Asistimos a escala global a un profundo debate sobre los límites del desarrollo económico impuestos por su impacto ambiental. Sin embargo, en algunos lugares de Argentina la discusión permanece estancada por los intentos de prohibir toda iniciativa de plano, sin tener en cuenta el análisis técnico de los proyectos.

Por caso en Chubut, la Unión de Asambleas Ciudadanas presentó en la Legislatura provincial la Iniciativa Popular 129, con el fin específico prohibir que los pueblos tengan el derecho a elegir el desarrollo minero como opción para salir de la pobreza, y muy particularmente los habitantes de la Meseta Central.

No dudamos de la honestidad con que la mayoría de los firmantes se sintieron conmovidos y con la necesidad de apoyar tan digno esfuerzo. El problema central es que la base conceptual se apoya en hipótesis equivocadas tanto desde el punto de vista conceptual, su metodología y su comprobación científica.

La propuesta elevada a la Legislatura deja de lado la consideración relativa al impacto que podrá tener en el comercio externo del país de bienes transables producidos con productos derivados directamente de la minería a saber: baterías, baterías de autos que permitan la transición de los automotores a nafta y gasoil a vehículos eléctricos, teléfonos fijos y celulares, electricidad distribuida por redes, agua potable despachada domiciliariamente, equipamiento médico de diagnóstico, equipamiento médico en general, implantes dentales, maquinas herramientas, automóviles, bicicletas, motos, barcos, productos aeronáuticos, radares, etc.

Decisiones de este calibre no son inocuas y nos preocupa enormemente las consecuencias para la vida diaria de los habitantes de la Provincia, de la Meseta en particular y del país que se verán afectados de manera irreparable a costa no solo de pobreza sino de incapacidad de continuar con numerosas industrias competitivas.

A tal punto es peligrosa la prohibición planteada, que pone en riesgo los núcleos más relevantes científicos tecnológicos, como INVAP, Centro Balseiro, Comisión de Energía Atómica, INTI y otros centros de excelencia de investigación y desarrollo, que produjeron una enorme diferencia en las capacidades científico-tecnológicas de la Argentina.

Dicho esto y volviendo específicamente al proyecto de ley}, reiteramos que parece que el mismo se ha redactado sin tomar en consideración las consecuencias que de su aprobación se derivarían.

En nuestra opinión, los proponentes de este proyecto de ley, desconocen las propiedades químicas de los compuestos que proponen prohibir, desconocen los avances producidos en las últimas décadas en las técnicas de explotación minera y desconocen la importancia central que la actividad minera tiene para asegurar un desarrollo sustentable en vastas regiones del país.

*Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Directorio de Green Cross