Acostumbrada al bajo perfil, en los últimos diez años, le tocó quedar, un tanto de manera fortuita y otro poco por elección, bajo la mirada pública. Casi como una constante, ya sea en el terreno judicial o como parte del Ejecutivo nacional, la abogada Cristina Caamaño se convirtió en la figura preferida del kichnerismo para llevar adelante profundas transformaciones en áreas sensibles, vinculadas a los jueces, las fuerzas de seguridad y el espionaje. En los próximos meses, como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tendrá quizás uno de los desafíos más difíciles de su carrera política: descender a las profundidades de "los sótanos de la democracia" para desarticular el entramado espurio entre la Justicia y los espías.

Su primer contacto directo con el mundo de los agentes secretos fue mucho antes de que el presidente Alberto Fernández la nombrara al frente de la AFI en diciembre pasado. En octubre de 2010, cuando quedó a cargo de la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y todavía miraba con desconfianza al gobierno de Cristina Fernández, Caamaño -por pedido de la jueza Susana Wilma López- le solicitó al entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tener acceso a escuchas en tiempo real, que por aquel momento estaban en manos de la ex SIDE. Sin embargo, todavía estaba muy lejos de imaginar que años después sería la encargada de reestructurar ese organismo, del que todos los mandatarios se nutrieron y que ninguno se atrevió a desarmar, a excepción de un primer intento de la ex jefa de Estado en 2015 y que se frustró con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada.

La muerte de Néstor Kirchner conmocionó a Caamaño, según cuentan quienes la conocen hace tiempo. No tanto por una ligazón política, por el contrario, la fiscal se identificaba desde muy joven con el radicalismo, con especial devoción hacia el ex jefe de Estado Raúl Alfonsín. Las razones trascendían las simpatías o no partidarias, tan sólo cinco días antes el ex mandatario había acercado a la fiscalía un testigo de identidad reservada, que resultó clave para identificar a algunos de los autores del crimen de Ferreyra.

"Es cierto eso que me dijo la Presidenta, el día que la conocí: que la bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor. Evidentemente fue un gran cimbronazo en el gobierno, para que todos se pusieran a disposición de una fiscal totalmente desconocida, ignota, de otro palo. Eso hay que reconocerlo", dijo Caamaño en marzo de 2016 en una entrevista que le concedió al portal Infojus Noticias.

Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, recuerda que a las pocas horas de haberla llamado por teléfono para ponerse al tanto de la causa logró juntarse en un café con ella, quien rápidamente le pidió ayuda para que los militantes del PO -a los que él conocía de cuando militó en ese partido- declararan lo que habían visto.

"Cristina hizo algo que no es muy común por parte de los fiscales, enseguida se puso a disposición de la familia de la víctima y nos otorgó un rol activo en la investigación", apunta Ferreyra, que pronto empezó a visitar de manera asidua a Caamaño en su despacho, que desbordaba de papeles y carpetas y exhibía una foto del líder revolucionario cubano Fidel Castro.

Al contrario de la extrema reserva que mantiene sobre su vida personal, apenas hace saber que es madre y está separada, deja a la vista sus preferencias políticas y posturas ideológicas cada vez que puede -una cuestión muy criticada por muchos dentro del Poder Judicial-, incluso cuando participó del programa de la UBA XXII en la Unidad 16 y en la cárcel de Villa Devoto y en su paso por la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo como docente de Derecho Penal. Lo mismo en cuanto su apoyo a la legalización de aborto o a la decisión de presidir la agrupación Justicia Legítima.

"Justicia Legítima fue demonizada. Cuando empezamos a hablar de falta de transparencia, del poco acceso a la Justicia -siempre promoviendo la independencia- fuimos demonizados", dijo en 2019 en declaraciones radiales la funcionaria, que en más de una oportunidad destacó que "la palabra garantismo debería ser una de las palabras más bellas".

La exposición que le había dado el caso Ferreyra, en especial en cuanto al modo de trabajo, que varios de sus ex colegas describen como "riguroso" y "comprometido", la llevó a dar el salto del Poder Judicial al Ejecutivo nacional. Tras la toma del Parque Indoamericano, en el que dos personas fueron asesinadas por efectivos policiales durante una represión, la Presidenta creó el ministerio de Seguridad, que encabezó Nilda Garré, quien coincidió con Fernández en que la persona indicada para ocupar la secretaría de Seguridad Operativa de esa cartera era Caamaño.

Para ese momento, ya contaba con un posgrado en derecho penal en la Universidad de Salamanca, era parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), del cual hoy integra la junta directiva, y se desempeñaba como docente de Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de la UBA.

Antes de dar el sí, la fiscal buscó el consejo y la aprobación del entonces juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni y de Pablo Ferreyra, en este último caso "por temor a que a la familia le cayera mal que abandonara la causa", según señala el ex legislador porteño. Sin embargo, aún como viceministra de Seguridad, continuó oficiando como puente entre el Poder Judicial y los familiares de Mariano.

En 2013, dejó el ministerio de Seguridad, junto a Garré, y asumió como fiscal nacional de instrucción. Dos años después, fue designada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como directora del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) tras la disolución de la SIDE y la creación de la AFI. Sin saberlo, quedar a cargo de las escuchas judiciales sería más que una prueba de fuego, de algún modo su paso por ahí la llevó a ser la elegida del Presidente para reestructurar el actual sistema de inteligencia.

"Cuando las escuchas estuvieron a mi cargo no hubo ninguna filtración porque había un control muy estricto", señaló Caamaño en declaraciones radiales en 2017, luego de que en algunos medios se difundieron conversaciones privadas entre la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli.

La jefatura de la ex Dirección de Observaciones Judiciales, llamada como "Ojota", -como se le decía a lo que luego fue rebautizado como DICOM- le permitió conocer más de cerca el submundo del espionaje y palpar su estrecho vínculo con el Poder Judicial. A fines de diciembre de 2015, a través del DNU 256/2015, el presidente Mauricio Macri transfirió las escuchas telefónicas a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente traspasó esa responsabilidad a la Cámara Federal porteña.

Recién cuatro años después, con el cambio de gobierno, Caamaño volvió -portando un collar con el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo en su cuello- a verse las caras con agentes "de carrera", pero también con ex militares y comisarios de la Policía Bonaerense y Federal, muchos de los cuales ingresaron con la gestión del macrista Gustavo Arribas y a los que espera sacarse de encima a través del examen que le tomará a los 1400 espías que integran el organismo, una de los primeros anuncios que adoptó apenas llegó a la AFI, al igual que limitar la intervención de esa central de inteligencia en las investigaciones que no estén vinculadas al anti-terrorismo, la prevención frente a ataques informáticos o amenazas al orden constitucional o la paz.

"Cristina nunca dejó de ser Cristina por haberse transformado en la interventora de la AFI", dijo a este diario uno de sus colaboradores en la ex SIDE, que además destaca su perfil detallista en cuanto a lo laboral y personal. Y agrega: "Le interesa que seamos un equipo de trabajo. Presta atención a lo que se hace y a quién lo hace. Es decir, siempre está con la oreja parada".

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