El Presupuesto 2021, que Martín Guzmán definió el lunes como "la guía, el compromiso y la columna vertebral del programa macroeconómico", solo contiene una partida para el combate contra la pandemia cuya segunda ola ya se dibuja nítida en el horizonte. Figura como "Acciones de Mitigación de la Pandemia Coronavirus COVID-19" y asigna a la compra de vacunas un monto de 13.697 millones de pesos, exactamente 150 millones de dólares al tipo de cambio oficial mayorista de ayer. Es un presupuesto que ya se consumió totalmente, según los registros del Banco Central, aunque apenas un 5% de la población recibió hasta ahora una dosis.

No es que Alberto Fernández haya decidido ahorrar en vacunas mientras Brasil y Uruguay se ahogan en la segunda ola y hasta Chile, con un 25% de inmunizados, naufraga en las costas de un nuevo confinamiento total. Los fondos para importar los frascos que acepten venderle a la Argentina el puñado de laboratorios que los producen se van a cuadruplicar, tal como pidió la ministra Carla Vizzotti, y la decisión política es que haya más si es necesario. Lo que no queda claro es cómo planea pararse frente al rebrote un Gobierno con la columna vertebral tan arqueada.

Es un desafío sensible en un contexto de campaña, con las PASO más cerca de lo previsto luego de la ratificación judicial del cronograma electoral original. Pero especialmente complejo en medio del deterioro del cuadro social que saltó a la luz esta semana con la desaparición de M, la nena de 7 años que vivía debajo de un puente en Villa Lugano con su madre y que desapareció durante tres días. Una situación en la que, según un censo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a mediados de 2019 sobrevivían 7.251 personas solamente en Buenos Aires, la ciudad más rica del país, con un ingreso por habitante equivalente al de Bélgica. Entre ellos, 871 niños y niñas.

La pandemia catalizó la crisis social y disparó las cifras a niveles inéditos. La cuarentena más estricta obligó el año pasado al Estado a alimentar a 3 millones de personas más que las que dependían de esos subsidios alimentarios cuando terminó de desbarrancar la gestión de Mauricio Macri (8 millones). La reapertura posterior y el rebote en "V" de la construcción y la industria que empezó a insinuarse en noviembre alejaron a muchas familias de esos comedores, pero no a todas. Y ahora, con el aumento de los casos, empieza a repetirse la pregunta ¿y si vuelven?

No fueron solo la tarjeta Alimentar y los millones de kilos de arroz, fideos y harina que repartió Daniel Arroyo. Durante 2020, según datos del propio Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno aceptó incorporar a unos 300 mil nuevos beneficiarios del llamado "salario social complementario", que equivale a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Son cooperativistas y changarines que perciben $10.600 a cambio de prestaciones de tiempo parcial o tareas que despliegan en sus propios barrios, como la recolección de residuos o el reciclado urbano. Un padrón que con Macri se incrementó en 200 mil personas (todo administrado por los movimientos sociales, a quienes Carolina Stanley imaginó como contrapeso político para los intendentes del PJ) y que a inicios de su gobierno, con otros nombres, incluía a 300 mil.

La plata para esos programas sociales sí figura en el Presupuesto. Lo que brilla por su ausencia es todo lo demás. Las tres rondas de Ingreso Federal de Emergencia para las 9 millones de personas que no habrían sobrevivido sin él, los nueve pagos de sueldos privados a través del programa ATP sin los cuales habrían quebrado miles de empresas más y hasta el mísero bono de $5.000 con el cual se pretendió compensar a quienes combatieron la pandemia desde la primera línea. El "gasto COVID", que le sumó el año pasado al Tesoro un déficit equivalente al 3,5% del PBI y que llevó el rojo total a un 6,5%.

De Maia a Kristalina

Obra del lobby sectorial y de las disputas intestinas que consumen la llama votiva de la unidad oficialista, el debate de las últimas semanas sobre la macroeconomía pareció acotarse a la partida de subsidios a los servicios públicos. Pero la definición que tome el Ejecutivo sobre las tarifas de luz y gas, más allá de la pintoresca disputa entre Guzmán y subalternos que le hacen frente como el interventor cristinista del ENARGAS, Federico Bernal, solo implica aumentar o reducir ese déficit en 3 o 4 décimas de punto porcentual. La dimensión del "gasto COVID 2021", en cambio, es el plato fuerte de la discusión con Kristalina Georgieva que encarará el ministro desde el lunes. El elefante en la habitación que nadie menciona, como se dice en inglés.

¿Qué les anticipará hoy Guzmán a los gerentes de fondos de inversión que citó a partir de las 11 en el consulado argentino en Nueva York? Como por protocolo no puede haber tanta gente -pese a que quienes viajan con él están todos vacunados- su equipo privilegió a quienes considera "inversores dedicados". Según los correos y mensajes de Whatsapp que circulaban ayer entre los convidados, son aquellos que "tienen interés en Argentina" y "buscan generar vínculos constructivos y positivos".

