Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses. El impulso a la reforma judicial y la aprobación de la ley de teletrabajo reflejaron esta semana ese intento oficial de despabilarse y recuperar la iniciativa. Desde la intimidad hiperactiva de Olivos, por donde desfilan ministros a horas disparatadas y donde las pantallas de Webex y Zoom tampoco descansan, anticipan que es solo el principio y que se vienen semanas de alto voltaje para el poder.

Edesur, Vicentin y las dos autopistas más transitadas del país prometen ser los terrenos donde se vuelva a probar la potencia del Frente de Todos como herramienta transformadora y la muñeca del Presidente para empuñarla, especialmente sin un peso. Los últimos catalizadores de los tres conflictos fueron públicos: la andanada de protestas contra el servicio que brinda la distribuidora eléctrica, el naufragio del plan Perotti para la acopiadora de granos y el procesamiento de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dujovne por la prórroga hasta 2030 de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste en beneficio de los antiguos socios del grupo Macri.

Lo que se teje en reserva son los consensos necesarios para superar esos choques sin volver a tropezar, como con la fallida expropiación de Vicentin. Después de haber recibido a pedido de Ricardo Alfonsín a enviados del holding español Abertis que desplegaron preventivamente su lobbying ante la embajada ibérica, Gabriel Katopodis terminó de alistar un plan para revertir la escandalosa renegociación de los contratos de las autopistas que firmó Dietrich y que tiene a ese grupo como principal beneficiario. Ya dieron su visto bueno tanto la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini como la Secretaría Legal y Técnica de Vilma Ibarra, lo cual describe tanto el alcance institucional de la decisión como la coincidencia entre tribus internas de que debe ejecutarse.

Solo falta definir quién hará el anuncio, pero todo apunta a la promesa de una nueva licitación de los dos corredores que hoy administran Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y a que mientras tanto los maneje el Estado. El exministro de Economía bonaerense Gerardo Otero, jefe de asesores de Katopodis, es el encargado de evitar que futuros juicios hagan que la decisión le termine costando al fisco más de lo que ya le hicieron perder Dietrich e Iguacel. “No queremos una YPF II”, dicen en voz baja en la cartera de Infraestructura.

A su favor juega un dato: la prórroga fue tan lesiva para los intereses del Estado que hubo tres funcionarios de Vialidad que renunciaron para no firmarla. El exprocurador Carlos Balbín también fue empujado a irse después de haber intentado desbaratar el plan de los contratistas amigos (y de haberse interpuesto también en los planes de Macri para el Correo). Hasta el propio Dujovne se excusó de suscribirla, en una carta que le envió el 8 de mayo de 2018 a Dietrich a través de su secretario legal Ignacio Pérez Cortés. Terminó igualmente procesado en la causa que llevó adelante hasta anteayer el ahora jubilado Rodolfo Canicoba Corral.

Discovery Kids

La causa de las autopistas del curro fue heredada por el juez Julián Ercolini, casualmente también al frente de la investigación penal que procura establecer si los dueños de Vicentin embolsaron créditos millonarios del Banco Nación gracias a sus influencias como donantes senior de la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Ayer, los enviados del fiscal Gerardo Policita que allanaron las oficinas de Vicentin en Reconquista se cruzaron de lejos con los abogados del gobernador y de la intervención que dispuso Fernández, que estaban citados por el juez comercial Fabián Lorenzini para intentar poner en marcha el fideicomiso que incorporara a los acreedores como accionistas y que permitiera el rescate de la empresa.

La reunión en el juzgado comercial terminó en un fracaso estrepitoso. El presidente y el vice de la compañía, Daniel Buyatti y Alberto Macua, se negaron a entregar los derechos de voto de sus acciones al fideicomiso. Tampoco accedieron a correrse de la dirección de la empresa. “Están locos si creen que vamos a agarrar esto. ¡Te designan capitán del barco que se está hundiendo pero no podés tocar el timón!”, le dijo uno de sus abogados a Gabriel Delgado, el interventor que designó Fernández en principio y que jamás llegó a desembarcar en Reconquista.

