Ante una situación de emergencia que justifica la orden estatal de suspensión de actividades para evitar la propagación del contagio del Covid-19, es también el Estado quien define su carácter esencial y la habilitación a operar. Una actividad es esencial cuando… el Estado así lo define.

Antes de proponer algunos criterios metodológicos-constitucionales para abordar el problema y así atribuirles a las actividades productivas la tan anhelada esencialidad –y con eso lograr su permiso-, repasemos la cronología de las medidas que se tomaron en el marco de la pandemia.

El 19 de marzo el Presidente de la Nación decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, imponiendo como regla la prohibición de operatoria de actividades laborales y productivas. Esa orden habilitó 24 actividades exceptuadas de la prohibición de circular y aclaró que sus desplazamientos deben limitarse a su estricto cumplimiento. Algunas fueron redactadas de manera tan opaca que posibilitaba una interpretación extremadamente amplia.

Después, el Ejecutivo nacional volvió intervenir y amplió el listado a 10 actividades más. Finalmente, el 3 de abril extendió 8 nuevas labores productivas.

De esta manera, el conjunto de actividades comenzó por categorías elementales del Estado, que comprendió obviamente la salud, y también la seguridad, logística de alimentos y medicamentos e exportaciones impostergables, entre otras.

 

"Se podría agilizar transacciones (fintech) o habilitar el servicio de Justicia para destrabar pagos de sentencias judiciales"

 

En esta nueva etapa se empieza a advertir la apertura a actividades no elementales pero que, manteniendo la prevención sanitaria, tienden a evitar la total paralización de la economía. Entre ellos están la venta de materiales de la construcción, producción forestal y minera, curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, colchones, maquinaria vial y agrícola, e incluso mutuales y cooperativas de crédito.

Esta válvula de escape comienza a liberar parte de la presión que pesa sobre el freno productivo de bienes y servicios.

¿Cómo navegar sin perder el equilibrio?

Posiblemente el gobierno continúe modificando el espectro de actividades esenciales autorizadas, conforme la evolución estadística sobre el COVID-19. Para eso deben darse dos condiciones: a) contar con esos índices estadísticos confiables, y naturalmente utilizarlos, y; b) que la apertura de nuevas actividades -o su eventual recorte- responda científicamente al equilibrio entre la protección de la salud pública y el impulso de la producción.

¿Qué significa la motivación científica para adoptar decisiones y agregar actividades esenciales? La cientificidad presupone un método válidamente aceptado, y no dejarse llevar por sensaciones. Esto es, que haya relación proporcionada entre la actividad a habilitar, su perspectiva de impuso económico y el riesgo que ofrece para la salud pública.

Para eso es elemental el uso de datos empíricos de estadísticas veraces. Vamos un ejemplo. A nadie se le ocurriría hoy permitir la celebración de ferias en eventos multitudinarios aunque eso animara la economía, ya que conllevaría a un altísimo riesgo de contagios.

En cambio, sí se podría habilitar traslados para acompañar el diseño de soluciones para agilizar transacciones (fintech), o incluso el servicio de justicia para destrabar pagos de sentencias judiciales. Recordemos que la seguridad jurídica, el dinamismo en las transacciones y en la solución de conflictos es un soporte fundamental del crecimiento económico.

Podemos pensar tantos otros ejemplos como sectores productivos se puedan imaginar.

Lo importante es que el método para la toma de decisiones tenga base en fundamento científico –datos estadísticos, análisis de riesgos, perspectivas de dinamismo de la economía, entre otros- y no dispare una fanática carrera hacia un aislamiento selectivo donde prevalezca el poder de lobby de cada sector productivo.

Es en esa complementariedad en donde la visión jurídica ingresa para evaluar la coherencia y ponderación de la medida. No olvidemos que incluso en una situación de emergencia la Constitución nacional tiene plena vigencia.

Esto exige cautela en la prevención sanitaria, razonabilidad de las medidas y celeridad en su implementación. Un resorte para el despegue de la economía ante un reloj que no deja de correr.

 

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogado y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.