Marina Dal Poggetto se lo dijo sin vueltas a Sergio Massa cuando rechazó su oferta para ser viceministra. El plan de estabilización para frenar una inercia inflacionaria superior al 70% anual, a su juicio, tiene que incluir sí o sí una devaluación inicial del peso que acomode unos precios relativos totalmente desquiciados, con bienes demasiado caros y servicios demasiado baratos. El ‘second best’ que recomendó Roberto Lavagna y que finalmente consiguió conchabar Massa, Gabriel Rubinstein, coincide en el diagnóstico con la directora de EcoGo. La diferencia es que él sí aceptó copilotear algo que entre íntimos define como apenas “un intento” de evitar esa devaluación a través de un ajuste fiscal y monetario.

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La ventaja del técnico que en diciembre de 2001 proponía públicamente dolarizar la economía y adoptar un sistema bancario offshore (Fuente Página/12 2001) es que tampoco anda con eufemismos. Se los deja a los políticos, como su nuevo jefe. Massa fue tan enfático en su orden al gabinete de salir a desmentir los recortes presupuestarios dispuestos la semana pasada a través de la decisión administrativa 826/22 que Santiago Cafiero, Mercedes Marcó del Pont, Aníbal Fernández y hasta Daniel Filmus terminaron por tropezarse con neologismos como “reordenamiento”, “reasignación”, “repriorización” y “redistribución”. Versos dignos de un poeta como Hernán Lacunza, padre del “reperfilamiento” del ocaso macrista.

La idea es que el ajuste se produzca un poco a caballo de la inflación -el primer corte de agosto le dio 6,8% al INDEC, aunque no descartan que marque 7%- y otro poco a fuerza de pisar pagos, un viejo vicio de la ejecución presupuestaria que entró en desuso con Martín Guzmán y ahora volvió recargado por sus tentadoras potencialidades en plena aceleración de precios. Que no haya anuncio alguno que pueda interpretarse como señal de ajuste del gasto aunque las planillas lo muestren y sus consecuencias se palpen, como ocurrió con las prestaciones médicas para pacientes con discapacidad y el servicio nocturno de colectivos o como ocurrirá con las facturas de luz y gas desde fin de mes.

La falencia que admite Rubinstein puertas adentro es, curiosamente, política. El ministro no terminó de definir un relato para narrar la austeridad y no lo convence el “pragmatismo para sobrevivir” que acuñó con honestidad brutal La Cámpora. Por eso, por ahora, prefiere que cunda la confusión y que lo cubran con maniobras distractivas. Si el alegato del fiscal Diego Luciani ya le había hecho un favor, la batalla de Juncal y Uruguay le vino como anillo al dedo. Por si fuera poco, Máximo Kirchner le entregó ayer su mayor prueba de amor hasta el momento: cuando Roberto Navarro le preguntó por su ajuste, el jefe camporista definió indulgente que “está ordenando el desastre que dejó Guzmán”.  

No es poco pero no habrá más que eso. Cristina Kirchner prefiere que se la vea como auditora y no como garante de la gestión del superministro. Es un rol que le permitirá desmarcarse si el experimento fracasa. Fue parte del pacto entre la accionista mayoritaria y el minoritario cuando un mes atrás decidieron desplazar al CEO, por ponerlo en términos corporativos. Lo cual no impide que Axel Kicillof siga en contacto permanente con Massa ni que sus coroneles como Augusto Costa, Juan Cuattromo o Pablo López también dialoguen a diario (a veces, varias veces en el día) con las segundas líneas de Economía. “A ellos les tocó pilotear una parecida, es lógico que los escuchemos”, reivindicó ante BAE Negocios un hombre clave del equipo.

La caja manda

El programa macroeconómico de Massa, entonces, incluirá todo lo que haga falta para evitar un salto brusco del dólar hasta enero. Mientras tanto seguirá la devaluación por goteo. En verano, si hace falta, admiten que puede llegar el “saltito”. Tal como se anticipó el 5 de agosto en esta columna, fueron Kicillof y el consultor Emmanuel Álvarez Agis quienes convencieron al tigrense en sus primeras horas en el cargo de que un salto del 25% o 30% del dólar en el mercado oficial sería letal tanto para el salario real como para las ya lastimadas chances electorales de cualquier oficialista. Un término de la ecuación de la política económica que no aceptó incorporar Dal Poggetto, extrapartidaria al fin.

 ¿Hará falta más ajuste fiscal y no menos si se procrastina el rebalanceo de precios relativos, como dice la discípula de Miguel Bein y como sostiene Guzmán en encuentros privados con quienes todavía lo lloran en el establishment? Es la pregunta del millón. Por lo pronto, el proyecto de Presupuesto 2023 deberá blanquear en 15 días las partidas presupuestarias donde caerá más pesada la guadaña. El equipo de Rubinstein define contrarreloj el contenido de ese proyecto, sobre una proyección de inflación del 60% (hiperoptimista) y de crecimiento del PBI del 3%, en línea con el que proyecta el FMI.  

