Dos frases. En primer lugar, el presidente Alberto Fernández. “Para ellos esto es populismo, para nosotros es dignidad. Para ellos es un abuso de gastos del Estado, para nosotros es una inversión que da mejores condiciones de vida para los argentinos”, dijo al encabezar en el municipio bonaerense de Ensenada, el lanzamiento del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55.000 viviendas, que quedaron abandonadas en 2016, con una inversión de 110.000 millones de pesos. Estuvo secundado por todos los referentes de la coalición gobernante: la vicepresidenta Cristina Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador, Axel Kicillof y su vice, Verónica Magario. La foto en sí lo dijo todo. Hacía meses que el Presidente y su vice no se mostraban juntos y sonrientes en público.

La otra frase. “Son tantas y tan severas las deficiencias del proyecto CD-180/20 que consideramos que el mismo debe ser rechazado en su totalidad, no pudiendo subsanarse sus defectos mediante modificaciones al texto aprobado en el Senado. De avanzar con el proyecto en cuestión las consecuencias desfavorables para la actividad económica y potenciales proyectos de inversión serían sumamente gravosas y difíciles de revertir”. Es un párrafo clave en la carta que el Foro de Convergencia Empresarial (que agrupa a más de 60 cámaras y 25 organizaciones no gubernamentales) envió el viernes pasado a todos los diputados nacionales y se refiere al tratamiento en el Congreso de la ley de modificaciones al Ministerio Público Fiscal.

No son únicamente frases; reflejan miradas irreconciliables de la misma realidad y en las que, seguramente, cada una tiene parcelas de razón. Ocurre tras el fallo de la  Corte Suprema sobre la presencialidad de las clases en CABA. Todo asoma como ocurrió con el conflicto hace días atrás de Vaca Muerta y la renuncia/no renuncia del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, por los aumentos en las tarifas de luz y gas de CABA y GBA, distrito clave para definir resultados en las urnas. Son cuestiones puntuales que visibilizan tensiones que recorren las decisiones del poder desde el inicio del mandato la coalición gobernante y que no se han podido resolver; por el contrario, recrudecen cuanto más cerca esté la contienda electoral. Todo es doblar a 150 kilómetros por hora en la curva en la Argentina.

Energía, Vaca Muerta e inversiones

El conflicto de Vaca Muerta pasó, dejó atrás tres semanas de parálisis en los accesos, pero también mostró que, por primera vez desde 2014/2015 se paralizó la “mina de oro” que tiene la Argentina para seducir al mundo y justamente en un sector donde los acuerdos entre Gobierno/empresarios y gremios fueron siempre enarbolados como ejemplo de diálogo y de potencialidad productiva. Ahora, hay una extensa mancha de duda sobre esa “mina de petróleo” sin pulir. Ni que hablar del conflicto en Energía donde se debilitó al ministro, Martín Guzmán, a quien se lo ratifica desde la Casa Rosada, pero se lo quiere llevar contra las cuerdas en otros sectores de la coalición. Hay una máxima pugilística que aplica en política: de tanto “gancho” al hígado, las piernas aflojan en algún momento.

En el sector privado hay un parate de confianza. Lo refleja el documento del FCE, que coordina Miguel Blanco junto a Juan Vaquer y donde no se agrupan compañías mixtas ni estatales. También coinciden en esa mirada un amplio abanico de otras entidades y empresas. Consideran que el Gobierno prioriza los temas judiciales en una agenda que debería estar dominada por la pandemia y las peocupaciones económicas y sociales. Ven con preocupación que el año pasado, el oficialismo logró modificar leyes como la jubilación de magistrados, los cambios en el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Públic y los juicios por jurados. En la agenda 2021 le apuntan al proyecto de Organización y competencia de la Justicia Federal y la reforma de la ley Orgánica de Ministerio Público, que ya tiene media sanción en el Senado (es decir en territorio de la vicepresidenta) y ahora debe tratarlos Diputados (territorio de Massa, pero también de Máximo Kirchner.)

Desde esta mirada, hay puntos que les permiten sospechar a las compañías más poderosas del país que se busca avanzar sobre la independencia del Ministerio Público. Si fuera así, generaría impunidad en delitos de corrupción, narcotráfico y trata de personas entre otros, pero también en cuestiones económicas, financieras, tributarias, laborales y de fusiones específicas del sector privado. Desde la mirada gubernamental, por el contrario, le otorgaría más transparencia a la Justicia, agilidad y equidad. Es la grieta de la Justicia, pero también de la Argentina cotidiana.

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