"Para recuperar el dinero hay que llenar los Tribunales", amenazaba en enero de 2005 Mauro Sandri, el abogado italiano que se oponía al canje de bonos y representaba a mas de 100.000 bonistas italianos a través del "Comitato Creditori Argentina". La estrategia de Sandri, que llegó a mantener más de de 2500 juicios al mismo tiempo en diferentes cortes internacionales, parece repetirse un quinquenio después por otro abogado que conoce bien a la Argentina: Dennis Hranitzky, el abogado estadounidense que personalmente se subió a la Fragata Libertad para embargarla en octubre de 2012 y que menos de ocho años después reunió este lunes a las 14 horas por webcast al Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina, un grupo de 20 fondos que negocian la deuda con el Gobierno. La posibilidad de que Argentina entre formalmente en cesación de pagos se replica en la corte de la jueza Loretta Preska, magistrada del Distrito Sur de Nueva York, quien recibió la semana pasada otro pedido del fondo Bainbridge Capital, quien le pidio aplicar nuevamente las medidas que en 2014 tomo Thomas Griesa, quien envió a la Argentina a un default parcial por las demandas de los fondos buitres.

"El objetivo del webcast es garantizar que los tenedores de bonos conozcan los hechos relevantes antes de decidir si participan o no en la oferta de canje. Los tenedores de bonos que ya han dado su consentimiento a la oferta, pueden encontrar informativo el webcast para decidir si retirar o no sus consentimientos antes de que la oferta finalice el 8 de mayo", señala el comunicado de prensa del Grupo Ad Hoc.

Los abogados del grupo ya adelantaron que creen que los tenedores de bonos deberían rechazar la oferta actual y es de esperar que en los próximos meses la situación se vuelva mas tensa. Lo cierto es que aunque se definió el 8 de mayo como fecha límite para aceptar la oferta para los acreedores -el 11 de mayo se anunciarían los resultados- la fecha límite real se constituye en el 22 de mayo cuando entraríamos formalmente en default si no se hace el pago de interés de los globales que vencieron la semana anterior. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires podría entrar en default antes porque el 18 de mayo se le cumple el período de gracia del BP28, bono por USD 19 M con legislación extranjera que tenía que pagar intereses el 18 de abril y no lo hizo.

En este contexto entonces, no es raro que Hranitzky haya renunciado después de 13 años al estudio Dechert, para irse con su equipo a otra firma legal, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que es la que asesora a gran parte del Grupo Ad Hoc titulares de bonos. Asi las cosas, es probable que Hranitzky reencuentre en esta nueva firma parte la fama que tuvo en el país cuando embargó la Fragata Libertad en el puerto de Ghana aquel octubre de 2012. En ese momento, Hranitzky era el abogado de Paul Singer, dueño de Elliott Management, que gracias a lo acordado con el gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos, logro obtener beneficios de entre 1868% y 1270%.

Pero al Grupo Ad Hoc de titulares de deuda argentina (que están conformados por Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group y reúnen al 15% de los bonistas) se le suman otros bonistas, como el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos y el Comité de Acreedores de Argentina. Estos tres comités reúnen alrededor del 40 por ciento de los tenedores de deuda divididos entre un 15% de los Ad Hoc tenedores de bonos, integrado por los fondos grandes: Ashmore, BlackRock, Fidelity y otros. En tanto, El Comité -liderado por Greylock Capital- tiene el 10 por ciento. Del Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda. Los asesor tambien Ian Clark, otro experto de reestructuración que estuvo en Buenos Aires antes de la pandemia del Coronavirus para conversar con el Gobierno

Cambiemos, el Colegio Newman y los fondos buitres contra los emergentes

Cuando en 2016, Alfonso Prat-Gay y Luis Caputo cerraron el pago a los fondos buitre y reabrió el ciclo de endeudamiento, poco economistas del macrismo se atrevían a decirle a este economista y multimillonario que ocupara una vez el Ministerio de Finanzas y luego la titularidad del Banco Central que lo que estaba haciendo iba no solo en contra de la Argentina, sino de todos los países emergentes. Caputo es primo del otro Caputo, Nicky, hermano de la vida y exsocio del expresidente Mauricio Macri. Todos ellos -los Caputo, Alfonso Prat-Gay, el mismo Macri- son egresados de un mismo colegio que los argentinos recordarán por mucho tiempo: el Cardenal Newman. 

Pero más allá de sus relaciones de juvenilia, y las tareas del ex J.P. Morgan Adolfo Pray Gay como ministro y el ex Deutsche Bank Luis Caputo, lo cierto es que el desembolso a los fondos buitres no fue bueno ni para propios ni ajenos. Así, las críticas a la gestión de Cambiemos con lo fondos buitres provienen no solo de Carlos Zannini, Procurador del Tesoro de la Nación, sino también de los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), representantes legales de Argentina en EE.UU. desde el 2005 frente a los fondos buitres.

