Empecinado, otra vez, Mauricio Macri repitió, en la apertura de las sesiones legislativas nacionales, que la eliminación del déficit fiscal es el camino para resolver los problemas económicos más importantes de nuestro país. Específicamente, dijo que "el déficit fiscal es el causal principal de la inflación, y la inflación es el causante de la pobreza y el estancamiento de este país". Él, como sus colaboradores, se refiere a la reducción del déficit fiscal primario (resultado antes del pago de intereses de la deuda). Mantener "cuentas fiscales equilibradas", como propone Macri, desde ya, es saludable para cualquier economía. Sin embargo, anteponer ese objetivo al resto de las variables y suponer que es el origen del fracaso macroeconómico es un disparate y alarma sobre su desconocimiento de lo que ha ocurrido en la economía nacional en las últimas décadas y de lo que sucede en el resto de los países de la región.

Que el país haya conseguido superávit fiscal primario en los dos últimos períodos de la Convertibilidad (en el año 2000 fue de 3.611 millones de pesos (mismo valor en dólares) y en 2001 fue de 477 millones de pesos) no impidió el estallido de la peor crisis de nuestra historia. La pobreza, a pesar de haber tenido las cuentas fiscales equilibradas durante un poco más de una década (entre 1991 y 2001, Argentina registró un superávit fiscal primario equivalente al 0,57% del PBI, de acuerdo al documento "Las cuentas públicas y la crisis de la convertibilidad en argentina", de Mario Damill, Roberto Frenkel y Luciana Juvenal), trepó al año siguiente hasta el 69%, medida con la vara actual del INDEC, según el cálculo de Daniel Schteingart, investigador del Conicet.

La vocación fiscalista implica una transferencia de recursos de los sectores bajos a los grandes grupos de poder económico

Tampoco hay una relación de causalidad entre déficit fiscal e inflación, si observamos lo que ocurre en el resto de las economías del mundo. Y no hay que tomar ejemplos lejanos. Los países de la región, sobre los cuales Macri y sus colaboradores deberían tener suficiente información, tuvieron niveles inflacionarios inferiores al 8% en los últimos años y, en ningún caso, alcanzaron equilibrios fiscales. Por el contrario, del análisis de los últimos tres años (2016, 2017 y 2018), según información recopilada por la CEPAL, todas las economías de la región, excepto Venezuela y Argentina, registraron bajos registros de inflación con elevados déficits fiscales (sin desagregar los pagos por intereses de deuda).

A pesar de la obsesión presidencial por reducir el déficit fiscal, los resultados de su gobierno en la materia han sido muy malos. Según los registros de la CEPAL, en 2015, Argentina había registrado un saldo negativo equivalente al 3,7% de su PBI, en línea con los niveles generales de la región. No obstante, en 2016 y 2017, como resultado fundamentalmente de políticas impositivas contractivas (como la quita de retenciones a las exportaciones, la reducción de aranceles a las importaciones y la eliminación del impuesto a los bienes personales), lo elevó al 5,8% en ambos años y, en 2018, lo redujo apenas hasta el 5,6% con una baja del gasto público y reincorporación de impuestos, como las retenciones y bienes personales. Es un saldo donde ha crecido notablemente la participación del pago de intereses de deuda, como resultado en buena medida de políticas que promovieron el abastecimiento externo y la fuga de capitales, financiados con endeudamiento público.

Más allá de la incompetencia evidenciada por las marchas y contramarchas de las políticas fiscales y del burdo incremento del déficit público cuando dicen que se baja la pobreza disminuyéndolo, lo más preocupante y destructivo son las políticas que se llevan a la práctica encubiertas detrás de una aparente lectura equivocada sobre el funcionamiento de la economía nacional. Quizás la vocación fiscalista que el gobierno pretende mostrar sea sólo una pose, en virtud de desorientar y, en el mientras tanto, seguir aplicando medidas que implican una extraordinaria transferencia de ingresos de los sectores bajos y medios a los grandes grupos de poder económico, como el sector financiero, las empresas energéticas, otros proveedores de servicios públicos y grandes productores agrícolas y mineros.

Si realmente el problema de la baja de la economía, del aumento de la inflación, de la deuda y de la pobreza tuviera un origen fiscal, como repiten desde el oficialismo con un fuerte soporte de economistas opositores de derecha que también proclaman una brusca reducción del gasto público, lo más sensato sería observar lo que hicieron las administraciones de gobiernos de países que consiguieron impulsar el crecimiento. Y no será para nada difícil topar con casos (como el reciente de Portugal, el de Japón, el de Estados Unidos o incluso el de nuestro país después de la mega devaluación de 2002) donde, para dinamizar sus economías, la acción pública fue una importante expansión fiscal con criterios redistributivos y a favor del desarrollo productivo de sus economías, cuidando particularmente no caer en desequilibrios externos, mucho más complicados de financiar. Lamentablemente, es justo lo contrario que nuestro gobierno hace.