La demanda de los sectores productivos para el día después de la pandemia apuntan, sin miramientos, a dos objetivos claros: los bancos y la AFIP. "Esta vez los bancos van a tener que poner algo de una vez por todas", le piden al ministro Matías Kulfas, al titular del Banco Central, Miguel Pesce, y a los gobernadores los principales referentes de la industria en el país. Pero también le reclaman al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, un nuevo esquema tributario, orientado a la inversión. Con estos pedidos en agenda, el gabinete económico se reunió ayer en Olivos para empezar a profundizar las medidas post Covid-19 sobre precios, salarios e ingresos, tal como adelantó BAE Negocios el jueves pasado.

Ocurre que la foto productiva es compleja y complicada. Y sin mejores condiciones crediticias, con tasas bajas y con bancos que tomen riesgo (así lo plantean por ejemplo en la Unión Industrial, presidida por Miguel Acevedo,  donde ya trabajan técnicamente en un conjunto de medidas que le quieren acercar la Gobierno) la sustentabilidad de las empresas que sobrevivan al temblor internacional que sacudirá la economía global y generará en el país una caída del PBI del 9,9% según el Fondo Monetario, será imposible mantener las fábricas abiertas y a los empleados con trabajo estable. El nivel de crédito en la Argentina es bajísimo desde mucho antes del coronavirus. Ya en 2018 representaba entre el 15% y el 16% del PBI, en el 2019 cayó al 10% mientras que en Brasil, por ejemplo, esa relación es del 60%. En la UIA aceleran un trabajo en sus equipos técnicos, timoneado por el economista Pablo Dagun.

La otra pata a pulir de manera drástica es la tributaria, según la mirada productiva. Acá no solamente se reclama un perdón fiscal para las operaciones de este año, algo que el propio presidente Alberto Fernández, esbozó pero que, hasta ahora, no llegó formalmente a la letra chica; sino una nueva estructura de tributación que empodere a sectores que puedan liderar el despegue económico. Pero también que contemple a los municipios que ya a esta altura de la pandemia y de la crisis reflejan que los recaudan la mitad de lo que hacían en febrero pasado. Los industriales, una vez más, miran el modelo italiano que, por ejemplo, incentivó los descuentos  impositivos a las pymes y a la industria 4.0. En el caso de la Argentina también debería haber un lugar para el campo pero ocurre que hay muchas tensiones aún no resueltas ni despejadas en la mesa de diálogo con los sectores agropecuarios. No sólo por el caso Vicentin, sino también justamente por las retenciones un tema pendiente anterior a la pandemia que amenaza con volver a latir en cualquier momento.

Conflictos pots pandemia

Las expectativas a futuro muestran contracción. Por ejemplo un reciente sondeo de la UADE remarcó que tanto en junio “continúan en el área de expectativas de contracción” y lo mismo había ocurrido en mayo a pesar de que ese mes comenzó a operar el 85% de la economía en el resto del país, por fuera del AMBA. Ocurre que aún en esos casos, la demanda está desinflada y los sectores que logran flexibilizarse en las provincias tampoco pueden sostener ventas en niveles altos. Las empresas del sector agropecuario y de recursos naturales son las que menos riesgo de cierre y contracción reportan.

De acuerdo con un relevamiento del Observatorio Pyme, que timonea Vicente Donato, y que acaba de salir del horno porque relevó los últimos 15 días de junio; sólo el 4% corre riesgo de cierre mientras que las industrias, comercios y constructoras son las que más riesgo de cierre registran. Incluso ese sondeo midió potenciales conflictos laborales en la post pandemia y en ese aspecto el tablero mostró la misma situación; solo el 15% de las agropecuarias manifestaron eventuales problemas laborales a futuro mientras que el resto de los sectores señalaron situaciones más delicadas.

En cuanto a las regiones, la apertura de algunas actividades en las provincias no mostró señales de mejora en las actividades y en las ventas porque, justamente es la demanda la que no recupera debido a la perdida de trabajo, los menores ingresos o, simplemente el temor e incertidumbre futura. Hay 170.000 empresa de hasta 800 empleados que admitieron que tienen potenciales riesgos laborales a futuro, ya se aporque no podrán mantener los niveles de producción y salarios o porque deberán mutar hacia otros rubros o especialidades para poder sobrevivir.

Del mismo modo, aún aquellas regiones que ya habilitaron casi todos sus rubros no parecen reflejar un crecimiento rotundo en sus niveles de actividad. Si bien la región centro es la que muestra mejor desempeño en plena pandemia, aún hay un 5% de compañías que temen bajar sus persianas y el 24% sospecha que deberá enfrentar conflictos laborales. En el NOA, el 18% tiene miedo de cerrar y un 27% vislumbra potenciales conflictos por la no homologación de acuerdos contractuales. En AMBA, donde la cuarentena se acaba de hacer más estricta y continuará así, como mínimo hasta el 17 de julio, es el 8% de las empresas las que temen cerrar y un 38% consideran que asoman problemas laborales en el horizonte para seguir operando. Todo estos recalca, una vez más que es la demanda la que está desplomada porque viene con esa inercia previamente a la pandemia y en ese aspecto el equipo económico deberá concentrar sus esfuerzos y la  creatividad porque los recursos fiscales se preanuncian escasos.

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