Mientras el equipo económico se consume en internas para definir si la luz y el gas suben el 10, el 20 o el 30%, los concesionarios de las dos autopistas más transitadas del país acaban de reclamarle al Estado aumentar sus peajes un 549% y un 766% en promedio. El Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que administra la traza hasta Luján de la Autopista del Oeste, pidió elevar de $53 a $550 la categoría 2 (autos), mientras que Autopistas del Sol (Ausol) requirió que el pago manual en las cabinas de la Panamericana a la altura de Márquez pase de 45 a 634 pesos.

Está escrito en el Plan Económico Financiero (PEF) que entregaron ambas concesionarias como cierre del ejercicio 2020, durante el cual los peajes se mantuvieron congelados, como casi todas las tarifas, por la pandemia. Pero el aumento no se condice con la inflación acumulada desde la última suba que habilitó Mauricio Macri, como mucho del 100%, ni con el pedido del 30% que ellos mismos hicieron en noviembre. Se explica por la dolarización de los peajes que estableció el Acuerdo Integral de Renegociación (AIR) firmado por Guillermo Dietrich en 2018, que prorrogó sin licitación hasta 2030 ambas concesiones para que sus dueños se cobren de los usuarios la deuda de 748 millones de dólares de la que dicen ser acreedores por las ganancias que les garantizaba la privatización de 1994 y que finalmente no obtuvieron.

Lo curioso es que esa deuda, en solo tres años, ya parece haberse duplicado. Los concesionarios le agregan el 8% anual de interés que Dietrich reconoció para esa deuda en dólares hasta 2030 y llegan a casi U$S 1.100 millones. Luego le añaden el 35% de impuesto a las Ganancias que el exministro de Transporte también les garantizó que cubriría el fisco. Así estiran el total hasta arriba de los U$S 1.500 millones. Ambos son controlados por el grupo español Abertis, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, socio de Macri en Ausol hasta 2017.

El Gobierno no planea convalidar aumento alguno e incluso baraja quitarle las concesiones a Abertis apenas avance la causa penal que cajonea la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la única designada durante la gestión Macri. Pero la decisión se demora y el nuevo reclamo apunta a arrancarle al Estado lo más posible. Algo que en las últimas semanas viene logrando mucha más gente que la que desearía Martín Guzmán, aunque no precisamente la gente que más necesitará esos recursos para capear la segunda ola del virus.

Gananciosos

Con la reforma del impuesto a las Ganancias pasó parecido. El que lloró, mamó. Al proyecto inicial para que dejen de pagarlo quienes cobran menos de $150.000 brutos mensuales primero los gremios consiguieron agregarles una desgravación de los gastos realizados en jardines maternales privados que le costará al fisco 2.000 millones de pesos más. Es un reclamo lógico pero en beneficio de una aristocracia obrera que todavía puede pagarlos. Según la economista feminista Camila Barón, con ese dinero podrían construirse 66 jardines maternales públicos al año. Ahí podrían ir también los hijos e hijas de empleados en negro, desocupados o incluso empleados en blanco que no paguen Ganancias.

Después sorprendió Máximo Kirchner al anunciar un acuerdo con el presidente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti, para que se permita también computar a cuenta de Ganancias todo gasto en "provisión de herramientas educativas para los hijos" y en "pago de cursos de capacitación o especialización" hasta un tope de $5.590 por mes. Así, entre el alivio respecto de lo que paga ahora que ya le concedía el proyecto original y lo que podrá descontar de Ganancias si manda a un hijo al jardín privado o si le compra una tablet nueva, un empleado o empleada que gane $150.000 netos embolsará el equivalente a un IFE por mes desde mayo.

Luego les tocó a las Pymes. Tras un intenso lobby de varias cámaras sobre Sergio Massa y la Jefatura de Gabinete, Guzmán debió conceder esta semana una generosa rebaja para las que ganen menos de 5 millones de pesos al año ($416 mil por mes). Fue al cabo de una reunión tensa donde el ministro arrancó tratando de sostener su proyecto original, que aumentaba esa presión impositiva en vez de bajarla. Lo que iba a compensar el costo fiscal de rebajar Ganancias para los empleados (subir la alícuota máxima al 35% para todo ingreso por encima de 2,6 millones de pesos anuales) terminó enterrado.