No son los únicos: habrá enviados de Monarch, BlackRock y Fintech, el fondo del misterioso magnate mexicano David Martínez. Algunos serán recibidos en grupo y otros mano a mano. También estará Greylock, del financista Hans Humes, un antiguo buitre que jugó a favor del Gobierno en la renegociación de la deuda privada el año pasado y que entró el mes pasado en convocatoria de acreedores. La deriva de los bonos post-canje no lo ayudó, claro. Y aún así apuesta por Guzmán, según un consultor argentino que trabaja con él, porque "si cumple con lo que dijo, tal vez Argentina empieza a ser más razonable". Es casi un ruego: "Toda esta gente necesita creer. Los bonos que tienen en cartera valen 35 centavos y esperaban el doble a esta altura".

Con el Fondo, la discusión va a transitar un carril estrictamente diplomático. Mandatada por un accionista mayoritario como Joe Biden, que acaba de obtener luz verde para gastar 1,9 billones de dólares más (casi cuatro PBI argentinos) para paliar los efectos de la pandemia en Estados Unidos, Georgieva difícilmente pueda argumentar a favor de una austeridad estabilizadora como la que propugnan acá no solo los ajustadores de siempre sino también -vergonzantemente- algunos influyentes economistas heterodoxos. Pero no tendrá empacho en empujar esos recortes si se lo exige el Tesoro. Ya se ha visto con Donald Trump y Christine Lagarde cuando los europeos se resistían a prestarle tanta plata a Macri.

¿Hasta dónde tensará Fernández esa relación? ¿Irá en serio la investigación "criminal" que ordenó sobre los responsables de ese endeudamiento récord? ¿Por qué Felix Crous no se presentó como querellante en la denuncia que hizo desde la Oficina Anticorrupción? ¿Levantarán el secreto bancario para que se sepa quiénes compraron baratos esos dólares que ahora pesan como un yunque sobre la recuperación económica?

Contante y sonante

El filo de la gobernabilidad sobre el que caminan los administradores de la pobreza se mueve al compás de los precios. En ese contexto, y con el equipo económico acorralado por una inflación alimentaria que no baja del 45% anual, el establishment sobreactuó su repudio al monitoreo de stocks que ordenó el Ministerio de Desarrollo Productivo sobre unas mil empresas grandes que fabrican alimentos, materiales de construcción, químicos, electrónicos y muebles. Tres CEOs que deberán informar sus stocks desde abril, consultados para esta columna, le quitaron toda importancia a la nueva norma. "A nosotros nos genera burocracia interna pero no nos cambia demasiado. Ya informamos muchas cosas. En problema son algunas imprecisiones de la norma y que por la modalidad de gestión se complica informar stocks. Pero lo vamos a hacer, no pasa nada. íLo que necesitamos es vender!", dijo uno de ellos.

Por lo general, los menos quejosos son los empresarios que miran el futuro en vez de renegar por el pasado. La fábrica de electrónicos y electrodomésticos BGH, por caso, estará obligada a informar sus stocks por el nuevo régimen. Y aún así, lejos de la advertencia que lanzó Jaime Campos desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), apuesta a triplicar en pocos meses sus 300 empleados abocados a la exportación de servicios en la nube. Son chicos jóvenes que ganan $140 mil pesos. Resultan tan baratos en dólares que las tarifas que cobran no llegan a la tercera parte de las de competidoras estadounidenses.

La dirigencia empresaria se inquieta siempre cuando se pone en juego el control del proceso productivo. Pero haría mejor en dosificar las alarmas. ¿Cómo va a escalar esa indignación si Máximo Kirchner se hace eco otra vez de la sugerencia que hizo el economista serbo-estadounidense Branko Milanovic, esta semana, de cobrar un segundo Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas? ¿No sería una forma de recortar el déficit "sin ser de derecha", como dijo Guzmán en Catamarca? ¿Cómo financiar, si no, el sostenimiento de las actividades económicas que encomió anoche en cadena nacional el Presidente?

En crisis bíblicas como la que atravesamos, los roles suelen trastocarse. El propio FMI acaba de publicar un paper donde advierte que la pandemia podría resultar en un aumento del "poder de mercado" de las grandes empresas y por ende su capacidad de imponer márgenes abusivos en los precios. Acaso la primera vez que admite que la concentración del poder económico reduce la efectividad de las políticas monetarias y fiscales contractivas que siempre recomendó para combatir la inflación. Casi un espaldarazo para el régimen que instauró Matías Kulfas y que enervó a AEA.

Lo curioso es cómo las metamorfosis operan en ambos sentidos. Y ahí aparecen otra vez Guzmán y su equipo, convencidos de que a partir de cierto punto, toda emisión monetaria genera inflación. No es que se hayan hecho monetaristas como Javier Milei. Su tesis es que el dinero que se pone en el bolsillo de familias como la de Maia Beloso va primero al almacén, después al mayorista y de ahí al dólar paralelo. Que ese aumento de la brecha cambiaria, a su vez, presiona al dólar oficial. Y que es eso lo que genera inflación. Un monetarismo eufemístico, casi un rodeo teórico para llegar al mismo lugar.

Es cierto, es lo que pasó en octubre. Pero hay alternativas para evitarlo. Todas exigen audacia y creatividad.

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Alejandro Bercovich

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