El  Banco Central publicó el Informe de Deuda y Fuga de Capitales del período 2015-19 donde evalúa las características y consecuencias del programa económico del macrismo, que básicamente consistó un combo de desregular las operaciones financieras (entre residentes e “inversores” extranjeros y también liberalizar la compra de dólares por parte de residentes) y mantener altas tasas de interés en pesos como estrategia para frenar la inflación. Un modelo que buscaba sortear la restricción externa al crecimiento que padecen las economías en desarrollo (es decir, la insuficiencia de divisas) y que, como en otras oportunidades, condujo a un ciclo de sobrendeudamiento externo, que en esta ocasión fue récord en volumen y velocidad y además encontró solo a Argentina entre sus participantes en la región.

El informe destaca algunos rasgos centrales. En primer lugar, los capitales que ingresaron tuvieron origen mayoritariamente en colocaciones de deuda (privada y pública: nacional y provincial) y capitales especulativos: aproximadamente unos USD 100.000 millones. En segundo lugar, tal y como viene repitiendo la administración del FdT, el grueso de esos capitales sirvió para financiar la compra de activos externos por parte de residentes: la llamada “fuga de capitales” totalizó USD 86.000 millones en el período. En tercer lugar, destaca que en el momento de reversión de los flujos de capitales –típicos de estos procesos de apertura indiscriminada– el gobierno decidió acudir al FMI, en lugar de regular las operaciones, y eso no solucionó los problemas. La Argentina es “insostenible política y socialmente” sin cepo ni controles de capitales, demuestra.

La economía vivió una primera fase de entrada de capitales entre enero de 2016 y abril de 2018. Sin embargo por su composición y destino, desde entonces ya mostraba señales de alarma. La mentada “lluvia de inversiones” nunca fue tal, dado que sólo el 4,3% de los fondos se dirigía a inversiones productivas. El 80% se concentró en toma de deuda y capitales especulativos, promovidos por las desregulaciones que ya no imponían un plazo mínimo para la permanencia en el país, al tiempo que se ofrecían altos rendimientos en pesos y se permitía a los extranjeros a operar con Lebacs (algo originalmente prohibido por tratarse de opciones de muy corto plazo con fines de esterilización monetaria no de especulación).

En dicha fase, la “fuga de capitales” permanecía en niveles llamativamente altos (USD 41.100 millones se fugaron en épocas de bonanza) y las cuentas externas empeoraban progresivamente. Ninguno de esos factores fue considerado seriamente por el gobierno. Los capitales entraban, en primer lugar, para financiar la fuga; en segundo lugar, para financiar el déficit de la balanza de servicios (especialmente ¡turismo!) y, en tercer lugar, para pagar los intereses del endeudamiento. En una economía que históricamente encuentra en la insuficiencia crónica de divisas uno de sus principales obstáculos al desarrollo, todo aquello tuvo su equivalencia en términos de menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y deterioro en la distribución del ingreso.

 

La fuga de capitales se triplicó en el gobierno macrista, al pasar de USD 8,7 millones en el año 2015 a USD 27.000 millones en 2018 y 2019. No se detuvo en épocas de bonanza y se aceleró con la reversión de los capitales, pasando de un promedio mensual de USD 1.500 a USD 2.500 millones en los meses críticos de inestabilidad cambiaria e inflacionaria en el país. La fuga fue mayoritariamente compra de dólar billete realizada por personas humanas (no jurídicas); no obstante lo cual se detectó una concentración notable (el 10% de las compras totales correspondió a tan solo 10 personas). Con la imposición del último cepo cambiario, la fuga se retrajo a USD 215 millones mensuales.

 

El cepo llegó para quedarse y por el bien de todos. Notable fue su mutación pari passu las prácticas privadas: pasó de USD 2 millones por cliente en diciembre de 2015 a USD 5 millones desde mayo de 2016. El septiembre de dicho año se quitaron los límites. Y en septiembre de 2019 se impuso un electoral tope de USD 10.000 por cliente, para establecerse en el actual tope de USD 200 por persona.

La segunda fase del ciclo de endeudamiento es recordada por todos, ante la reversión del flujo de capitales y el cierre de los mercados financieros internacionales el gobierno decidió acudir al FMI. El riesgo país subió sin cesar, y solamente en Argentina. La inestabilidad cambiaria condujo a una crisis económica sin salida, con aceleración inflacionaria y aumento de la pobreza. Una economía dañada y con una carga de deuda insostenible, equivalente al 88% del PIB (y el 70% de la misma denominada en moneda extranjera).

* Economista del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperción