencia de su vocación por lo oculto. Que eso no sea un escándalo, por otra parte, refleja lo socialmente tolerada que está la evasión VIP.

Los medios afiliados a ICIJ posaron nuevamente su lupa sobre las figuras políticas, que según datos de la ONG estadounidense Global Financial Integrity solo explican el 5% del dinero oculto en esas guaridas. Pero el mismo think tank estima que un 30% proviene del delito común (contrabando, trata, tráfico de armas), que en los últimos años empezó a migrar hacia las criptomonedas, y que el 65% restante es producto de maniobras de evasión y elusión de multinacionales e individuos de altos patrimonios.

El botín que esa super-élite les sustrajo a los estados en menos de 30 años es el que procura recuperar ahora Joe Biden con su ambiciosa reforma tributaria y Janet Yellen con su propuesta de un “impuesto mínimo global” que revierta la “carrera hacia el fondo”, como se denomina a la competencia entre países que pugnan por rebajarles impuestos a los dueños del capital para evitar que se muden a Bahamas o a las Islas Vírgenes. Según el cálculo más conservador de la Red de Justicia Tributaria (TJN), por el sistema extraterritorial que conforman esos distritos se escurren cada año U$S 427.000 millones en recaudación, principalmente de las naciones más ricas.

Ya colaboré

Probablemente Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos sacarían provecho de tomar clases en Buenos Aires o contratar directamente a los estudios jurídico-contables que ofrecen desvergonzadamente sus servicios de planificación fiscal al mejor postor. El uso y abuso de las mamushkas y las guaridas por parte de esos estudios ya está documentado en la AFIP desde mucho antes de los Pandora Papers. De hecho, los primeros argentinos cuyos activos aparecieron en la revelación (Hugo Sigman, Mauricio Pochettino y Ángel Di María) no son residentes fiscales locales, como sí lo son los casi 3 mil investigaciones que se abrieron el año pasado solo con los datos que entregó la OCDE en 2016 y 2017. Bajo las gestiones de Alberto Abad y Leonardo Cuccioli, esos datos habían permanecido sin analizar.

Tan difundido está el uso de estos artilugios financieros que ya quedan pocos grandes grupos empresarios que no estén controlados al menos parcialmente desde una guarida fiscal. Uno de los últimos en construir su red offshore fue Vicentin, que empezó a deslocalizar la propiedad de sus activos en el año 2000 y que completó su obra casi dos décadas después, justo cuando el Banco Nación de Javier González Fraga le entregó el crédito por U$S 300 millones que poco después defaulteó.

Pasa en las mejores familias. Lo prueba el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación del 11 de noviembre de 2019 contra Inversora Juramento, piedra basal del imperio extra-bancario de los Brito, dueños del Macro pero con intereses muy diversificados en la energía, la gandería y el fútbol. Ese fallo, firmado por los jueces Daniel Martin, Edith Gomez y Agustina O’Donell, obligó a la familia a hacerse cargo de los impuestos que pretendían no pagar por un giro proveniente de Valdax Investerings Financieringsmaatschappij, una firma radicada en Holanda. El fallo dio por probado que entre el 5 de julio de 1999 y el 29 de diciembre de 2003, Hacofin lnvestments NV, establecida en las Antillas Holandesas, fue la única dueña de Valdax, y que lo que se presentaba ante el fisco como un préstamo holandés no era más que una maniobra simulada para evadirlo.

Algo parecido, más recientemente, encontró el mismo Tribunal Fiscal entre los accionistas del diario La Nación. En medio del escándalo en torno a la herencia de Bartolomé Mitre, con su hija Esmeralda como epicentro, los jueces Viviana Marmillon, Juan Carlos Vicchi y Claudio Esteban Luis concluyeron el 27 de abril pasado que la familia Saguier debía hacerse cargo de punitorios y costas por los impuestos que habían dejado impagos entre los años 1997 y 2000.

El fallo recorre en 24 páginas jugosísimas todo el entramado societario mediante el cual cambió de manos el diario más tradicional de la Argentina. Expone cómo la madre de sus dos ejecutivos más encumbrados hoy, Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, sobrina a la vez de Roberto Noble, se convirtió en pocos años en una especie de pulpo con tentáculos desde las islas Vírgenes británicas (“Matilde Saguier Corp”) hasta Buenos Aires (“MNMS Holding”). Lo que más llamó la atención de los jueces fueron sus contratos en Zurich con Barton Corp, radicada en la isla Grand Cayman y propiedad a su vez de otra offshore, la Kron Corp AVV, de dueños desconocidos, quienes aportaron los fondos frescos para reembolsar un crédito de U$S 20 millones al polémico Clariden Bank, clave en el desembarco de los Saguier al frente del matutino.

Estoy Verde

Lo que también exhibió la revelación de los Pandora Papers es que el delito de guante blanco cada vez se perfecciona más. Ya no alcanza con la pantomima de “conozca a su cliente”, que eximió durante muchos años a los bancos de hacer preguntas incómodas a los más ricos y poderosos de quienes les confiaban sus capitales. Hasta hace unos años, el banco se exponía a pedir menos papeles de los recomendados por la OCDE o la GAFI y después pagaba las multas. Ahora la opacidad exige la complicidad de escribanos y registros de la propiedad de los países donde están los activos. Es decir, no los de Cayman o Bahamas sino los de Londres, París o Buenos Aires, porque las propiedades están ahí.

Esto no implica que muchos argentinos ricos no estén preocupados por el momento en que los Pandora Papers se abran de modo completo, como pasó con las anteriores revelaciones en www.offshoreleaks.icij.org. Dicen que eso ocurriría en noviembre y dispararía nuevas investigaciones de oficio de la AFIP y del Banco Central. Pero el debilitamiento del Frente de Todos en las elecciones y su intento posterior de recomponer relaciones con el establishment puede frenar ese ímpetu.

Por las buenas es poco lo que se logra. Lo supo Miguel Pesce cuando conversó semanas atrás por teléfono con Luis Betnaza, el lobista en jefe de Techint, para pedirle que el holding siderúrgico (controlado desde Luxemburgo y Países Bajos por la familia Rocca) no abusara de la línea automática de venta de dólares para el pago de adelantos de bienes de capital. El Central venía vendiendo esos dólares a las empresas que los pedían sin mediar trámite, para no obstaculizar inversiones en la economía real, pero las compras empezaron a empinarse en los últimos tres meses y directamente volaron en septiembre, de la mano del recrudecimiento de las expectativas de devaluación.

El economista Pedro Martínez Gerber lo mostró nítido en un informe de la consultora PxQ. Aunque en agosto las exportaciones de bienes fueron récord desde que se publica la serie y el saldo comercial registrado por Aduana alcanzó U$S 2.339 millones, el superávit comercial que efectivamente se registró en ingreso de divisas fue de U$S 608 millones. “La diferencia entre las exportaciones devengadas y los cobros por exportaciones fue negativo en U$S 1.287 millones en el mes y el diferencial entre las importaciones y los pagos por importaciones fue positivo en U$S 444 millones”, compara el informe.

Después de las restricciones que impuso (solo vender los dólares a quienes tuvieran las importaciones ya despachadas a plaza local), el Central dio vuelta la cuenta. El jueves compró U$S 70 millones y anteayer otros 100 millones. Así redujo a menos de U$S 50 millones la venta neta del mes. Ventajas de conocer al cliente.


 

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