La presión que fijaba el proyecto original era alta y el reclamo de las Pymes era lógico, como el del millón de trabajadores que empezó a pagar Ganancias con Macri y antes no lo hacía. La pregunta, una vez más, es si no necesitaba más ese dinero el jardinero o el gasista que desde hoy no pueden usar el transporte público o el mozo que ya no cobrará propina por el cierre de bares y restaurantes. Como dijo ayer Alberto Fernández cuando le preguntaron en Radio Con Vos si volverían el IFE o el ATP, "los recursos no son ilimitados".

Venganzas y legados

La heterodoxia cautelosa de Guzmán en lo fiscal choca por un lado contra la necesidad del Frente de Todos de ganar las elecciones y por otro con las condiciones que le impone el Fondo Monetario. Ayer sufrió una estocada del jefe para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, nacido en Argentina pero criado en México por sus padres exiliados. En un evento paralelo a la Asamblea de Primavera del FMI, desnudó que "todavía hay incertidumbre en las políticas" para un acuerdo, especialmente porque "parece haber diferencias significativas" en el Gobierno.

Guzmán, que nunca habló con Werner porque Kristalina Georgieva designó informalmente a su número dos, Julie Kozak, para negociar con Argentina, le adjudicó las declaraciones a que todavía le duele ese desplazamiento dispuesto por la jefa del Fondo apenas asumió. Pero en su equipo acusaron el impacto de la declaración. "Le dejaron dos escarbadientes y con eso hizo una molotov", dijo uno de los negociadores.

El Presidente ya da por hecho que el acuerdo con el Fondo será recién después de las elecciones, pero Guzmán insistió el fin de semana con la posibilidad de que ocurra en mayo. Ayer hubo intensa rosca por Zoom, mucho más tortuosa que la presencial que solía haber en la calle 19 y Pennsylvania, y seguirá hoy y mañana. "Estamos trabajando para que si la definición política es mayo se pueda llegar técnicamente en mayo. Pero si la definición es después, queremos que lo que hablamos sirva también para cerrar después", abundó ante BAE Negocios otro miembro del equipo.

Resta ver cómo jugará Janet Yellen, la accionista mayoritaria como jefa del Tesoro. Por ahora es una incógnita, aunque sus alusiones al soft power de su país y su apoyo a la reforma impositiva progresiva de Biden encienden algunas velas de esperanza en la Rosada. La semana que viene, Guzmán apuesta los cirios para conmover a la católica Kristalina: buscará una nueva foto con el Papa, todavía no garantizada. ¿Cederá el cardenal Marcelo Sánchez Sorondo, todavía enojado por el aborto legal?

Son solo parches para un declive social y productivo de 45 años que no parece encontrar fondo, al que Macri le sumó una deuda impagable que promete condicionarnos durante otros tantos y que el oficialismo encara de manera errática: un mes después de anunciar una "querella criminal" contra los responsables, ahora busca comprometerlos en un "acuerdo multipartidario" para mostrar un frente unido ante los acreedores. Pero hay otros dos déficits notables respecto de la crisis de veinte años atrás: la formación intelectual de la clase dirigente en general y empresaria en particular y su identificación con el propio país.

Se vio nítidamente en la convocatoria VIP que auspició desde anteanoche el zar inmobiliario Eduardo Elsztain (IRSA) en el lujoso Llao Llao de Bariloche. Relajado tras un veraneo caribeño a bordo del yate de Eduardo Eurnekian, Cristiano Rattazzi volvió a brillar entre drinks en el "winter garden" como referente de los jóvenes herederos del Grupo Argentina Mejor (GAM), una logia de herederos que nació diez años atrás en los recreos de la Universidad Austral. Aunque entre sus fundadores hay apellidos que cubren casi todos los sectores de la economía y se proyectan hacia lo que resta del siglo XXI en los rubros más dinámicos, lo más comentado era la radicación en Uruguay de otros como Marcos Galperín, el más rico de todos según Forbes.

Nadie entre ellos evocó la sombra terrible del barón siderúrgico Roberto Rocca, acaso el último pionero que soñó una plataforma fabril tupida y diversificada para Argentina. Sí convocaron como analista estrella a Andrés Malamud, un politólogo radical de la línea Yacobitti-Nosiglia famoso por los aforismos que distribuye metódicamente vía Twitter. A la luz del verdadero genocidio que vive Brasil por estos días, no parece el análisis más lúcido que el dinero pueda comprar. Uno de esos tuits, del 4 de marzo de 2016, reivindicaba calurosamente al entonces juez y luego ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, a quien el Tribunal Supremo vecino acaba de condenar por parcialidad contra Lula. "En Brasil no hay más corrupción que en Argentina. Hay más Justicia", rezaba.

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Alejandro Bercovich

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