Además de la poda por $128 mil millones de la DA 826/22, que se centró en el programa Conectar Igualdad, en el plan Procrear, en la renovación edilicia de jardines de infantes y en los subsidios de tasa para créditos productivos, habrá otra mayor en las próximas semanas mientras se termine de definir el Presupuesto. Eso se sumará a la política de patear los pagos (o meterlos “en la licuadora”, como ya dicen en el quinto piso) por 120 o 180 días.

En el Presupuesto 2023, lo que más prevé recortar Massa son las transferencias discrecionales a las provincias. Es decir, el dinero que la Nación les gira, al margen de la coparticipación, para que ejecuten obras o programas con financiamiento federal. Se restringirá el flujo para todas menos para la provincia de Buenos Aires, estructuralmente dependiente de esos giros y políticamente definitoria para una elección presidencial. Habrá que ver cómo tercia Juan Manzur, que operó varias veces como delegado de los gobernadores en el gabinete. También cómo se acomodan las candidaturas a medida que se acerca la campaña.

La definición parte de un diagnóstico: que en la mayoría de las provincias no faltan pesos sino que sobran. “Hay 20 provincias superavitarias, algo que nunca pasó. Se hicieron superavitarias en la pandemia, con paritarias al 0%. Hay algunas que tienen en caja más de un mes de transferencias discrecionales. Otras que tienen plazos fijos por $ 30.000 millones y que igual nos presionan para que les liberemos partidas”, detallaron ante BAE Negocios las mismas fuentes oficiales.

El semen y la SIMI

La frazada se hace corta por todos los costados y eso complica también la construcción de la épica necesaria para cualquiera de las dos alternativas que ilusionan al peronismo. Tanto el cristinazo que sueñan en Recoleta como el efecto Fernando Henrique Cardoso con el que fantasea Massa requieren adversarios, victorias y alguna gesta, al menos módica. No se gana una elección presidencial ladrándole a la inflación como la CGT en su última marcha.

Lo más cuesta es acomodar la frazada hasta que lleguen el calorcito del Mundial y después el verano. Habrá más planes de financiación subsidiada para el consumo, como los de las TV LED mundialistas, porque en el Banco Central descuentan que el crédito al consumo no repuntará hasta que no se aplaque la inflación. Y eso no será sino después de las elecciones. La cuestión es que aparezcan los dólares para reforzar las reservas, porque si no no habrá bienes que vender en cuotas.

Ese milhojas de escaseces demoró especialmente la definición del “dólar soja”. Ahí se nota lo necesario que puede ser un macroeconomista. Si les abren la ventana a los productores para que liquiden sus granos a $200 por dólar y apuntalen al Central, además de la transferencia de ingresos regresiva que se generaría, por un lado habría más recaudación por retenciones pero por otro habrá que emitir más pesos. Si se suspende la posibilidad de comprar dólar ahorro (le cuesta U$S 200 millones al mes al Central) y la de gastar dólares en el exterior contra las cuentas en pesos con tarjetas de crédito y débito (drena otros 500 millones al mes), se ahorrarían divisas pero también se perdería recaudación. El Tesoro, de acá a fin de año, tendría que ajustar gastos por otros $100.000 millones.

En ese sálvese quien pueda, los forenses contables de Massa apuntan contra el festival de importaciones que denunció Cristina y contra quienes a su juicio lo permitieron desde el Estado, firmando permisos de importación de bienes que los requerían (porque estaban bajo el régimen de licencias no automáticas) y que no eran prioritarios. Dicen que hay empresarios que se vanaglorian de tener SIMIs firmadas por el desplazado secretario de Industria, Ariel Schale, suficientes para importar insumos y piezas durante meses. Uno de ellos, Leandro Iraola, que pasó de fabricar amortiguadores a ensamblar una amplia gama de motos en la planta de Corven en Venado Tuerto, cometió la imprudencia de hacerlo ante allegados de un colaborador de Massa.

Otro amante de los motores que creció muchísimo durante la pandemia, Martín Schwartz, fue denunciado por la propia Aduana por haber importado 144 motocicletas Aprilia al dólar oficial y amparado por la promoción del decreto 81/19 que permite ahorrarse el pago del 35% de arancel si el vehículo se arma localmente. Las motos llegaron armadas. Es el dueño del grupo Simpa, que también ensambla las Royal Enfield en Campana y que nunca vio interrumpido el flujo de motopartes a su fábrica. Según fuentes de la industria, pronto anunciará que también se queda con la licencia local de Harley Davidson.

en algunos casos no solo había SIMIs para todos y todas para importar al dólar oficial sino también vía libre para hacerlo sin siquiera pedir ese permiso. Hasta dos semanas atrás, por ejemplo, la importación de helicópteros, whisky, consolas de videojuego y semen bovino era con licencia automática. Como si en las pampas no hubiera toros viriles capaces de ahorrarle al país, al menos por una temporada, un puñado de dólares y una devaluación que empuje a otro 10% de la población bajo la línea de pobreza.

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Alejandro Bercovich

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