“Ustedes saben lo que está pasando acá afuera. La noticia mañana no va a ser de derecho comercial, va a ser de derecho penal”, dijo otro de los abogados presentes por el Estado. Aludía, claro, al allanamiento ordenado por Ercolini. Soslayaba adrede, haciéndose el distraído, el que hasta ahora funcionó como principal reaseguro de los Nardelli, los Vicentín, los Nardelli y los Padoan: el blindaje mediático que convirtió a su estafa contra el Banco Nación en un acto simultáneo de patriotismo ruralista y defensa de la propiedad privada.

Lo que sí avanza, en cambio, es el “Discovery” que pidieron los acreedores extranjeros de Vicentin. Es una medida que apunta a descubrir dónde fue a parar el dinero que desapareció de la empresa. Esos acreedores, entre los que se cuentan algunos muy influyentes como el Rabobank y el FMO (Países Bajos) y la Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial, Washington), declararon haber sido víctimas de una estafa internacional de largo alcance. Lo que nadie entiende es por qué se muestran tan pasivos en el concurso local. ¿Lo darán por perdido mientras se mantenga en manos de Lorenzini, por los múltiples lazos que lo atan a Vicentin?

La mordidita

Son discusiones sobre el pasado pero también sobre el futuro. Como las que tienen los CEOs de 24 bancos que se juntan todos los lunes a diagramar cómo será Play Digital, la billetera electrónica que empezaron a desarrollar el Galicia, el Santander y el Francés justo antes de que estallara la pandemia. Un intento de contragolpe contra Marcos Galperín, que se afirmó como administrador de pagos a puro QR y que esquiva las regulaciones que sí están obligados a respetar los bancos.

El avance de los bancos contra Galperín cuenta en principio con la bendición de Miguel Pesce, quien apenas asumió en el Central le hizo saber al dueño de Mercado Libre que no podría seguir evadiendo las obligaciones de quienes brindan servicios financieros. Es algo que Galperín podría adjudicar a la animadversión oficial en su contra -o que alguno de sus fans podría definir como “lo que les molesta de Mercado Libre”- si no fuera porque en el mismísimo Capitolio les acaban de exigir ésas y muchas más explicaciones a los hermanos mayores del Bezos criollo.

Play Digital, además, amenaza con competir contra Mercado Pago con un arma secreta: los pagos entre personas de celular a celular, sin utilizar la CBU. Con tener a alguien agendado en el celular, una vez que funcione, va a ser suficiente para pagar. Pero en la génesis de la plataforma local y las reuniones preparatorias de los lunes empiezan a encender una sospecha. ¿Y si los bancos se están cartelizando para encarar también otros negocios? ¿Y si terminan fijando precios por encima de los de mercado para otros servicios?

Con el caso de Edesur también cunde la desconfianza entre el mundo estatal y el privado. El disparador de las quejas coordinadas de los intendentes, avaladas por Olivos, fueron los cortes de luz masivos en villas y asentamientos, algo mucho dramático para quien no tiene gas, agua corriente ni cloacas que para un usuario de clase media. Y que inmediatamente genera protestas y cortes de autopistas.

El acuerdo marco para el pago de la energía que consumen esos barrios postergados se firmó en 2011. Se suponía que los municipios iban a hacer las obras para llegar a cada barrio y se suponía que la energía la iba a pagar el gobierno provincial en Buenos Aires y el porteño en la Ciudad. Pero ya van dos mandatos completos en los que el pago no llega: el segundo de Daniel Scioli y todo el de María Eugenia Vidal. Para peor, antes de irse, Vidal les endosó la futuras facturas a los municipios.

Por la cuarentena, hubo barrios precarios donde el incremento del consumo fue del 120%. En promedio, el incremento fue del 70%. Y el consumo no es marginal, porque son 81 bocas en provincia y 17 en la Ciudad. ¿Quién corresponde que lo cubra? ¿Hay que revertir una concesión vigente hasta 2087 para conseguir que el servicio se preste? ¿Tiene espalda para encarar también esa pelea el Gobierno? El Presidente, el viernes pasado, le aseguró al CEO de la empresa que no es el derrotero que imagina. Aunque la reunión fue tensa por momentos, lo despidió con su frase de cabecera para propios y extraños: “Quedate tranquilo”.

La economía de guerra que académicos como Jacques Attali recomiendan abrazar para los próximos meses requiere un mando firme. Un comandante estatal para una economía privada catatónica en todo el mundo. El Presidente ya gobernó más tiempo en cuarentena que fuera de ella. Quizá la prolongación del sufrimiento lo empuje a esa conversión.


 

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Alejandro Bercovich

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