Sabemos que los tributos han estado en los orígenes de las sociedades por diferentes fuentes. Curiosamente una de ellas es la literatura. En efecto, Borges, en una de sus clases de literatura inglesa rescatadas en el libro “Borges profesor”, narra un episodio ocurrido en el siglo X en la costa de las tierras que hoy son Inglaterra: Un emisario vikingo, representante de los invasores, interpela al jefe de los sajones a viva voz: "Me envían a ti audaces navegantes, y dicen que están listos a hacer una tregua contigo, que pareces el más poderoso aquí, si les entregas anillos de oro o brazaletes de oro (...). Te ofrecemos paz contra el tributo". La respuesta valerosa y épica por parte de los invadidos, vencidos en esa batalla de todas formas, no se hace esperar: "Te pagaremos un tributo, pero no lo haremos con oro, sino con viejas lanzas y con espadas (...) aquí hay un vasallo que está listo a defender la tierra y que se prepara para el combate".

La imposición, nuevamente, aparece aún antes que los precios tal como los conocemos hoy, y también, mucho antes que exista el capitalismo o los estados nación. Durante los tiempos de conquistas, los extranjeros invasores clamaban por tributos, hoy, las reglas han cambiado, veamos qué nos dice la OCDE.

Directrices

Durante el año pasado la OCDE publicó el documento “Directrices internacionales sobre IVA. Es un documento extenso y tiene como uno de sus objetivos establecer parámetros de imposición para el comercio internacional de productos digitales. Asimismo, en la reciente reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20 uno de los paneles fue dedicado a esta temática.

Hay que señalar que uno de los acuerdos compartidos por los diferentes países respecto al IVA es conocido como principio de destino. Así, el IVA debe gravar el consumo donde este se produce; por lo que las exportaciones están libres del tributo, mientras que el impuesto recae -por el efecto traslación- sobre el comprador de un bien, sea nacional o importado. La regla que se busca es que los servicios transados internacionalmente se graven respetando las normas del país de consumo. Por lo que hay bastante acuerdo sobre la determinación del lugar de imposición para los bienes intangibles.

No obstante, las directrices, buscan sugerir medios y herramientas, con el propósito de servir como “instrumento de referencia”. Así, se parte de la idea de que la falta de un procedimiento normado para aplicar el IVA a las ventas transfronterizas puede generar subimposición y así, causar una pérdida de recursos tributarios, o incluso en ocasiones, generar una doble imposición.

En efecto, las directrices abarcan aspectos como Eficiencia, Certeza y simplicidad; Efectividad y justicia; y Flexibilidad. No obstante, una de las directrices donde se hace más hincapié es en la neutralidad del impuesto. Es decir, que la política tributaria no debe hacer distinciones entre diferentes formas de comercio, ya sea presencial o electrónico, e incluso tampoco dentro del electrónico. Para el caso de la Argentina, tanto un prestador nacional de servicios como uno del exterior, quedan gravados por el IVA en la medida en que la utilización o explotación efectiva del servicio se lleve a cabo en el país.

Llegado este punto se abre la discusión sobre la forma de aplicación del tributo, ya que una de las características habituales de la prestación de servicios digitales es que se realizan sin que intervenga una firma registrada en el país de consumo como contribuyente de IVA. De hecho, nuestra ley de IVA dispone que cuando éstos sean prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, éstos se entenderán, en todos los casos, realizados en el exterior. Por lo tanto, su análisis debe realizarse atendiendo a dos hechos imponibles de acuerdo a la calidad, frente al gravamen, del prestatario local (dado que, como mencionamos antes, la territorialidad en el tributo la sienta su utilización o explotación efectiva).

En efecto, si el prestatario es un sujeto responsable inscripto, encuadra en las previsiones del inciso d) del artículo 1°, en tanto que si no es responsable inscripto, el servicio queda alcanzado por las previsiones del inciso e) del artículo 1°. En el primer caso, el prestatario actúa como “sustituto” del prestador [aunque no olvidemos el régimen de retención que puede aplicarse conforme la RG ( AFIP) 549] en tanto que en el segundo, se cuenta con un régimen de percepción en cabeza, en términos generales, del agrupador [RG ( AFIP) 4240].

Sin embargo, la OCDE recomienda la inscripción en un régimen simplificado para que sean las empresas extranjeras las que ingresen el tributo directamente. Argumentan que la entidad bancaria no tendría forma de conocer si el pago realizado a un proveedor extranjero implica o no un consumo gravado con IVA. Por otro lado, el banco podría retener por un consumo realizado en otra jurisdicción (¿Qué sucede si un argentino alquila un departamento en Madrid por Airbnb? Después de todo el consumo del servicio es en el extranjero). Finalmente, el consumidor podría eludir el impuesto utilizando otro medio de pago.

Resulta interesante señalar que en ocasiones la postura de la OCDE no necesariamente es representativa de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, la “neutralidad impositiva” puede implicar una postura que avala el libre comercio como única alternativa, sin reconocer la necesidad de desarrollos locales. Pero como se ha visto, la aplicación de impuestos a servicios digitales presenta aún muchas ineficiencias, sin que quede claro cómo se beneficia o perjudica a cada actor.

Palabras finales

La experiencia en países de la región, que como la Argentina, ocupan un lugar global más como consumidores de servicios digitales que como proveedores de ellos, pueden servir de ejemplo a seguir. Con avances dispares, Colombia, Costa Rica y Chile han sancionado leyes donde los proveedores extranjeros acceden a registros simplificados debiendo ingresar ellos el impuesto.

En oportunidad de elaborarse el proyecto que luego terminara sancionándose como la Ley N° 27.430, se estudiaron distintas posibilidades en cuanto a este tema y se optó por aquella, hoy vigente, en el entendimiento que debía contarse con una legislación que permitiera, operativamente, su implementación y fiscalización; recordemos, por ejemplo, que ante maniobras por parte del consumidor final para evitar el pago, la propia ley de IVA lo trata como contribuyente y nunca lo desliga de su responsabilidad, quedando en la AFIP la tarea de controlar operaciones no comprendidas en sus listados, por ejemplo. Este es el punto clave.

*Contador Público. Magister en Derecho Tributario (U.AUSTRAL)

**Economista (UBA). Magister en Sociología Económica (UNSAM)