El Poder Ejecutivo, el pasado viernes 14/02, envió al Congreso un proyecto de ley que intenta modificar, sustancialmente, el régimen especial de Jubilaciones y Pensiones para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos previsto en la ley 24.018 con fundamentos en la gravedad del sistema en cuanto a su sustentabilidad de dicho Régimen. El proyecto pretende también excluir de manera arbitraria e infundada a los empleados judiciales. Desde la U.E.J.N., se desarrolló y se presentó, el pasado martes 18/02, una idea superadora de que se puede avanzar en una propuesta que conjugue el esfuerzo solidario que requiere los tiempos de crisis, sin cercenar los derechos de los trabajadores.

En primer lugar, en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos, prestan servicio junto a los magistrados y funcionarios, los empleados judiciales que conforman más del 80% del personal que reviste funciones en ese poder del estado.

La columna vertebral del Poder Judicial, sin duda, es el personal que lo integra. Las labores que desarrollan sus empleados, la responsabilidad y naturaleza de dichas tareas y la imposición de la dedicación exclusiva al Poder Judicial –se prohíbe la posibilidad de tener otro empleo en forma simultánea, tener un negocio o comercio y ejercer la profesión a discreción-. En este mismo sentido, es de resaltar que, no se refleja en lo cotidiano el trato igualitario en el personal, hoy día solo lo tienen los magistrados y funcionarios, al momento de acceder a su jubilación. Ni qué decir del trato no igualitario respecto a las mujeres, este proyecto fija lineamiento de políticas de género (haciendo patente la diferencia de género), que difícilmente pueden romper ese “techo de cristal”, no solo en temas básicos como es la misma retribución económica por su desempeño, sino también en cuánto a los cargos a los que pueden o no acceder.

Con la inclusión de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Público al régimen de la ley 24.018, este proyecto superador permitirá el ingreso de una importante cantidad de aportes adicionales al sistema, de modo tal de contribuir al financiamiento de las jubilaciones que se pagan en la actualidad, en virtud del mayor aporte que deberán efectuar los empleados.

En la actualidad, en todo el país, prestan servicio un total aproximado de 30.150 agentes dentro de la Justicia Nacional y Federal, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y los Ministerios Publico Fiscal y la de la Defensa,

Por lo que respecta a los empleados que aportan en el Poder Judicial de la Nación, las cifras son las siguientes: 7000 agentes en las categorías de funcionarios públicos, 4223 prosecretarios y 2577 secretarios. También, se estima una cifra aproximada aportantes al régimen especial de mil magistrados en plena actividad. En tanto, los más de 22.500 agentes aportan al régimen general del S.I.P.A. previsto en la ley 24.241.

Como se nota, solo el 20% del total de la planta del Poder Judicial de la Nación es la base activa aportante al sistema previsional de la ley 24.018. De ahí que la propuesta sea incorporar el 80% restante, que representa al universo de empleados, a fin de incrementar sustancialmente la base de aportantes en cuatro veces la actual y de esa manera sanear el déficit actual y darle sostenibilidad propia en el tiempo al régimen especial.

Ello será posible, no solo con el aumento en la base de aportantes, sino también adecuando dos variables fundamentales: la edad jubilatoria -que se elevará de 60 a 65 años-, y el porcentual del aporte, que ascenderá del actual 11% al 15% en todas las categorías, para darle mayor sustentabilidad al sistema especial de jubilaciones.

Es importante señalar la franja etaria de los empleados del Poder Judicial, esta oscila entre los 18 y los 25 años. La mayoría culmina su carrera dentro de la justicia, por tanto, cuenta con una mayor cantidad de aportes –se estiman 40 años- al momento de solicitar el beneficio jubilatorio, excediendo ampliamente incluso los años de haberes exigidos por ley.

Estos datos contrastan con la composición etaria de los nuevos aportantes, que son empleados más jóvenes y serán ellos los que soporten a las nuevas generaciones de pasivos, contando con muchos más años para sanear el déficit y lograr un equilibrio y beneficio para todos.

La situación precedentemente descripta, tiene su correlato en menor escala, pero con idéntico efecto, en los Poderes Judiciales Provinciales que tienen sus cajas transferidas y se encuentran incorporados al régimen de la ley 24.018.

De cristalizarse esta propuesta, el proyecto de la Unión de Empleados de la Justicia estaría fijando lineamientos de inclusión y de nivelación igualitaria de los empleados del Poder Judicial y los Ministerios Públicos en la ley 24.018, constituiría un acto de estricta justicia, ya que, sin duda, podrán acceder a los beneficios de dicha ley, en razón de los mayores aportes efectuados a lo largo de los años, y siempre que cumplan con los requisitos de edad y años de aportes establecidos en la presente ley.

*Abogado Laboralista