El límite es la propiedad privada. Es el denominador común en los chats, zoom y videoconferencias que se realizan en estas horas en todas las entidades empresariales y directorios de compañías. Al margen de que un sector del campo mira la situación del campo de Entre Ríos de la familia Etchevehere como un trampolín político de quien fue ministro del ex presidente Mauricio Macri, en términos generales todo el abanico empresarial está en alerta naranja porque en 12 de las 24 provincias argentinas tienen conflictos vinculados a la toma de tierras.

En fin, es el efecto cebolla: hay diferentes capas para observar un tema muy profundo para la Argentina. Sin un pronunciamiento específico en torno al derecho a la propiedad privada, la grieta parece destinada a ensancharse brutalmente, casi sin retorno. No en vano tanto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció en defensa de la propiedad privada. También a su modo y con matices propios, lo hizo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien a través del decreto 938/2020 estableció la creación del Programa de Asistencia Crítica y Habitacional que dispondrá de 54 millones de pesos para asistir a “gasto de alojamiento, materiales de construcción, y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional existente”. Está claro que no puede haber otro Guernica, no hay margen para sostener ese costo político.

Esta semana está plagada de reuniones en diferente entidades empresariales en las que se coló la preocupación por el avance en las tomas de tierras en todo el país. El lunes la Comisión de Enlace (que agrupa a la Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro) convocó  con el objetivo de “contener a las bases” y de avanzar en una estrategia de difusión pública que deje en claro que de la suba de precios que se vendrá en alimentos nada tendrán que ver los productores. Este encuentro fue confirmado por el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, quien además remarcó que “tenemos  mucha preocupación por el avance de algunas iniciativas parlamentarias que complicarán la producción”. Por ejemplo, la ley de defensa de fuego, la de humedales (que de acuerdo con las entidades podría dejar entre el 60% y el 70% de la provincia de Corrientes inoperativa y al 40% de Buenos Aires) y las aplicaciones de regulación así como futuros cambios a la ley de bosque.

La Mesa de Enlace difundió un comunicado condenando las usurpaciones porque “violan el contrato y la paz social que púnicamente es sostenible mediante el respeto y acatamiento irrestricto a la Constitución Nacional y las leyes”. También el Foro de Convergencia (FCE) que coordina Miguel Blanco se reunió este miércoles  para debatir los alcances de la Reforma Judicial y el Impuesto a la riqueza pero obviamente la preocupación por los avances sobre la propiedad privada coparon la parada.

El caso Entre Ríos tiene ingredientes propios. La tensión dentro de la familia Etchevehere antecede este momento; data desde los tiempos en que Luis Migue Etchevehere conducía la Sociedad Rural. Pero ahora, reaviva en el sector más duro del campo el 2008. Y, del mismo modo, en el Gobierno, también reactiva aquellas tensiones y enfrentamientos. Tanto los movimientos sociales están dispuestas a salir a la calle como lo están algunos productores agropecuarios.

Por ejemplo para Miguel Saredi, ex fundador de Pampa Sur y candidato a vicegobernador por el Frente Federal “el error es que se invierte plata para tirar en un pozo, urbanizando villas en lugar de incentivar la refundación de regiones”. Esto pone el acento en las partidas presupuestarias que se destinarán para la política habitacional post pandemia, algo de lo que hay muy poco contemplado en el Presupuesto 2021 que comenzó a discutir el Congreso y que fue una promesa de campaña en las elecciones.

Hoy esa histórica deuda argentina donde cada vez es más difícil acceder a la vivienda propia comenzó a estallar en diferentes sectores geográficos y sociales. La concentración poblacional de la Argentina y la distribución de tierras en este extenso territorio está en la génesis del país sin resolución. En la redacción de la Ley de Leyes quedaron muchos incentivos afuera, por ejemplo justamente los que promovería el Frente Agroindustrial para el arraigo de las nuevas generaciones, por eso no se descarta que el equipo económico negocie un préstamos con el Fondo Monetario en torno a los 5.000 millones de dólares que podrían cubrir los recursos que se necesitarían el año próximo y que no saldría del aumento en el nivel de actividad económica.

Por ahora, funcionan las mesas de trabajo en torno a la ley, la mesa de carnes que se reunió este miércoles, la de economías regionales y la de comercio exterior. Este frente empresarial apunta a llevar las exportaciones de los actuales 65.000 millones de dólares a los 100.000 millones de dólares y generar 700.000 puestos de trabajo adicionales. El próximo 4 de noviembre, en principio, hay un reunión agendada de todas las entidades con los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Producción, Matías Kulfas.

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