"Los acuerdos avalaron y validaron ganancias extraordinarias para los buitres", afirmó al diario BAE Negocios  uno de los letrados contratados por la Procuración del Tesoro y que envía sus informes vía mail a la sede de Posadas al 1400 . "Pero aún peor fue lo que aceptaron para los holdouts no buitres, los "me too". Eso fue un desastre", sentenció el patrocinador. En rigor, los juristas explican que lo aceptado y festejado por la alianza Cambiemos en 2016 fueron gravosas para el país y el mundo por tres razones:  1)generan mayores incentivos para desplegar conductas holdout y buitre, lo que fomenta la litigiosidad acreedora y demora los procesos de reestructuración.

2) el trato brindado a los diferentes grupos de acreedores: perdieron los holdins (quienes habían aceptado los canjes de 2005 y 2010) y ganaron los holdouts (los que cobraron en 2016) Pero no todos los holdouts, sino  los más agresivos. El mayor beneficiario para los holdouts fue el juez Griesa, que intervino sobre terceros (bonistas e intermediarios) en beneficio de un pequeño grupo de acreedores, a los que además le reconocía derechos de cobro superiores a los de los bonistas reestructurados, a partir de la lectura novedosa de la cláusula"pari passu" y de la decisión extrema de frenar el pago a los que habian acordado en 2005 y 2010.

3) El pago a los buitres terminó por cristalizar un desbalance de poder entre deudores y acreedores, dañando a futuro a todas las naciones que tuvieran que reestructurar sus deuda en Nueva York. 

La presentción ante la jueza Preska

Los hijos de Brady, con inmunidad para la usura

La doctrina de la inmunidad soberana establece que los estados gozan de esta bajo dos formas: la inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Mientras la primera está ligada a la imposibilidad de que un Estado extranjero sea sometido a juicio ante los tribunales de otro, la segunda se define como la imposibilidad de que los activos de un país sean objeto de medidas de ejecución por otro Estado.

Hasta mediados del siglo XX prevaleció una interpretación absoluta de esta doctrina, pero cuando el estado de bienestar empezo a sacudirse, a fines de los años 60, nació la llamada "doctrina restringida", la cual termina con la posibilidad de los Estados de ser inmunes a demandas en el extranjero por cualquier actividad que realicen cuando los gobierno actúen como lo haría un privado y se reconoce solamente cuando actúan en ejercicio de su autoridad pública.

Esta nueva interpretación de la inmunidad soberana se formalizó internacionalmente en la Convención Europea sobre Inmunidad de los Estados que se sancionó en 1972, en la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de Estados Unidos en 1976 y su equivalente en el Reino Unido, la State Immunity Act, aprobada en 1978. Ambas leyes permitieron que desde entonces los Estados y sus entidades públicas fueran considerados legalmente responsables por el incumplimiento de contratos comerciales y susceptibles de ser demandados ante los tribunales extranjeros.

Al amparo de este tipo de leyes y en el marco de los ascensos de los gobiernos neoliberales de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos, los acreedores comenzaron a demandar a los Estados deudores. Ese mecanismo se aceleró a partir del fin de la dictaduras militares en Argentina y latinoamérica con la implementación del plan Brady, surgido como respuesta a la crisis de deuda iniciada en 1982,cuando las dictaduras comenzaron su retirada dejando un tendal de deuda soberana por la insano endeudamiento externo de los países.

La respuesta de los EEUU fue simple: consistió en la titularización de la deuda bancaria de los países en desarrollo, es decir, en la conversión de los préstamos en bonos negociables. Luego del Brady, se transformó el financiamiento soberano y se crearon las condiciones para la proliferación de litigios, ya que la deuda soberana no se obtenía de préstamos bancarios (no habia mas de 10 grandes bancos que prestaran , sino a través de la colocación de bonos en plazas internacionales. Por lo que ahora los prestadores ya no eran un número reducido de entidades bancarias, sino una multiplicidad de bonistas, caracterizados por su heterogeneidad (institucionales de diverso tipo, minoristas, buitres) y su tendencia a la especulación ( a veces compraban para mantener los bonos, otros para arbitrar, o para litigar por el cobro de la totalidad), por lo que lo que hacían era comprar deuda barata en el mercado secundario con descuento ante cada crisis buscando la obtención de ganancias extraordinarias por la vía judicial.

Una estrategia que aun se mantiene y que tuvo, en gran parte de Cambiemos, socios inmejorables. 

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Ernesto Hadida

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