En octubre de 2020 la AFIP dictó la Resolución General 4838 que estableció un régimen de información de planificaciones fiscales (nacionales e internacionales). Una norma como ésta se justifica por la existencia de un nivel elevado y preocupante de elusión.

Una mirada más amplia del problema nos lleva a poner el ojo sobre al menos cuatro componentes fundamentales del fenómeno, para entender cómo funciona un sistema con mecanismos creados para que ciertas personas y empresas paguen menos impuestos de los que deberían.

1- Evasión, elusión y abuso del derecho

La elusión fiscal es un problema de abuso del derecho: básicamente, se toman instrumentos creados por el Estado con un determinado objetivo y se los utiliza de otra forma, con el fin exclusivo de pagar menos impuestos. Es decir, se distorsiona la aplicación de ciertas herramientas que en otros casos sí podrían utilizarse lícitamente. Ahí reside el abuso y, por ende, la ilicitud.

Por una serie de razones, la discusión sobre este tema se ha distorsionado al punto de desconocer una verdad evidente: la elusión es una forma de evasión. Su particularidad es que se ejecuta de manera tal que se le brinda apariencia de legalidad, pero es solamente eso: una apariencia.

Tener información sobre los regímenes de planificación fiscal sirve, entre otras cosas, para poder determinar cuándo estamos efectivamente frente a una planificación fiscal (lícita) y cuándo en verdad nos encontramos con un caso de evasión a través de elusión (ilícita).

Esto sirve tanto a nivel micro (caso a caso) como a nivel macro, para que la AFIP adecue sus estrategias de fiscalización a las maniobras que se desarrollen en cada momento.

Parece bastante básico plantear que los Estados deben contar con información para poder saber quién es dueño/a de qué. Esto es una condición de posibilidad tanto para la justicia fiscal como para la justicia criminal. Oponerse a esto equivale a mantener un sistema opaco como el que existe actualmente. Un sistema que, evidentemente, es funcional solo a ciertos actores.

2- Daño social

Existen diversas formas en las que podemos medir el daño social que genera el abuso fiscal. Para simplificar, quedémonos con los números. Un informe de 2017 del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas) analizó los ingresos que los países pierden anualmente por evasión y elusión.

Al medir estos montos en relación al PBI de cada Estado, Argentina comparte con otros países el cuarto lugar de la lista, perdiendo el equivalente a un 5,1% de su PBI (más de 24 mil millones de dólares por año).

En un informe de 2020, la organización Tax Justice Network demostró que "el mundo pierde más de 427 mil millones de dólares en impuestos al año a causa del abuso fiscal internacional”. De ese monto, “245 mil millones se pierden debido a que las empresas multinacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que obtuvieron realmente en los países en los que operan y, por tanto, pagan menos impuestos de los que deberían”.

 

3- Impunidad penal

La tercera pata del combo es la impunidad penal de la que han gozado en líneas generales las distintas formas de abuso y fraude fiscal. Al igual que ocurre con otros fenómenos de criminalidad económica, la persecución penal se ha caracterizado a grandes rasgos por su ineficiencia.

En el caso específico de la elusión, nuestros tribunales aún tienen pendiente sentar una clara doctrina estableciendo que se trata de una forma específica de evasión y no de una maniobra lícita como la planificación fiscal. En un caso distinto pero con con algunos puntos en común, la absolución del BBVA por contado con liqui fue una oportunidad desaprovechada para establecer un buen precedente en materia de abuso del derecho por parte de las corporaciones.

Esta impunidad se traslada asimismo a las maniobras de lavado de esos activos. El mejor ejemplo de esto a nivel internacional es la plena vigencia de las guaridas fiscales y del mercado de servicios offshore que gira en torno a ellas. En nuestro país, un dato esperanzador es que la actual conducción de la Unidad de Información Financiera ha asignado un lugar de prioridad en su política criminal al lavado de activos provenientes de delitos económicos como el abuso fiscal.

4- Inmunidad social

Ampliando un poco más la definición anterior, Juan Pegoraro explica que la “delincuencia económica organizada” (que comprende al abuso fiscal) ha establecido lazos sociales que le permite gozar de “impunidad o inmunidad social-penal”. Es decir, vamos un paso más allá de la ausencia de castigos y sanciones adecuadas y de políticas efectivas de reparación del daño social.

Tanto los beneficiarios finales de los esquemas de abuso fiscal como todo el circuito de profesionales que hacen esto posible (los “facilitadores”) gozan de distintos grados de inmunidad social. En algunos ámbitos y con distintas intensidades, hasta se dan el lujo de mantener cierto prestigio.

En síntesis, los distintos esquemas de abuso fiscal implican maniobras ilícitas que generan un enorme daño social, favoreciendo a beneficiarios finales que recurren a abogados/as, contadores/as y otros/as profesionales que funcionan como facilitadores, todos/as ellos/as gozando de impunidad e inmunidad social y penal.

En este contexto, un régimen de información sobre planificaciones fiscales permite -entre otras cosas- separar la paja del trigo, para identificar cuándo efectivamente se trata de una planificación fiscal (lícita) y cuándo en verdad nos encontramos frente a un caso de evasión a través de elusión (ilícita).

Tanto las políticas de justicia fiscal como las de justicia criminal requieren contar con información. No es suficiente, por supuesto, pero es imprescindible.

*Miembro del Comité Directivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica