Los años 90 marcaron una oportunidad para plantear, no ya la reformulación de los contratos de servicios públicos sino, antes bien, la generación de una nueva cultura en la materia. El intento se acercó más a un fracaso que a una experiencia positiva.

Por ello, afirmé en "Constitución, Servicios Públicos y Emergencia" de Editorial Ad Hoc), que la utilización abusiva y maniquea de la emergencia en los Servicios Públicos (con leyes prorrogadas prescindiendo de la verificación de los hechos), habían hecho de la misma, una oportunidad perdida.

A la luz de lo explicado, el cese de las continuas prórrogas de las leyes de emergencia, a partir del 11 de diciembre de 2015, no significó va de suyo- que la emergencia existiera o hubiera dejado de existir.

Un análisis retrospectivo de esa poco feliz utilización de la herramienta "emergencia" nos marca como consecuencia una suerte de desviación de los contratos y la prestación de los servicios públicos involucrados, poniendo en crisis un instituto fundamental para el sano y pleno desarrollo del Estado de Derecho.

Esto es, si utilizamos a la emergencia como aquel cuento del pastorcito mentiroso que invocaba la falaz llegada del lobo, el día que debemos utilizarla como un paliativo cierto y preciso, llegamos tarde, o lo que es peor, no nos creen.

Ahora bien, mis críticas de antaño no aplican en la actualidad. Es más, la compleja realidad que actualmente atraviesa nuestro país, transforma en oportuno el planteo de un "régimen de emergencia" en los servicios públicos, en base a obvios extremos fácticos que justifican plenamente su aplicación.

El sano ejercicio de la policía de emergencia "simplemente autoriza a ejercer con mayor energía un poder ya existente" (como bien ponderó la Corte en 1959). Por ello, no debe asustar a ninguno de los sectores involucrados que el Estado cumpla con lógicas facultades inmanentes a su rol, que en absoluto lesionan la "seguridad jurídica".

Lejos de asustarnos, debemos darle la bienvenida a un profundo análisis de los costos operativos de los contratos vigentes cuanto de las "rentabilidades" que generan. Al par de ello, deberá instrumentarse una política que consolide los mecanismos de acceso a la información de los administrados, para generar un marco de plena y democrática participación de los mismos, a tono con lo normado por nuestra Constitución (deuda nunca saldada).

Contar con tan necesaria información, permitirá establecer un mecanismo de ponderación y cuantificación de las tarifas a abonar y en su caso, la viabilidad o no, del reconocimiento de subsidios a los usuarios y/o a las empresas prestatarias del servicio.

Es fundamental que esa información deje de ser una suerte de "entelequia retórica" para transformarse en un instrumento crucial para acceder a un sistema equilibrado.

Una de las grandes deudas del denominado "proceso de privatización de los servicios públicos", es una "externalidad" no resuelta hasta la fecha, como la "asimetría de la información del usuario".

Dicha asimetría se intentó vanamente- corregir a través de la gestión de los entes de control, pero dichos cometidos al respecto, no han sido en absoluto satisfactorios por lo que se justifica con creces la exigencia de mayor información y transparencia en los contratos vigentes.

Por ello, a la luz del avance contractual de las respectivas concesiones, deviene insoslayable el análisis desagregado de todos y cada uno de los costos que deben abonarse. Incluyendo en ese análisis, a no dudarlo, la rentabilidad de las empresas prestatarias y los impuestos que debemos abonar los usuarios.

En efecto, verbigracia en los contratos de Edesur y Edenor, el usuario no solo debe abonar el costo del servicio propiamente dicho, sino también los impuestos atados al mismo.

Esta es otra cuestión que debe ser debidamente debatida, ya que el sensible aumento de las tarifas implicó en paralelo el también sensible (válida es aquí la redundancia) aumento de las gabelas atadas a las mismas.

Esto es, si el aumento de tarifas fue para atenuar el déficit fiscal, sería bueno conocer además de los mayores ingresos de los concesionarios, el destino de los mayores ingresos fiscales que se generaron, se generan y se generarán, a partir de dicha actualización (nuevamente la redundancia amerita tolerancia).

Como vemos, analizar el meneado "costo argentino de los servicios públicos", implica desagregar a todos los ítems que conforman su tarifa, para poder sincerar todas las variantes de los respectivos contratos. Todo ello, antes de plantear el quizás- falso dilema de "dolarización o desdolarización".

Así las cosas, debemos darle la bienvenida al pleno conocimiento de todas estas cuestiones, antes que cualquier tipo de reparo al respecto. La icónica demanda de mayo "el pueblo quiere saber", recupera entonces, la vigencia que nunca debió perder

El futuro inmediato, entonces, nos marcará si esta crisis deviene en una nueva y útil oportunidad, o para pesar de todos- es más de lo mismo.